En un juicio impulsado por el Área de Atención Inicial, de la Unidad Fiscal Salta, el Tribunal Oral Federal N°1, condenó a Jorge Navarro y a su hijo Gustavo por los delitos de organización de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Para el primero, la pena impuesta fue de 13 años de prisión, mientras que la de su hijo fue 12 años, a quien también se lo encontró culpable del delito de tenencia de estupefacientes. Ambas condenas, son las más altas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, el que pronto (10 de junio) cumplirá cuatro años de vigencia en Salta y Jujuy.

Esta sentencia, sin embargo, se amplía aún más si se tienen en cuenta las penas impuestas al resto de los integrantes de la organización: Alberto Rojas, José Pereyra, Eugenio Belizan y Héctor Villalbas, cuya situación procesal fue resuelta a través de juicios abreviados.

 Todo se inició con un teléfono

 Tanto en la apertura como en el cierre del juicio de responsabilidad, la fiscal resaltó cómo, a partir de un teléfono celular secuestrado, se logró identificar y desentrañar los complejos movimientos de la organización criminal liderada por los Navarro, oriundos de la ciudad de Tartagal.

En ese orden, destacó el compromiso del equipo de su área de trabajo y la profesionalidad del personal de la Sección de Investigaciones Anti Drogas “Salta” de Gendarmería Nacional, intervinientes en las tareas de campo e inteligencia.

Al referirse a los hechos, dio por acreditado el primero de ellos, descubierto el 20 de octubre de 2021, cuando se registró la detención de Villalbas en un control instalado en la ruta provincial 5, a la altura de la localidad de General Pizarro, distante a unos 270 kilómetros de la capital de Salta.

El acusado conducía una camioneta Toyota, de norte a sur. En la requisa física, los gendarmes descubrieron “un brillo inusual” en los bordes del compartimento de herramientas, en el baúl. Luego, con el control judicial y en presencia de testigos, se retiró el cobertor y se hallaron 79 “ladrillos” de cocaína, con un peso final de 77 kilos con 963 gramos.

En esa oportunidad, el procedimiento parecía destinado a ser resuelto como un hecho de flagrancia, sin embargo, el secuestro de su teléfono celular dentro de la camioneta, cambió todo, pues de la lista de contactos se identificó a un usuario solamente con la letra “G”.

Al tirar de este hilo, se pudo establecer que había mantenido comunicación con Jorge Navarro y su hijo, incluso se pudo determinar, por el impacto en las antenas de telefonía, que mantuvo sendos encuentros con Gustavo dos días antes de ser detenido en las localidades de Hipólito Yrigoyen y Embarcación, lo que sirvió para identificar el rol de cada uno.

Mientras Villalbas hacía de transportista, Gustavo Navarro iba por delante de la ruta, en calidad de “coche puntero” o “barredor”, cuya función era la de avisar al vehículo cargado con la droga sobre los controles de fuerzas de seguridad, prueba de ello, la fiscal citó un mensaje enviado por el hijo del jefe al conductor: “lindo primo”, en señal de que la ruta estaba despejada.

Al día siguiente, esta clase de mensajes se repitieron por un tramo, para luego decirle al chofer “tomese una cerveza”, en alusión a un control, en el que fue finalmente detenido el conductor. En esa jornada, después del procedimiento, Gustavo Navarro realizó 15 llamadas al transportista.

Estos movimientos, según lo explicado por la fiscalía, integrada también por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se repitieron el 19 de mayo del 2022, cuando se desarticuló a toda la organización, la que ya se tenía identificada a partir de las tareas de campo e intervenciones telefónicas.

En esa fecha, los Navarro llevaban adelante otro transporte importante de droga, el que fue desactivado nuevamente en la ruta 5, esta vez a la altura de la localidad de Luis Burela, ubicada a continuación de General Pizarro, más al sur de la provincia.

Para este transporte, se repitió el tipo de vehículo utilizado: una camioneta Toyota, en esta ocasión conducida por Pereyra, a quien los Navarro convocaron para tal función en febrero de ese año, fecha en que se le había otorgado la libertad condicional por la pena impuesta en Santiago del Estero.

Como soporte en materia de vigilancia y despeje de la ruta, fueron contratados Rojas, otro ex convicto por narcotráfico y Belizan, quienes ejecutaron sus roles a través de mensajes encriptados, los que se cortaron tras la detención de Pereyra en un control instalado para interceptar el transporte.

Al revisar la camioneta, los gendarmes hallaron la droga oculta en el piso de la caja y el sector lateral que da a la cabina, de donde se extrajeron 66 paquetes de cocaína, con un peso final de 65 kilos con 774 gramos, lo que motivó la detención de Pereyra.

Inmediatamente se registró la detención Jorge Navarro y su hijo, en sus respectivas viviendas, en Tartagal. En dichos procedimientos, se incautaron otros tres kilos de cocaína en la casa de Gustavo, lo que llevó a la fiscalía a imputarle, en carácter de concurso real, el delito de tenencia de estupefacientes.

