El funcionario nacional y una comitiva del organismo visitaron a la referente de la Tupac Amaru "para hacer un seguimiento a la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó sobre la prisión domiciliaria de Sala.

Sobre ese punto, refirió que mañana mantendrá reuniones con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y fiscales de la provincia que intervienen en las causas que se le siguen a Sala.

Pietragalla también aludió a la reciente resolución de la Cámara de Casación Penal que rechazó los recursos interpuestos por la defensa de Blaquier y remitió el expediente al Tribunal Oral de Jujuy, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad.

"Por los desaparecidos, la persecución y los relatos que hay por parte de los testigos, nos sorprendió la decisión en su momento, cuando se dictó la falta de mérito", consideró al recordar la decisión emitida por Casación en 2015.

Sostuvo que la Secretaría de Derechos Humanos "tiene un rol muy activo desde que asumimos con los casos de responsabilidad civil con la dictadura y claramente es una causa emblemática", dijo de la investigación denominada "La noche del apagón".

Pietragalla, adelantó a Télam que en los próximos días la Secretaría, querellante en los debates por crímenes de lesa humanidad, "realizará una presentación judicial al Tribunal Oral Federal de Jujuy, para que el juicio se realice lo antes posible".

Según la acusación, Blaquier y el exadministrador del ingenio, Alberto Lemos fueron procesados como partícipes necesarios de "La noche del apagón", como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedida entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en testimonios de sobrevivientes.

En su recorrida por Jujuy el funcionario mantuvo un encuentro con integrantes de organismos de derechos humanos en el Colegio de Abogados de Jujuy, donde relevó denuncias relacionadas a casos de violencia institucional, "faltas de garantías y persecución judicial