La determinación de la Cámara de Control es sumamente riesgosa, debido a que obliga a los jueces de las distintas causas, resolver pedidos de prisión domiciliara de reclusos en situación de riesgo, sin que la provincia cuente con los recursos necesarios para el control de los mismos, vale decir “anda a tu casa, no te escapes  y promete que cuando termine la cuarentena volves a la cárcel”.

En la sentencia la Cámara  resuelve hacer lugar al recurso revocando parcialmente la decisión del Juez Llermanos u propone a los jueces de todas las instancias del fuero penal de Jujuy, observar los lineamientos sugeridos como estándar, con respecto a las causas sometidas a su conocimiento y decisión; además insta a los jueces, resolver prioritariamente los pedidos de aplicación de alternativas al encierro carcelario para todas aquellas personas que conforman grupos de riesgo.

En la sentencia de Pullen Llermano, el Ministro de Seguridad de la provincia había manifestado la imposibilidad de realizar cualquier tipo de control o seguimiento de los reclusos que pudieran obtener beneficios con el pedido del Ministerio Pública de la Defensa, porque no cuentan con sistemas de rastreo, monitoreo o vigilancia domiciliaria, simplemente porque no hay recursos material, económicos ni humano.

El Ministerio de Seguridad no tiene suficientes tobilleras electrónicas debido a que hace años no se hace compra de las mismas. Además, por la pandemia la totalidad de los efectivos policiales están abocados a reforzar los controles sanitarios y vigilancia epidemiológica como lo dispuso el COE con personas que retornan a la provincia, con lo cual se hace imposibles dotar de más personal para presiones domiciliarias, sabiendo que se insume al menos tres policías por preso por guardia.

Finalmente avaló el pedido de Llermanos, para que Ministerio de Salud provea de dos profesionales médicos y entregue las dosis necesarias de vacunas. Además propone al Director del COE, el nombramiento de un agente que coordine acciones preventivas y articule toda la demanda sanitaria de la población carcelaria durante el periodo de crisis.