Fernando Burgos
Además se dispone en que caso que el infractor sea empleado público del estado provincial, las multas sean descontadas de sus salarios al igual que los beneficiarios de asistencias sociales.
Claramente está dirigido el proyecto para el sector de la educación, quienes son los que mantienen un acampe en inmediaciones del Ministerio de Educación y medidas de fuerzas en todo el ámbito de la provincia.
Según la ley que entró en vigencia el 1° de enero del 2016, en el Art. 35 se estipulaba que “el valor de la multa se determinará en unidades fijas denominadas Unidad de Multa (UM), cada una de las cuales equivaldrá al 10% del salario mínimo vital y móvil, vigente a la fecha de imposición de la sanción”.
A partir de hoy esa multa tendrá un valor del 50% de un salario mínimo, vital y móvil, según lo dispuso la Legislatura, a aprobar el proyecto enviado desde el ejecutivo con la mayoría simple que posee la Unión Cívica Radical.
El proyecto fue presentado por el Diputado Mariano Morone, quién pidió la palabra para formular una moción de apartamiento de reglamento, a los fines de dar ingreso por Secretaría de un proyecto de ley de modificación del Artículo 35 posterior tratamiento sobre tablas.
Una vez que se leyó el proyecto y derecho a discusión alguna, el presidente de la Cámara el diputado Fabian Tejerina, quién reemplazó a Carlos Haquim, llamó a votación y rápidamente aprobó el proyecto, sin siquiera mencionar el número de ley por la cual se modifica el Código Contravencional y levantó la sesión.
La modificatoria quedó redactada de la siguiente mantera:
Art. 1: modifíquese el art. 35 de la ley 5860 código contravencional, el que quedará redactado de la siguiente manera: multa, art. 35. El valor d ela multa se determinará en unidades fijas denominadas Unidades de Multas, cada una de las cuales equivaldrá al 50% del salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de imposición de la sanción. La pena de multa deberá ser abonada en la cuenta bancaria que en el momento habilita con la entrega de comprobante de la autoridad administrativa encargada el control y cumplimiento de la sanción dentro de los cinco días de notificada y firme. En los supuestos que el contraventor sea destinatario de asistencia económica o beneficio de otra índole que sean otorgados de manera directa o indirecta o a través del Estado Nacional, provincial o municipal o perciban remuneraciones por parte de la Administración Pública Provincial o municipal, el juez contravencional quedará facultado a ordenar la efectivización de las multas a través del sistema de detracción, asistencia, beneficios o vulneraciones o mediante otros mecanismos que a tal efecto establezca el Ministerio de Hacienda y finanzas de la provincia . Encontrándose firme la sentencia por parte del juez contravencional, el monto resultante de la misma podrá ejecutarse por vía de apremio”.
Ridícula Comisión investigadora
En la misma Sesión ordinaria, se aprobó la conformación de una Comisión Investigadora para investigar el supuesto “ataque a la legislatura” producido el 20 de junio y donde se rompieron un par de vidrios y se quemó papeles de poca importancia, sin que se produzcan daños al personal que en el momento del ataque estaba prestando labores.
Lo más insólito del proyecto es que se la asignó un presupuesto a la Comisión, sin determinar monto, ni quién lo va a administrar, ni para qué se va a destinar. Legisladores de la oposición denunciaron que dicha Comisión fue creada simplemente para hacerse de recursos para la campaña política.
El proyecto no nació de la iniciativa de algún legislador que haya sido afectado por el “supuesto ataque”, sino que fue remitido por el Poder Ejecutivo quién nuevamente se inmiscuye en la labor de otro órgano del Estado y supuestamente surgió a partir de los hechos violentos ocurridos el 20 de junio contra la Casa de Piedra.
“La Ley tendrá como objeto el análisis, evaluación y esclarecimiento de los hechos y circunstancias del ataque a la Legislatura, el desarrollo de las acciones desplegadas para repeler el ataque por el Gobierno y el desempeño de las fuerzas de seguridad” asegura el proyecto.
Santiago Jubert sin fundamente y hasta balbuceando intentó defender el proyecto impulsado por el gobernador, afirmando que “es responsabilidad de los que conformamos la Cámara averiguar qué pasó, como fue orquestado el agravio que sufrió el pueblo y la Legislatura. Había que traer el proyecto a la Legislatura porque el pueblo gobierna a través de sus representantes, tenemos que saber cómo fue sostenido, trabajado, financiado lo que sucedió. Que el pueblo sepa que esta institución se preocupa por saber qué pasó”.
La Comisión Especial Investigadora estará integrada por nueve diputados que serán designados por el Presidente de la cámara, respetando la pluralidad de representación, y tendrá un presidentes y un vicepresidente. La Comisión tendrá entre sus facultades solicitar a través de su presidente informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas; citar a funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales; emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo y a la Legislatura; y denunciar ante el Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiere constituir ilícito.
Cabe destacar que las sesiones que realice la Comisión serán públicas, salvo aquellas que sean declaradas secretas, y podrán participar, como observadores, quienes estén interesados. Para ello, se habilitarán redes sociales, por las que serán transmitidas en vivo.
Jueces de Control
Durante la 2da Sesión Especial del año, la Cámara de Diputados Provincial aprobó los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para designar a los abogados Roberto Assef y Salvador Ortíz como Jueces de Control en San Salvador.
El diputado Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, explicó que los postulantes aprobaron los concursos de oposición y antecedentes con elevadas puntuaciones. Asimismo, detalló que, en las entrevistas, demostraron cumplir con la idoneidad profesional y personal para desempeñar los cargos.
