Un tribunal analizará el pedido de jury de enjuiciamiento que presentaron organizaciones de mujeres de Jujuy para que se analice la actuación del juez Pablo Pullen Llermanos, habilitado en dos juzgados especializados en Violencia de Género de la provincia y a quien le cuestionan haber liberado en enero a un hombre que días después asesinó a su expareja, Marina Patagua.
JUDICIALES19 de marzo de 2021
El Expreso de Jujuy
Así lo confirmaron hoy voceras de las organizaciones involucradas, que denunciaron a Pullen Llermanos por aparente incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño de sus funciones.
“Hemos recibido una noticia muy alentadora. Lo que se inició es un sumario por el que van a intervenir por sorteo dos jueces del Superior Tribunal de Justicia y un miembro de los tribunales inferiores, que van a decidir si se rechaza la acusación o se hace el jury”, explicó a Télam Mariana Vargas, una de las abogadas patrocinantes y referente de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, que impulsó el pedido de enjuiciamiento contra el magistrado.
Las organizaciones feministas denunciaron al juez por haber dispuesto el cese de detención de un hombre que había sido detenido por violencia de género contra su expareja y que, 20 días después de su excarcelación, asesinó a Marina Patagua.
Al respecto, la abogada remarcó que el mismo magistrado reconoció luego del asesinato, en una conferencia de prensa, que “sabía que la víctima estaba inmersa en un círculo de violencia” pero pese a ello, apuntó la letrada, “no tomó las medidas que pudieron evitar el desenlace fatal”.
“Su conferencia de prensa permitió ver cuánto desconoce el derecho y por eso también la ofrecimos como prueba”, comentó Vargas.
Otra decisión reprochada tiene que ver con un cese de detención que ordenó en el mes de diciembre a un hombre denunciado por violencia de género, quien estaba condenado desde julio del mismo año por encubrir un femicidio.
“No existe la posibilidad de ordenar el cese de detención para quien tiene una condena previa, sea el delito que sea, por lo tanto esto ya da cuenta de casos donde es clarísimo el apartamiento de la ley”, resumió la abogada.
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La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
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