Integrantes de la comunidad indígena Tilquiza de Jujuy junto a referentes del Pueblo Ocloya y representantes de distintos organismos de derechos humanos repudiaron hoy la "violación sistemática de derechos" en la provincia y la "violencia institucional" perpetrada en el desalojo de una protesta que se realizó el miércoles pasado por el bloqueo de un camino ancestral.
JUJUY16 de septiembre de 2022
El Expreso de Jujuy
El despliegue represivo, a cargo de la Policía de Jujuy y denunciado como "desmedido", se registró el miércoles pasado cuando integrantes de la comunidad del Pueblo Ocloya se manifestaban tras ser obstaculizado, con aval judicial, el único camino hacia sus tierras, ubicadas a 17 kilómetros de la capital jujeña.
Los referentes señalaron que tras las nueve detenciones de manifestantes durante ese desalojo, que luego fueron liberados, se sumaron imputaciones, por lo que pidieron la intervención de organismos nacionales.
"Queremos que esté garantizado el libre tránsito por nuestro camino ancestral y se retrotraigan esta imputaciones improcedentes", expresó en el marco de una conferencia de prensa, Néstor Jeréz, cacique del Pueblo Ocloya y representante del área de Pueblos Indígenas del Inadi. El cacique fue uno de los detenidos en el desalojo de la protesta del miércoles.
En ese sentido, advirtió el "irregular procedimiento de intervención" del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy no solo en torno a la ley 26.160 de comunidades indígenas y otras normativas nacionales e internacionales, sino también en el incumplimiento del protocolo del mismo organismo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes.
"El protocolo que el mismo Fiscal General, Sergio Lello Sánchez, ha firmado el 30 de abril de 2021, lo acaban de violentar con este despojo arbitrario, desmedido, y donde realmente se han violado todos nuestros derechos", expuso Jeréz.
Asimismo, indicó que fueron acusados de "entorpecimiento de la libre circulación como así también por turbación de la posesión", cuando "el protocolo del MPA dice que cuando exista una acción posesoria no puede intervenir el ámbito penal", y en este caso "existe un proceso en la Cámara Civil 2, desde 2010, por la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena".
En esa línea, expuso que al conocerse la intimación de desalojo, incluso se pidió la intervención de la secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, a cargo de Yolanda Cruz, para que inste al MPA a la aplicación del protocolo correspondiente, y sostuvo que "no hubo respuesta favorable".
Jeréz apuntó que el miércoles por la mañana hicieron una presentación dirigida Fiscal Sergio Lello Sánchez para que se siga el protocolo, teniendo en cuenta incluso antecedentes como una orden judicial de liberación de todo obstáculo que obstruya el paso por el camino ancestral, dictaminada en febrero de 2019.
Por su parte, una de las integrantes detenidas de la comunidad de Tilquiza, al recordar lo ocurrido durante el desalojo, contó que "esta justicia nos prohíbe expresarnos y defender nuestro territorio, a nuestras familias, la forma de vida que llevamos" y dijo que: "Nosotros vivimos desde siempre ahí y vinieron a despojarnos, a arrinconarnos. La policía llegó con muchos vehículos y nos trataron como si fuésemos matones. Son insensibles.
En la conferencia expresaron su "rechazo" por la represión en la protesta y "preocupación" por la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Jujuy referentes locales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Inadi, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y de la organización Andhes (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), entre otros.
Imprimir
Podólogas y estudiantes realizaron valoraciones, enseñaron autoevaluación, advirtiendo sobre la importancia del uso de un calzado adecuado para evitar lesiones graves y amputaciones.
Tras una intensa jornada, el frente Generación Universitaria se impuso con el 80% de los electores, las elecciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Después de seis años sin renovación de autoridades, los estudiantes eligieron a sus nuevos representantes para conducir el Centro de Estudiantes.
Claudio Meló asumió como Secretario General de SADOP Jujuy, por el período 2025–2027. Desde la organización sindical destacaron el acompañamiento y la confianza renovada por parte de los afiliados durante el proceso.
El Intendente de La Quiaca Dante Velázquez, anunció en conferencia de prensa la “recategorización” para los empleados del municipio y además el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que estén prestando servicio en distintas modalidades.
El gobierno de la provincia cerró el año otorgando un mínimo aumento salarial del 2,5% y un bono de fin de año de 300 mil pesos, además de algunos otros ítems que solo repercuten en algunos sectores. El descontento de los gremios estatales es evidente, pero no hay reacción de ningún sector, solo manifiestos, paros que no inciden en ningún sentido en la actividad económica de la provincia y no afectan en nada al gobierno.
Después de seis años, en la Facultad de Humanidades volvió a realizarse elecciones para renovar 15 integrantes del Centro de Estudiantes. Durante toda la mañana el acto se desarrolla con total normalidad, más allá del clima caldeado en que se llega a esta instancia.
Los dos integrantes de una patota denominada “scratch” que agredieron a un menor de 15 años el pasado sábado en el barrio Alto Comedero, podrían quedar imputados y en prisión hasta que termine la investigación preparatoria. Por ahora se dictó una perimetral para proteger al menor agredido.
Tras una intensa jornada, el frente Generación Universitaria se impuso con el 80% de los electores, las elecciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Después de seis años sin renovación de autoridades, los estudiantes eligieron a sus nuevos representantes para conducir el Centro de Estudiantes.
Estatales piden 118% de aumento, salario mínimo de $2.027.283 y bono de $250.000 mensual. Según un informe de ATE, el Indec fijó la Canasta de Consumos Mínimos en $2.027.283 para una familia un fuerte aumento salarial para compensar la pérdida del 54,8% desde 2015.
La UCR podría partirse otra vez en diciembre y quedarse con el bloque más chiquito de la historia del radicalismo, por lo menos, desde el retorno de la democracia. Mientras Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés miran con ansias sus propias chances de suceder a Martín Lousteau en la presidencia del partido, los 12 diputados radicales que permanecerán en la Cámara Baja no encuentran razones para unirse, pese a los esfuerzos que desde el entorno de varios legisladores presumen que hacen.