Si bien no hay un informe oficial sobre el estado de salud de la dirigente social, el cuadro se habría agravado debido a su estado de ánimo por la prisión domiciliaria que sufre desde hace más de seis años y que le impide en muchos casos una correcta asistencia médica.

Salas fue intervenida quirúrgicamente hace quince días para colocarle una prótesis en la rodilla por una lesión que viene arrastrando desde hace varios años atrás y que en una ocasión la mantuvo en sillas de rueda.

Sala está internada actualmente en la sala de terapia intermedia del Sanatorio Los Lapachos, donde se le brinda la atención necesaria bajo estrictas medidas de seguridad, a tal punto que su esposo Raúl Noro, aún no había sido autorizado para ingresar a verla.

Tampoco existe un comunicado oficial sobre su estado de salud, ni por parte de las autoridades médicas del sanatorio, mucho menos de la justicia que es responsable de su bienestar.

 Según familiares, "Sala manifestó malestares desde hace dos días y luego de realizarle una tomografía se resolvió su internación".

Aseguraron que estaba "compensada" y permanecía atendida por especialistas a la espera de otros estudios.

Desde la organización Tupac Amaru consideraron que el panorama es "complicado" y precisaron que Milagro Sala recibe tratamiento para "anticoagularla", debido a que hay "riesgo de que se forme un coágulo y eso sería muy complicado".

El pasado martes organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para denunciar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mantiene una presión sobre el Poder Judicial de esa provincia para que la dirigente social Milagro Sala "vuelva a la cárcel".

Los manifestantes rechazaron el "revanchismo" de parte del Gobierno provincial contra la líder de la organización Túpac Amaru, luego de que el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy denunciara dilaciones en causas contra la dirigente.

Sala permanece detenida desde el 16 de enero de del 2016 y desde ese momento se multiplicaron incesantes pedidos colectivos por su libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado argentino adoptar "las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Sala", en una decisión que fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2018.