Colapso en Bolivia: DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y OPOSITORES POR LA FECHA DEL CENSO QUEDÓ TRUNCO  

La interrupción del diálogo el mismo día en que había comenzado, llegó anoche al cabo de una tercera reunión fallida y horas después de que una persona muriera en enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores en la región de Santa Cruz.

En la última reunión, autoridades y dirigentes del oriental departamento de Santa Cruz ratificaron su exigencia de que el censo nacional se realice en 2023, para actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe.

Por el contrario, el Gobierno del presidente Luis Arce, que se inclina por hacer el censo en 2024, expresó que la fecha debería ser resultado de un análisis entre comisiones técnicas de ambos sectores, dijo luego del encuentro la ministra de Presidencia, María Nela Prada.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y un comité de dirigentes cívicos y empresariales de esa región que impulsa la realización del censo en 2023 abandonaron la mesa de diálogo en señal de protesta.

El diálogo quedó trunco y sin fecha de posible reanudación horas después de que un hombre muriera en enfrentamientos con piedras, palos y explosivos entre opositores y oficialistas en Santa Cruz al inicio de una huelga para exigir un censo en 2023.

La violencia ocurrió en Puerto Quijarro, una ciudad fronteriza con Brasil de unos 20.000 habitantes, y la víctima fue identificada como Pablo Taborga, un hombre de 47 años que fue a manifestarse contra el paro.

Su mujer dijo que el hombre fue muerto a palazos. “Estábamos con mis compañeros y mi esposo estaba con nosotros, ellos empezaron a atacarnos", dijo la mujer al portal Ancestro Noticias.

"Los del comité cívico dijeron que iban a bloquear pacíficamente, pero ellos llegaron con bombas caseras y palos y presencié el momento en el que golpearon a mi esposo a palazos”, prosiguió.

“Pido justicia, que no quede impune la muerte de mi esposo”, dijo la mujer, que contó que su esposo era mecánico y soldador y padre de cuatro hijos.

Arce pidió que se investiguen los hechos y "sancionar a los responsables".

"Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro", dijo el presidente de izquierda.

El comité de Santa Cruz, en el que participan representantes sociales y empresariales, convocó hace dos semanas una serie de protestas para exigir al gobierno que realice un censo de población el próximo año.

Estos sectores consideran que están subrepresentados legislativamente y que reciben menos fondos del Gobierno central de lo que le corresponde.

La representación en el Congreso y la partida presupuestal del estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población, por eso Santa Cruz, el más poblado del país, quiere actualizar el censo. El último se hizo hace más de diez años.

Las calles de la ciudad de Santa Cruz, de casi 2 millones de habitantes y capital de la región homónima, amanecieron ayer vacías, con cruces bloqueados con piedras, palos, llantas de goma y banderas regionales albiverdes, en señal de adhesión al paro.

Si bien en el centro no hubo incidentes, en algunos barrios de la periferia se reportaron choques callejeros entre vecinos opositores y oficialistas.

Camacho alegó que el oficialismo trasladó a personas de otras regiones del país para contrarrestar las protestas opositoras.

Tras los incidentes, las oficinas en La Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) emitieron comunicados para lamentar lo ocurrido.

La ONU-Bolivia "lamenta la pérdida de una vida humana y exhorta a los actores políticos y sociales a evitar escenarios de confrontación y violencia", mientras la UE deploró "la pérdida de una vida" y pidió "encontrar escenarios de reencuentro entre bolivianos".

Este es el primer conflicto social de envergadura que enfrenta Arce desde que asumió el cargo hace dos años.

Los últimos enfrentamientos violentos se registraron en Bolivia a fines de 2019, cuando opositores de derecha denunciaron que el entonces presidente, el izquierdista Evo Morales, había cometido fraude en las elecciones.

Enfrentamientos entre seguidores y detractores del líder indígena en las calles dejaron 39 muertos, según la CIDH.

Presionado por la cúpula militar y enfrentado a una rebelión policial apoyada por Camacho, Morales se vio obligado a renunciar y a huir del país.

El Golpe de Estado se completó con la asunción ilegal como presidenta de la hasta entonces vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez.

Elecciones celebradas en octubre de 2020 dieron la victoria a Arce, delfín de Morales, del partido Movimiento Al Socialismo.

Arce fue detenida en marzo de 2021, y en junio pasado fue condenada a diez años de prisión por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes" cuando asumió el poder en 2019. (Télam)