Fernando Burgos
La denuncia de la conducción de la CTA-A se concretó mediante una carta al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la "inmediata intervención", al director general, Gilbert Houngbo, "tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga".
Con la firmas de Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría, el texto detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las "peligrosas consecuencias que pueden traer" las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan, con r"epresión, persecuciones, multas e inhabilitaciones".
En la misiva se recordó que Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional y se afirmó que esta modificación de las normas "genera un perjuicio" a quienes intenten "ejercer el más elemental derecho de la ciudadanía", como es el de derecho a la huelga y a la protesta social.
Advirtió además que en la provincia de Jujuy "se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público", siendo la "conflictividad habitual".
La CTA-A ratificó el "acompañamiento al proceso de lucha que se está desarrollando en Jujuy" y adelantó que "hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial", que encabeza Morales.
El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado.
En su artículo 1º el decreto dice que "serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".
