La reunión se realizará hoy en la sede del MPA, después una presentación realizada el 2 de febrero pasado ante el fiscal general Sergio Lello Sánchez y el fiscal interviniente Aldo Lozano.

"Buscamos que se dé vuelta la carátula, tener el escrito que diga que se suspende el desalojo", dijo el referente del Pueblo Ocloya y delegado el Consejo de Participación Indígena Ramón Jerez.

El dirigente indicó que "la medida está ordenada desde diciembre del año pasado para cinco grupos familiares que viven en el departamento Manuel Belgrano, todos ellos integrantes de la comunidad".

"Nos basamos en la ley nacional 26.160, ley de orden público que ordena al Estado nacional y provincial a que no haya desalojo en las comunidades originarias", explicó Jerez, y añadió: "En Jujuy se están violando los derechos a una comunidad que tiene personería jurídica y una carpeta técnica con relevamiento territorial ordenada por dicha ley".

Para la audiencia de mañana se solicitó la participación del Equipo de prevención e intervención de conflictos conformados por el Equipo Jurídico del CDCAPO, Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Secretaria de Pueblos Indígenas, Secretaria de DDHH Nación, Centro de Acceso a la Justicia, ANDHES, Administración de Parques Nacionales, Secretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Asamblea Permanente por los DDHH.

La instancia se da "en el marco de interculturalidad y de acceso a la justica con el objeto de suspender medida inconstitucional y violatoria que atenta en contra de ley 26.160 y su prorroga 27.400 vigente; como así también el cese definitivo de la medida de desalojo contra las familias que son poseedores ancestrales y miembros integrantes de la mencionada comunidad", señaló hoy el Consejo de Delegados del Pueblo Ocloya en un comunicado de prensa.