La tensión ha crecido en los últimos meses en Bolivia mientras se acumulan causas judiciales por severos cargos contra dirigentes opositores, incluyendo el gobernador de Santa Cruz, por su presunta participación en el golpe de Estado que en 2019 derrocó al expresidente Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce.

El líder de la principal central obrera boliviana dijo que la marcha del martes de apoyo a Arce en Santa Cruz, histórico bastión opositor durante los Gobiernos de Morales (2006-2019), será para rechazar "los intentos de desestabilización y de nuevo golpe de Estado de parte de la derecha" y exigir "respeto a la democracia y a los símbolos patrios".

Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), dijo que la decisión de realizar la concentración en Santa Cruz, que reemplazará a protestas previstas contra el llamado descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, se adoptó cuando los opositores comités cívicos cruceños anunciaron su paro de mañana.

"Para nosotros está totalmente claro que la derecha quiere reeditar el golpe de 2019 y no lo vamos a permitir, porque los golpistas no solo han roto la democracia sino que han aprovechado la pandemia para robar y saquear al Estado", dijo el líder sindical en una conferencia de prensa, informó la agencia de noticias Sputnik.

En Santa Cruz es donde "se gesta la desestabilización", agregó.

Los dos dirigentes que la COB ve como los principales motores de desestabilización del Gobierno de Arce son el presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el mismo que ingresó con una biblia en la mano con la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez al Palacio presidencial del Quemado en 2019 cuando se consagró el golpe contra Morales.

"Es tiempo de demostrarle al MAS que Santa Cruz está firme, que lucharemos por lo que es correcto y estamos dispuesto a defender nuestro trabajo, nuestra democracia y nuestra libertad", arengó en un acto ayer Camacho, apenas unos días después de que se conociera un video de 2019 en el que él cuenta cómo alguien le dijo que ya estaba listo el derrocamiento de Morales y que quería que él fuera el presidente del país.

Tanto Calvo como Camacho se esforzaron en los últimos días en instalar la idea de que no se trata de un paro opositor, sino un paro "prodemocrático", lo que explica la profundización del conflicto político en los últimos días.

Tanto el Gobierno -asumido en noviembre pasado- y sus aliados como la oposición están alertando de que la democracia está en juego, una advertencia que en el país precedió a sus momentos más oscuros y difíciles.

Y no se trata solo de la oposición más radical.

El paro de mañana fue decidido en una reunión en la que participaron comités cívicos de varios departamentos, los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) y referentes de otros grupos antimasistas.

El espectro opositor era muy similar al que apoyó en 2019 las masivas protestas contra el Gobierno de Morales por considerar que había habido fraude en las elecciones de octubre de 2019, en la que el exmandatario había sido proclamada ganador.

Las movilizaciones fueron el preludio al golpe. Más tarde, expertos independientes y la Justicia boliviana descartaron que hubiera habido fraude electoral.

Además, el escenario político se está complejizando cada vez más con múltiples frentes de disputa.

Por un lado, están los procesos judiciales por los que se ha imputado, llamado a indagatoria y, en algunos casos, incluso, detenido a varios de las figuras políticas emblema del golpe de 2019, del Gobierno de facto posterior y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante esa gestión de un año.

Los acusados y sus aliados sostienen que estos procesos son parte de "una persecución política" por parte del Gobierno.

Por ejemplo, una indagatoria a Camacho fue suspendida esta semana, oficialmente por razones de procedimiento, luego de que jóvenes cívicos cruceños amenazaran con movilizarse para evitar la cita judicial.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa cruceña encendió las alarmas en La Paz cuando aprobó una ley en la que se asigna atribuciones para elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, vocales electorales y judiciales y un director anticorrupción.

El Gobierno de Arce denunció que el único competente para definir sobre esas designaciones es el Poder Legislativo nacional y acusó a la asamblea cruceña y al gobernador que la promulgó de "un indicio de delito de separatismo".

Por ahora, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo lugar a una medida cautelar impuesta por el titular del Senado nacional, el masista Andrónico Rodríguez, y frenó temporalmente la ley cruceña.

Y por último, la oposición rechaza el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que tiene media sanción de la cámara baja y cuya aprobación en el Senado, ante la escalada de amenazas y movilización política, Rodríguez decidió postergar para habilitar rondas de diálogo con las bancadas opositoras y "explicar bien" el texto.

El proyecto de ley busca garantizar la fiscalización del dinero, instrumentos financieros y bienes obtenidos de ganancias y su control en la entrada y salida del país, otorgando más competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría.

La oposición y el sector empresarial rechazaron la medida porque consideran que dará "poderes extraordinarios" a instituciones estatales que, según sostienen, trabajan "de manera política".