"Es de público conocimiento el descontento social generalizado en Jujuy por la reforma parcial de la constitución y el conflicto salarial de larga data que llevó al pueblo en su conjunto a salir a protestar legítimamente. La respuesta del gobierno fue categórica: violencia institucional”, afirmó la diputada nacional Leila Chaer durante la sesión de la Cámara de Diputados.
POLITICA05 de julio de 2023
Fernando Burgos
La legisladora Nacional del Frente de Todos, Leila Chaher solicitó una cuestión de privilegio para exponer sobre la violación a artículos 14, 14 bis y 18 de Nuestra Constitución Nacional y de los Tratados internacionales de Derechos Humanos de idéntico rango por parte del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que a través del uso abusivo de la fuerza pública ejerce violencia institucional vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de la población.
Recalcó la represión perpetrada contra las comunidades originarias en los distintos puntos de la Quebrada y Puna, y en general en las demás ciudades de la provincia, mediante el uso de gases lacrimógenos, balas de goma apuntadas a los rostros y a menos de dos metros e innumerables detenciones ilegales.
Chaher se refirió al Caso de Mijael Lian Lamas “una de las tantas víctimas de la represión de Gerardo Morales en Jujuy, un adolescente de la comunidad de Chalala que perdió la vista porque la policía reprimía con órdenes de disparar y apuntar a los ojos de los manifestantes”.
Explicó que este no fue el único, ya que “hay otro adolescente de la localidad de Humahuaca que fue reprimido y perdió un ojo, como así también dos trabajadores más en la represión del 20 de junio”.
“¿Ustedes creen que la Legislatura de la provincia de Jujuy, la casa donde se construyen las leyes, haya sido centro de detención?”, preguntó y respondió aclarando que la policía detenía a manifestantes en la Casa de Piedra de Jujuy.
Recalcó que tal es la gravedad de lo sucedido que organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitaron al Estado Argentino que se respeten los estándares interamericanos en materia de protesta social y llamó a convocar al diálogo entre todos los actores sociales involucrados.
"Hay innumerables testimonios de camionetas sin patentes dando vueltas por los barrios de la provincia. Hay una docente que denunció que estaba siendo seguida por una camioneta sin patente y entraron a su casa ilegalmente. Camila Múller fue violentada y amenazada de no seguir participando de las marchas de los docentes en Jujuy” aseguró.
En su alocución argumentó que “a confesión de parte, relevo de pruebas, recién el diputado Rizzotti decía que van a hacer lo mismo en el país. Este es el modelo que Juntos por el Cambio quiere implementar en la Argentina”.
La legisladora del Frente de Todos aseguró que “lo que está pasando en Jujuy tiene que conmovernos a todos los argentinos y argentinas, porque la violencia política, institucional y del Estado no puede volver a nuestro país”.
Llamó a la reflexión porque “una circunstancial victoria electoral no avala las atrocidades que están cometiendo, muchos menos que a partir de anoche se desata un nuevo capítulo de persecución y amedrentamiento con más de ciento cincuenta denuncias a los manifestantes que estuvieron pidiendo derechos”.
Finalizó recalcando que no dejaremos que Juntos por el Cambio vuelva a instaurar este modelo en la Argentina, “porque el patrimonio de los violentos nunca más”.
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