“Un 95% de acatamiento en la jornada de ayer y un 100% en este jueves tuvo la medida de fuerza de trabajadores bancarios en la provincia de Jujuy”, dijo Sergio Garzón Torres, referente de la Asociación Bancaria jujeña.

La medida de fuerza dejó por segundo día consecutivo a la provincia sin atención al público en los bancos y tampoco hubo recarga de dinero en los cajeros automáticos hasta el primer día hábil de enero de 2022.

"Tendrá que revisar el Gobierno jujeños las soluciones porque no descartamos tomar nuevas medidas de fuerza”, aseguró Garzón Torres.

El conflicto afecta a 140 trabajadores de los cuales 60 hace más de cuatro meses que “no tienen resuelta su situación”, recordó el dirigente de La Bancaria, quien asimismo cuestionó dos leyes sancionadas en la provincia relacionadas con la liquidación del ex Banco de Desarrollo de Jujuy a las que consideró “inconstitucionales”.

Para el gremio, el Gobierno jujeño tiene deudas salariales sobre las paritarias 2020 y 2021 y, “si bien los empleados cobraron sueldos hasta octubre pasado, se debe la actualización de la paritaria 2021”, explicó el gremialista.

La protesta se encuadra en el conflicto que los bancarios mantienen con el Gobierno provincial, que disolvió y liquidó la entidad financiera a fines de agosto, luego de la sanción de una ley por parte de la Legislatura, rechazada por los exempleados bancarios y el gremio.

Por su parte en un comunicado oficial, el Ejecutivo provincial manifestó la voluntad de “garantizar la correcta liquidación de haberes, como así también resolver escalonadamente peticiones conflictivas y a los efectos de dar cumplimiento a obligaciones legales”.

Indicó que el Estado provincial formuló “una propuesta de pago proporcional de aguinaldo por 111 días, más un monto adicional a cuenta de liquidación final", oferta que representa “el pago del 73% del último haber abonado” a los trabajadores del banco disuelto.

Detalló que la entidad "liquidada y disuelta contaba con 140 empleados, de los cuales 60 hicieron uso de la opción de incorporarse al Instituto Provincial de Juegos de Azar (Inprojuy), en carácter de empleados públicos”.

Otros 37 exempleados "estarían en condiciones de acogerse al régimen de retiro voluntario simplificado (SIPA), por el cual, con 30 años de aporte y sin la edad requerida, pueden acceder al 60% del sueldo bancario que venían percibiendo como activos” hasta cumplir la edad jubilatoria establecida por ley.

En tanto, el Gobierno aceptó que 43 trabajadores “no hicieron uso de la opción establecida por la ley y permanecen en conflicto, exigiendo que el Estado provincial les pague sueldos como trabajadores bancarios”, lo cual -señaló- es “improcedente por cuanto el Banco de Desarrollo de Jujuy S.E. se liquidó y disolvió según mandato de la Ley 6.233”.