Posteriormente, el 26 de julio de 2022, Rojas fue detenido, cuando transitaba por las calles Araoz, entre España y San Martin, en Tartagal, a bordo de una camioneta Toyota. En tanto que Belizan, cayó dos meses después, el 8 de septiembre.

 Modus operandi

 Al fundar la responsabilidad penal de los acusados, la fiscal resaltó el rol de cada uno de los imputados, como así también la función que tuvo Jorge Navarro como director de ambos hechos de transporte, los que superan por poco los 143 kilos de cocaína.

Indicó que, en ambos casos, el principal acusado permaneció en su casa, mientras que su hijo llevó adelante el monitoreo de los envíos, ya sea a través de encuentros o llamados telefónicos con los transportistas y con los encargados de realizar el barrido de la ruta.

Respecto a este rol, de organizadores, la fiscal citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, la que ha dicho que “organizar” se trata de armar una “estructura funcional que facilita la comisión de los delitos de los artículos 5 y 6 de la ley 23.737”.

Fin que se logra “proveyendo los medios necesarios a ese fin -tráfico, entrega o suministro de estupefacientes-, personas, instrumentos, movilidad y dinero, de modo de obtener un mecanismo más o menos eficiente dirigido al logro de la finalidad propuesta, sin importar el número de personas, ni la determinación o diferencia de funciones, pues basta el mínimo entendimiento y coordinación”.

En tal sentido, remarcó que los Navarro crearon “una estructura” que le fue funcional para poder cumplir con ambos hechos, para lo cual asignaron los roles del caso a sus “dirigidos”. Indicó que, de la prueba producida en el debate, se acreditó que padre e hijo “contactaban a los proveedores del estupefaciente y consiguieron los vehículos para ambos transportes”.

Entre los mayores obstáculos enfrentados en materia probatoria, resaltó el “sistemático cambio y descartes de líneas telefónicas” y de celulares. En ese marco, explicó que padre e hijo utilizaron hasta seis líneas distintas, cada una de ellas registradas a nombre de familiares o amigos, siempre con la intención de evitar ser captados.

No obstante, la fiscalía pudo establecer que “la droga se acondicionaba en Campo Durán, distante a 22 km de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, donde la droga era adquirida, para luego trasladarla al sur del país”. 

Asimismo, y del análisis de impacto de los teléfonos de los acusados en las antenas, como así también de los mensajes y llamadas, la fiscal describió el itinerario usado, el que se sostenía sobre rutas provinciales. “Partían de Campo Duran o de Tartagal hasta el cruce con la ruta 81 y de allí hasta la 53, para llegar a Embarcación, trayecto con el cual evitaban el control de Gendarmería Nacional, ubicado en Senda Hachada, en la ruta nacional 34.

Luego iban por la ruta 5 hasta Las Lajitas, en el sur de la provincia. Desde esa localidad abordaban la ruta 30 hasta el cruce con la ruta nacional 16, para de esta manera acceder a la localidad de Joaquín V. González. “Este trayecto incluye 130 kilómetros extras, los que se recorrían con el solo objetivo de evadir los controles de gendarmería”, afirmó.

Otros de los aspectos salientes del caso expuesto, giró en torno a la capacidad de adaptación puesta de manifiesto por los Navarro al enterarse de que estaban siendo investigados, lo que surgió a partir de alertas que recibieron de parientes que estaban atentos al movimiento de vehículos desconocidos por la vivienda, especialmente, de Jorge y Gustavo Navarro.

Al respecto, mencionó, entre otros mensajes, uno recibido por el padre, en el que le informaron “este teléfono igual que vos más pinchado que la m…”. Pese a ello, los acusados no frenaron su accionar, sino que se recomendó a los otros secuaces que tomaron mayores precauciones. Como consecuencia, Pereyra descartó su teléfono y, para realizar el transporte, utilizó el de su esposa.

También se acreditó el movimiento de dinero realizado por Jorge Navarro, quien, a través de mensajes, indicó a los otros acusados detalles de las transferencias, lo que completó con una descripción de compra y venta de vehículos realizadas por el principal acusado y su hijo.

Por último, y en referencia al bien jurídicamente protegido, la fiscalía indicó que, del total de 146,737 kilos de droga secuestrada, incluida la hallada en la casa de Gustavo Navarro, se pueden extraer 1.112.331 dosis, lo que representa un grave daño que, como es sabido, afecta directamente a toda la sociedad.

En función de ello, solicitó que todos los acusados sean declarados penalmente responsables, lo que fue admitido por el tribunal, el que prácticamente se hizo eco de todos los argumentos esgrimidos por la fiscalía, lo que también sucedió al momento de establecer las penas finalmente impuestas.