Palazzo aseguró en una carta-documento enviada al gobernador jujeño que los salarios revisten "carácter alimentario", y exigió también el estricto cumplimiento de los aportes a la seguridad social, ya que "los tiempos legales fueron largamente sobrepasados y generan enormes perjuicios materiales y morales".

El dirigente bancario reseñó en el escrito a Morales que el Gobierno provincial ya fue notificado de lo dispuesto por el Juzgado Nacional del Trabajo número 65 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Javier Fernández Madrid, respecto de que el Estado jujeño debe cumplir todos los derechos laborales de esos trabajadores.

El gremio intimó a Morales a cumplir todo lo requerido en un plazo de 72 horas, y advirtió que en caso contrario realizará una denuncia penal tributaria y que accionará a nivel gremial por "el comportamiento autoritario, arbitrario, discriminatorio y perjudicial de las autoridades provinciales hacia los trabajadores" del Banco de Desarrollo.

"No solo deben existir expresiones declaratorias sino un estricto apego a la ley y a las disposiciones judiciales vigentes", concluyó la carta-documento del sindicalista.