Fernando Burgos
La intervención del gremio fue decidida tras declararse nulas las elecciones del pasado 5 de septiembre, donde también se detectó una serie de irregularidades por parte de la entonces Comisión Directiva presidida por Jorge Montero y por la Junta electoral.
Es por esa razón que las listas que no pudieron participar de este acto eleccionario, pese a una orden del propio Ministerio de Trabajo, realizaron distintas impugnaciones y denuncias, inclusive viajaron a Buenos Aires para poner en conocimiento de las autoridades nacionales de esta difícil situación que atraviesa la docencia jujeña.
Hace pocos días atrás se conoció una nueva reunión del órgano Ministerial donde se determinó la nulidad de las elecciones y la intervención, a partir de la designación de un delegado normalizador.
Según se destaca en el Decreto de nombramiento, “La Delegada Normalizadora tendrá facultados administrativas y ejecutivas de los órganos de conducción de la entidad. En ejercicio de dichas facultades deberá presentar ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, informe detallado del estado económico-financiero de la entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo”.
Además, según el decreto de nombramiento, deberá proceder a regularizar la situación institucional de la entidad convocando a elecciones en el plazo de noventa días, desde su asunción en el cargo “debiendo para ello presentes ante la dirección antes citada un cronograma electoral”.
