El Expreso de Jujuy
Por el caso está imputado Rodrigo Damián Josué Villanueva, acusado de ser el presunto autor del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, ensañamiento y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, de acuerdo a lo que prescriben el Artículo 80, Incisos 1º, 2º y 11º del Código Penal de la Nación.
“Primero aceptar la muerte, evitable, como todo femicidio. Después batallar contra la pretensión judicial -que se dejó sin efecto- respecto de unificar la propia querella -que me tiene como patrocinante- con la del Consejo Provincial de la Mujer, órgano del Poder Ejecutivo que tiene la tarea específica de llevar adelante las políticas públicas que están siendo a todas luces deficientes, razón por la cual Jujuy tiene el índice más alto de tasa de femicidios”, aseguró la letrada, haciendo referencia a las dificultades que tiene el caso.
Recalcó que los crímenes contra las mujeres no cesaron, “Las cifras lo dicen todo. Solo se podría relevar de responsabilidad al Estado si pensáramos, como dijo el juez Llermanos al justificar su acción -que sostenemos como mal desempeño y razón de jury- y el femicidio de Marina Patagua, que no existe forma de evitar los femicidios. Aceptar esto sería, para las mujeres, suicida” calificó.
Pero el Estado como segundo agresor no se detiene allí, recalcó, porque ahora la familia de Alejandra enfrenta una demanda de la familia paterna de su bebé para vincularse con el nieto hijo de la victima de femicidio y del femicida. “La misma familia que paga la defensa del femicida y que quiere garantizar su impunidad, quiere vincularse con la principal persona (un bebé) que necesita Justicia y Reparación. El Estado le debe a ese bebé Justicia por lo que ocurrió con su madre”.
Observó Mariana Vargas que “tanta perspectiva de género tiene nuestros tribunales que se fijó una audiencia para que los progenitores de la victima de femicidio se vean con los progenitores del femicida. Logramos que quede sin efecto (sí, no cedemos ante la violencia institucional)”.
“Cuando hablamos de que la Justicia necesita perspectiva de género, hablamos de estos procesos. ¿Podemos seguir así? ¿Puede la familia de Alejandra Alvarez y su bebé seguir soportando esta violencia? Ahora, debimos contestar la demanda infame, porque no puede llamarse de otra forma.
