El Expreso de Jujuy
Todo quedó al descubierto y fue abortado por los gremios estatales, luego de que una funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Provincia, se comunicara con todos los gremios para hacer firmara un acta acuerdo “pactando” una nueva modalidad de liquidación de haberes, para los siguientes seis meses, consistente en la reducción salarial de hasta un 80%.
“La demanda extraordinaria de recursos, decide mecanismos de emergencia, para afrontar la compleja situación nacional e internacional, priorizando la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, por la necesidad y perentoriedad de mitigar y contener la diseminación de COVID 19 (coronavirus) y reformar el sistema de salud”, fue la justificación de tremendo acto que atentaba contra el salario de los trabajadores, esgrimida por el gobierno provincial.
La idea era que los gremios prestaran plena y expresa conformidad a la “reducción del ochenta por ciento (80%) de los haberes que por todo concepto perciban los trabajadores de la Administración Central, entes autárquicos, organismos descentralizados, sociedades del Estado y empresas en la que el Estado posee capital mayoritario; poderes Legislativos y Judicial y Tribunal de Cuentas”.
En el mismo acto, se aclara que “el Poder Ejecutivo Provincial” dispondrá el pago de un adicional no remunerativo, no bonificable de “emergencia” denominado COVID 19 coronavirus, “hasta el monto del neto de haberes percibidos por los agentes en las liquidaciones del mes de febrero 2020.
Si bien con este bono se compensaba el salario bruto que percibe el trabajadores, la idea es que el gobierno pague todo el salario “en negro”, no se haga los aportes al ANSES y a la obra social de la provincia, ni pague ningún otro concepto que demanda un trabajador en relación de dependencia, tanto a nivel provincial como nacional, quedándose con esos recursos.
Inmediatamente hubo una reacción de los gremios denunciando tal actitud. “Los trabajadores estatales expresamos nuestro absoluto rechazo a todo intento del ejecutivo provincial de realizar descuentos sobre nuestros salarios como así también cualquier intención de malversación de nuestro salario diferido (aportes jubilatorios y obra social). Una vez más el gobierno provincial intenta descargar la crisis económica sobre la espalda de los trabajadores que se encuentran bajo la línea de pobreza, para convertirlos en indigentes” expresa un comunicado del Frente de Gremios Estatales.
Recalcan que “el gobierno debe entender que los trabajadores decimos NO a ser una vez más la variable de ajuste, NO somos números señor Gobernador, NO nos obligue a romper la cadena de pago y perjudicar a la actividad privada, NO somos responsables de los créditos internacionales tomados por Ud., NO tenemos sueldos de funcionarios que puedan soportar una merma de ningún tipo”.
El Frente reconoció que “la pandemia ha desatado una situación de crisis económica que tiene un impacto enorme en la economía familiar de los trabajadores. Situación que impone la necesidad de medidas de emergencia que garanticen la regular liquidación de nuestros salarios llevando tranquilidad a los trabajadores y sus familias. En este sentido, los gremios que integramos el Frente Amplio Gremial (FAG) entendemos que el ejecutivo debe conformar un Fondo Provincial Solidario de Emergencia, que permita atender las necesidades y urgencias de la pandemia, a través del cobro de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. Entendemos que la rebaja de los sueldos a los funcionarios es una medida que, si bien tiene un significado simbólico, es insuficiente y no resolverá los graves problemas económicos actuales que sí podrían enfrentarse a través de este impuesto”.
Aconsejaron al gobernador “suspender el pago de todos los créditos en dólares contraídos a nivel internacional para los diferentes proyectos como por ejemplo Cauchari, Girsu, etc.”.
De la misma manera se expresó el SEOM, considerando que “eso es inaceptable y sumamente injusto”.
El gran problema del gobernador Gerardo Morales es la falta de recursos para afrontar las deudas en dólares contraídas en la primera gestión de gobierno y que se invirtieron en proyecto improductivos como Cauchari y Girsu.
Asegurar los salarios
El Ministro de Trabajo Normando Alvarez García, reconoció la existencia de dicha acta acuerdo, pero que la única finalidad es garantizar el pago de los salarios de los próximos meses sin tener que hacer los aportes al ANSES.
“Las idea era que los gremios dieran ese consentimiento y de esta manera asegurar los salarios, pero hubieron varios que firmaron y otros no y como consecuencia no se llevará a cabo los descuentos, por lo que deberemos trabajar en un nuevo plan”, dijo el funcionario.
La otra posibilidad es que directamente el trabajador realice un aporte del 15% de sus haberes, tal cual está sucediendo en sectores de la actividad privada.
Morales debía llevar esta acta acuerdo a Buenos Aires para negociar con el presidente Alberto Fernández nuevas condiciones y aportes de recursos para la provincia.
