El Expreso de Jujuy
El documento que lleva la firma de la titular de la entidad, Miriam Lewin, analiza "la posible vulneración a la libertad de expresión durante los operativos policiales desplegados en las manifestaciones del 17 y 20 de junio del corriente en la localidad de Purmamarca y la ciudad de San Salvador de Jujuy".
"Persecuciones y agresiones por parte de fuerzas de seguridad provinciales, intimidación con armas de balas de goma, seguimientos y registros fotográficos a cronistas, permanencia de efectivos en camionetas sin identificar en cercanías de trabajadores de prensa, posible uso de inhibidores de señal, detención de periodistas y secuestro de sus teléfonos celulares o cualquier otro elemento de trabajo o comunicación", son algunas de las irregularidades registradas que contradicen la normativa legal nacional e internacional sobre libertad de expresión.
A esos puntos se suma la "negativa al acceso a conferencias de prensa oficiales, además de constituir irregularidades que podrían enmarcarse en violencia institucional contra las personas declarantes, y constituir afectaciones de sus derechos personalísimos".
Es ese sentido, la Defensoría expresa su "fuerte preocupación ante el relato de hechos recabados", "circunstancias que ponen en riesgo el pleno ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la integridad personal y la libertad de expresión".
Entre los testimonios recogidos en el informe se encuentra la declaración del enviado de la Agencia Nacional de Noticias Télam, el camarógrafo Daniel Bello, quien recibió un impacto de bala de goma en el rostro y un perdigón en la mano izquierda mientras cubría la represión policial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial el día 20 de junio.
"A horas del mediodía, relata que ve como retroceden los manifestantes por la acción represiva de la policía que dispara gases lacrimógenos. Aproximadamente a las 12:30, el accionar represivo se intensifica y observa como varios efectivos policiales arrojan piedras con sus manos y con gomeras contra los manifestantes, como también es testigo de la misma conducta por parte de personas civiles" que se encontraban junto a las fuerzas de Seguridad.
El camarógrafo buscó resguardo detrás de un muro donde se encontraban varios colegas apostados: "Allí (...) empezó a sentir ardor y dolor en su rostro, a pesar de lo cual continúa con el registro fílmico de los hechos. Luego se daría cuenta que había recibido una bala de goma en la cara".
Más tarde, según se relata, "un grupo de policías se acercó a los periodistas para arrojarles piedras y balas de goma, situación que los obligó a abandonar el lugar" y que luego "recibe un perdigón en la mano izquierda que sostenía su cámara".
Otros testimonios relatan las dificultades para transmitir en vivo, ya sea en ocasión de la cobertura en la intersección de la Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 52 como en los alrededores del Palacio de Gobierno, por lo que "sospechan de la posible presencia de inhibidores de señal con el objetivo de bloquear o interferir los dispositivos que utilizan el espectro radioeléctrico".
También un trabajador de prensa de Radio Chaski Jujuy denunció que efectivos policiales lo fotografiaron y lo filmaron, para luego apuntarle "directamente a su rostro con armas de balas de goma".
"El martes 20 de junio, luego que fuera dispersada la manifestación de la ciudad de San Salvador de Jujuy, relata que iba caminando con su pareja por la calle José de la Iglesia cuando vieron que dos efectivos policiales los seguían de atrás (...) Aproximadamente a las 18 del mismo día, denuncia la presencia de una camioneta sin patente ni identificación con efectivos de la policía de la Provincia en la cuadra de su domicilio del barrio Belgrano", declaró.
Por otra parte un periodista del diario digital El Submarino Jujuy y un reportero del portal La Izquierda Diario denunciaron que fueron detenidos durante 24 horas en el penal de Alto Comedero durante 24 horas sin aclarar "en ningún momento los motivos de su detención", reteniéndoles sus dispositivos celulares.
El informe aclara que "si bien desde la fiscalía (actuante) se informó a los periodistas que les serían devueltos sus respectivos dispositivos celulares, asegurando que no habían sido peritados", uno de los periodistas "recibió varias alertas de seguridad de Google durante la madrugada del domingo, mientras se encontraba detenido".
También se destaca que el procesamiento penal del cual son objeto algunos trabajadores de prensa implica una multa del valor de 2 millones de pesos y 120 días de trabajos comunitarios por el sólo hecho de estar presente en la manifestación y realizar su cobertura periodística.
"En virtud de ello, con el propósito de colaborar con los organismos competentes en cuestiones como las detalladas, y conteniendo información que puede justificar su intervención, ponemos en su conocimiento el presente a los efectos que estime corresponder", cierra el escrito rubricado por Lewin.
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