El abogado jujeño de Derechos Humanos Héctor Huespe denunció persecución política por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales, al indicar que pesan sobre él cuatro causas por "ejercer su profesión" en defensa de feriantes y vecinos del barrio Campo Verde, tras el accionar represivo de la policía de Jujuy en el marco de un conflicto por el desalojo de un espacio verde.
JUDICIALES22 de marzo de 2021
El Expreso de Jujuy
La denuncia de Huespe tomó estado público luego del episodio de represión policial ocurrido la semana pasada en las afueras de la capital jujeña, cuando más de 300 policías avanzaron contra vecinos del barrio Campo Verde para desalojar un predio público utilizado para actividades deportivas y recreativas, donde el gobierno jujeño impulsa la creación de un colegio secundario.
El abogado, quien se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, refirió que el viernes pasado, cuando se encontraba en pleno viaje a CABA para denunciar los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión en el desalojo, "policías se acercaron a mi domicilio y presentaron a mi pareja una orden de arresto en mi contra", contó.
"Como tengo el teléfono ilegalmente intervenido -continuó Huespe- y me hacen escuchas ilegales, intentaron evitar que llegue a asentar las denuncias".
Además, denunció que el gobierno de Gerardo Morales, "sin una orden de juez" competente, "emitió una falsa orden de arresto" en su contra.
Y luego aseguró que los efectivos que se acercaron a su domicilio "quisieron ingresar a la vivienda", donde en ese momento se encontraban sus hijos, "y en el lapso de dos horas regresaron tres veces más", denunció.
Al denunciar la situación manifestó que al día siguiente, "en un diario oficialista, emitieron un comunicado que no había ninguna orden de detención", señaló sobre la persecución que se extiende con cinco causas en su contra.
"Acá lo más grave no es la orden de arresto, sino las imputaciones en el ejercicio de la profesión de abogado: los abogados somos funcionarios públicos en el sistema de Justicia y no podemos ser perseguidos por los casos que llevamos", advirtió.
Para Huespe, los fiscales que componen el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy constituyen "el brazo inquisidor del gobernador Morales".
"Las imputaciones a los abogados son inconstitucionales y representan una amenaza extorsiva a todos los profesionales del Derecho", remarcó y sobre ese punto añadió: "Eso significa mandar un mensaje mafioso".
Huespe contó que le abrieron una causa por 'entorpecimiento funcional' al intervenir en un operativo en el que una inspectora municipal, aseguró, "le robó una medida cautelar a un vendedor ambulante para decomisarlo posteriormente".
Asimismo, Huespe fue acusado por el fiscal Aldo Lozano por, presuntamente, "instigar a usurpar un espacio público", en referencia a la feria 13 de junio que está ubicada en el barrio Alto Comedero.
"Los trabajadores (de ese barrio) poseen una medida cautelar que le impide al municipio realizar decomiso en ese predio", subrayó.
Las otras dos causas abiertas contra Huespe refieren a la 'instigación a usurpar un espacio público', en ambos casos impulsadas por el fiscal Alejandro Maldonado, en relación los hechos sucedidos el 8 y 17 de marzo cuando, relató el abogado, "la policía, en la clandestinidad de la noche, usurpó la cancha (de fútbol) del barrio Campo Verde".
Huespe también explicó que los vecinos de ese predio "tuvieron la previsión de dejar seis hectáreas para la construcción de establecimientos educativos", sobre la calle principal del barrio.
"El gobernador (por Morales) no puede anunciar la construcción del colegio al lado de una escuela que no está terminada, por lo que fue a usurpar la cancha de los vecinos, quienes viven en terrenos que no tienen patio", denunció el abogado.
En el día de hoy, Huespe presentará denuncias sobre el accionar represivo de la policía jujeña para desalojar el predio de Campo Verde ante las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos y también en el Congreso nacional.
Por otra parte, referentes sociales, sindicales, barriales y de derechos humanos de Jujuy que integran la mesa Coordinadora contra la represión y criminalización de la protesta, en una conferencia de prensa, repudiaron la "violencia institucional que reina" en Jujuy.
Además, vendedores ambulantes y vecinos del barrio Campo Verde alertaron que la Justicia "persigue a nuestro abogado (por Huespe)".
"No queremos que esto siga pasando, queremos que se intervenga a la Justicia provincial", exhortaron.
"Vemos con mucha preocupación una escalada de procesos represivos contra las libertades democráticas de los ciudadanos e instituciones", manifestaron y añadieron que "hay una impunidad total y persecución contra abogados, por lo que nos sentimos desprotegidos", denunciaron los vendedores y los vecinos de Campo Verde.
En horas de la tarde se realizó la audiencia de ampliación de imputación contra Matías Jurado por la muerte de cuatro personas. La audiencia se llevó a cabo en el Penal del barrio Gorriti donde se encuentra privado de la libertad el acusado y donde se hizo presente el fiscal Guillermo Beller.
No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.
Un hombre identificado como A.L.S. fue condenado a la pena de 6 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple (dos hechos) agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años en concurso real”; ilícitos perpetrados contra su hija, menor de edad, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.
La Fiscalía de Jujuy informó que hoy miércoles, pasadas las 14 horas, se llevará a cabo una audiencia de control de imputación contra Matías Emilio Jurado, quien es investigado por su presunta vinculación con la desaparición y el presunto homicidio de varias personas. El procedimiento tendrá lugar en la Unidad Penal del barrio Gorriti.
El operativo se realizó en la Ruta Nacional 34, a la altura del Puente Ledesma. La mercadería, valuada en $ 219.750.000 pesos, era transportada en un camión Mercedes Benz con semirremolque que circulaba sin la documentación correspondiente.
Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
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El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
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