Estos capacitadores fueron trasladados desde Educación no formal a la Coordinación de Planes Sociales (SUCEPPI), razón por la cual mantienen una permanente lucha con reclamos en casa de gobierno y marcha todos los días viernes.

En ese reclamo solicitan la derogación de dicho decreto y ser reconocidos como docentes y tener una remuneración acorde a las funciones que desempeñan. Señalan que la gran mayoría trabaja frente a los alumnos y el pago que reciben es irrisorio.

Algunos de los capacitadores tienen varios años de servicios y en otros casos ya están a punto de acogerse al sistema de jubilación y al no tener la continuidad laboral, peligra su jubilación.

Recordemos que la mayoría trabajaba bajo el régimen de educación no formal y por una decisión del gobierno provincial se la pasó a la SUCEPPI.

 Recurso de amparo

Ayer se presentó un recurso de amparo ante el juzgado contencioso administrativo, debido a que la cautelar presentada meses atrás fue rechazado.

María Polo, una de las referentes del grupo de capacitadoras autoconvocados, sostuvo que “desde el año pasado que tomamos la iniciativa para presentar una medida cautelar para que quede sin vigencia el Decreto del ejecutivo, porque nos perjudica, además no tiene lineamiento, normativa y no es especifico como el Decreto 5267 que teníamos en Educación y nos amparaba sin discriminar. Ahora nos vemos en la obligación de presentar este recurso de amparo para tratar de llegar a una solución respecto a nuestra situación” afirmó.

Además recalcó que “con la SUCEPPI no tenemos una estabilidad laboral, y reclamamos precisamente esa situación. Pedimos que no nos quiten el trabajo, yo tengo 13 años de antigüedad, otras 18, 20 y 25 y están a punto de jubilarse y no es posible que nos tratan de esta manera”.