Los gremios que agrupan a los profesionales y demás trabajadores de la salud, Apuap y Atsa, manifestaron su preocupación por la situación de emergencia sanitaria y las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud pública en la provincia.
JUJUY17 de marzo de 2020
Fernando Burgos
Por tal motivo emitirán un petitorio al ejecutivo provincial a fin de solicitar que se den las garantías necesarias para poder cumplir sus tareas preservando su salud y la de la población, contando con los elementos de seguridad necesarios y cumpliendo los protocolos establecidos.
Para ello, los representantes de ambos gremios, advirtieron que exigirán al Ejecutivo una partida presupuestaria de emergencia que garantice la cobertura de vacantes y de licencias en el sistema público de salud para poder dar respuesta a la comunidad, además que se garanticen las normas de bioseguridad para los trabajadores, que se garanticen los elementos de seguridad en puestos de salud y hospitales de toda la provincia.
Advirtieron que los delegados de cada gremio realizaran controles en cada hospital, clínica y sanatorio, como así también puestos de salud y centros asistenciales, a fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Finalmente remarcaron que exigirán al Gobierno provincial que los hospitales del interior estén abastecidos con los elementos e insumos necesarios, como así también con los recursos humanos requeridos para dar respuesta a las necesidades de cada comunidad.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
Autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y representantes del CONICET denuncian un desfinanciamiento que paraliza la investigación, incluso en áreas estratégicas como el litio, y provoca una alarmante fuga de profesionales. Advierten que el presupuesto anunciado solo mantiene los valores de 2023 y no contempla la inflación ni la recuperación salarial.
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia del legislador justicialista Juan Ortega, quién tenía mandato hasta el 10 de diciembre, debiendo asumir en su reemplazo Facundo Figueroa Caballero.
El intendente de San Pedro, Julio Bravo le reclamó al gobernador de la provincia, el envío en un plazo de 20 días, del anteproyecto de ley de Coparticipación Municipal, para que la legislatura comience su tratamiento y lo apruebe antes de fin de año.
Vecinos del barrio ubicado sobre Ruta 66, sobre avenida Juella expresaron su preocupación por la acumulación de basura, escombros y hasta animales muertos en distintas cuadras. Además afirmaron que hay falencias en la recolección de residuos y en la iluminación, lo que incrementa la inseguridad en la zona y píden al intendente Raúl Jorge, una intervención urgente en el lugar.
La estrategia permite que profesionales en diferentes especialidades se trasladen para la atención gratuita a la población, especialmente en el interior de la provincia.
Dos agentes de policías femeninas, que se pelearon por el amor de un oficial de alto rango en la comisaría de Rodeíto, Jujuy deberán afrontar un sumario administrativo y traslados a distintas unidades, luego de protagonizar un bochornoso hecho de celos, llegando a trenzarse a golpes dentro de una comisaría.
Durante el fin de semana, personal de la Regional 8 intervino en seis siniestros viales, dos de ellos con alcoholemia positiva en conductores de motovehículos. No se registraron heridos de gravedad, aunque crece la preocupación social por el aumento de accidentes y los ruidos molestos vinculados a las motos.
El intendente de San Pedro, Julio Bravo le reclamó al gobernador de la provincia, el envío en un plazo de 20 días, del anteproyecto de ley de Coparticipación Municipal, para que la legislatura comience su tratamiento y lo apruebe antes de fin de año.
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Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.