Las llamada "Ley Iara", por Iara Sabrina Rueda, adolescente de 16 años quien fue hallada asesinada, semienterrada, a ocho cuadras de su casa en la ciudad de Palpalá, el pasado 28 de septiembre, dispone de acciones concretas del estado en la prevención y lucha contra la violencia de género.

La autoridad de aplicación será el Consejo provincial de la Mujer, organismo que deberá tomar medidas “inmediatas” como la puesta en funcionamiento de centros de atención integral a mujeres víctimas de violencias en las localidades Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susques, además de promover alquileres de hoteles y residenciales para mujeres violentadas con hijos e hijas a cargo.

Asimismo, se buscará la asistencia económica para mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de violencia; la activación de programas productivos e inclusión laboral y de acceso a la vivienda.

La norma también alcanza a los medios de comunicación públicos y privados para generar campañas de prevención de la problemática, además de avanzar en la puesta en práctica del tratamiento de la información con perspectiva de género.

En materia de seguridad, se creará la división especializada de búsqueda de personas en el ámbito de la brigada de investigaciones, y la dirección de políticas de género que avanzará en la capacitación de la fuerza local.

Entre otros puntos la ley prevé la "expulsión" de un agente policial que se niegue a no dar curso inmediato a las denuncias por desapariciones o casos de violencia.

Los legisladores avanzaron de esta forma en "brindar una herramienta legal de prevención para atender las denuncias, los casos violencia y desapariciones de mujeres y así evitar los asesinatos", indicaron fuentes parlamentarias.

El proyecto recibió los aportes en la Comisión de Género del Parlamento de más de 70 colectivos de mujeres, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y de la diversidad sexual,.

El debate fue seguido desde afuera del Parlamento provincial por muchos de estos acores y familiares de víctimas de femicidios, quienes coincidieron en la falta de "respuestas" por parte del Estado jujeño.

La emergencia en materia de violencia de género se declaró por dos años, con la posibilidad de prórroga por otros dos, para lo cual se “reasignarán partidas presupuestarias” del presente año y los próximos periodos, además de recursos de leyes, subsidios, contribuciones, programas internaciones, nacionales y provinciales.

La diputada del Frente de Todos, Leila Chaher, aseguró que "estamos acá porque, aunque parezca redundante, el ejercicio de la memoria resulta ser un compromiso insoslayable para quienes luchamos las causas fervientemente y en este caso por los dolorosos femicidios que lamentamos en Jujuy".

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, consideró que esos hechos expusieron "a la sociedad que urge cambiar y también expusieron a la responsabilidad del Estado cuando mira para el costado",

Los asesinatos de Cesia Reinaga (20), Iara Rueda (16), Roxana Mazala (33), Gabriela Cruz (24) y Alejandra Álvarez (17), en poco más de un mes, consternaron a la sociedad jujeña lo que provocó masivas marchas en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, Chaher aseguró que "pudimos encontrar consensos, la ley refleja días enteros de discusión, y la insistencia de las organizaciones y familiares para su tratamiento” y aclaró que “no es proyecto de ningún bloque sino el proyecto construido en el debate en medio del dolor que atravesamos".

Agregó que "quedó claro que las mujeres estamos organizadas y preparadas" al destacar la participación de "abogadas, medicas, psicólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras, periodistas, que vinieron a proponer con altura dejando atrás los estigmas de los movimientos feministas".

La legisladora del oficialismo jujeño Mariela Ortiz dijo que desde el 2015 las marchas del Ni una Menos "vienen visibilizando la violencia contra las mujeres y es un flagelo que afecta a Jujuy históricamente, que lleva al femicidio como una pandemia social", graficó.