Denunciaron penalmente en la justicia federal a funcionarios de seguridad de la provincia, un fiscal y un juez y al jefe de policía por escuchas ilegales y espionaje. La denuncia se desprende de la imputación que se le hizo a dirigentes de organizaciones sociales donde queda claro esta actividad ilegal que se lleva a cabo con el amparo de la justicia provincial.
JUDICIALES29 de septiembre de 2022
Fernando Burgos
Los denunciados son: Luis Martín, Ministro de Seguridad; Hector Herbas Mejías, jefe de la Policíade la provincia; comisario general Marcelo Rodriguez, titular de la Agencia de Delitos Complejos; Diego Funes, de la Unidad Fiscal Especializada en delitos económicos y de la administración pública y el dr. Rodolfo Miguel Fernandez, titular del Juzgado en lo penal y Delitos contra la Administración Pública.
Fue presentada en horas de la mañana por el doctora Gabriela Diana Carpireti directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación y estubo a cargo de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos.
"Presentamos una denuncia con competencia federal, contra funcionarios de la provincia todos vinculados con la actividad de seguridad y policial por violar dos leyes fundamentales de la vida democrática, que rigen en esta provincia colo en todo el territorio nacional, que son las leyes de inteligencia y de seguridad interior.
En la denuncia detallamos hechos y pruebas y solicitamos que la justicia federal comiencen a investigar" expresó la letrada en conferencia de prensa.
"Esperamos que en los próximos días la investigación avance, porque entendemos que es fundamental recuperar la vida democrática. En esta provincia hay buena absoluta alteración de las garantías Constitucionales" recalcó.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, se encuentra por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial. En esta oportunidad, estuvieron en San Salvador, San Pedro y Tilcara.
“Estuvimos tres días relevando denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en territorio. Recibimos a más de 70 personas. Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del poder judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó José Luis Fuentes, abogado de la Comisión.
Por su parte, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, contó que “el sistema de hostigamiento del gobierno de Morales no es solo contra los dirigentes sino con todos los trabajadores de la economía popular que se organizan. Los siguen en vehículos particulares, los vigilan en sus barrios, preguntan a los mismos vecinos de qué trabajan, para que decidan no organizarse. Cada movilización, cada acción de expresión en el espacio público, sabemos que tenemos infiltrados que nos están vigilando”.
En su anterior visita en el mes de Julio, la Comisión elaboró un informe donde se detallan 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial.
"Es muy importante que podamos convivir los que pensamos diferentes y si no podemos convivir estamos en riesgo todos.
La obligación de garantizar la convivencia entre los que pensamos diferentes es de quienes detentan el poder político,y en particular quienes ejercen cargos políticos en la órbita ejecutiva" sostuvo la dra. Carpireti.
Considero además que "Infiltrar, allanar e imputar a ciudadanos por pertenencia política consolida un esquema antidemocratico y esto es lo que estamos viviendo y denunciando".
Finalmente sostuvo que "en esta provincia hay funcionarios provinciales fiscales y en todo el ejecutivo que cuando se encuentran con personas que piensan diferentes, tienen una estrategia de aniquilamiento y para eso montaron una empresa ilegal de espionaje.
Hiy le pasa a miembros de organizaciones sociales, pero mañana te puede pasar a vos, aunque no pertenezcas a ninguna organización".
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El Defensor General de la Provincia de Entre Rios, Dr. Maximiliano Benítez, considero que se debe trabajar en una nueva ley penal de niño o niña adolescente y que bajar la edad de imputabilidad no es lo más adecuado.
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