Con algunos artículos que dejan muchas dudas sobre el financiamiento, se aprobó en la Legislatura de la provincia la Ley “Iara” de emergencia sobre violencia de género que se implementará inmediatamente.
POLITICA29 de octubre de 2020
El Expreso de Jujuy
Las llamada "Ley Iara", por Iara Sabrina Rueda, adolescente de 16 años quien fue hallada asesinada, semienterrada, a ocho cuadras de su casa en la ciudad de Palpalá, el pasado 28 de septiembre, dispone de acciones concretas del estado en la prevención y lucha contra la violencia de género.
La autoridad de aplicación será el Consejo provincial de la Mujer, organismo que deberá tomar medidas “inmediatas” como la puesta en funcionamiento de centros de atención integral a mujeres víctimas de violencias en las localidades Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susques, además de promover alquileres de hoteles y residenciales para mujeres violentadas con hijos e hijas a cargo.
Asimismo, se buscará la asistencia económica para mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de violencia; la activación de programas productivos e inclusión laboral y de acceso a la vivienda.
La norma también alcanza a los medios de comunicación públicos y privados para generar campañas de prevención de la problemática, además de avanzar en la puesta en práctica del tratamiento de la información con perspectiva de género.
En materia de seguridad, se creará la división especializada de búsqueda de personas en el ámbito de la brigada de investigaciones, y la dirección de políticas de género que avanzará en la capacitación de la fuerza local.
Entre otros puntos la ley prevé la "expulsión" de un agente policial que se niegue a no dar curso inmediato a las denuncias por desapariciones o casos de violencia.
Los legisladores avanzaron de esta forma en "brindar una herramienta legal de prevención para atender las denuncias, los casos violencia y desapariciones de mujeres y así evitar los asesinatos", indicaron fuentes parlamentarias.
El proyecto recibió los aportes en la Comisión de Género del Parlamento de más de 70 colectivos de mujeres, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y de la diversidad sexual,.
El debate fue seguido desde afuera del Parlamento provincial por muchos de estos acores y familiares de víctimas de femicidios, quienes coincidieron en la falta de "respuestas" por parte del Estado jujeño.
La emergencia en materia de violencia de género se declaró por dos años, con la posibilidad de prórroga por otros dos, para lo cual se “reasignarán partidas presupuestarias” del presente año y los próximos periodos, además de recursos de leyes, subsidios, contribuciones, programas internaciones, nacionales y provinciales.
La diputada del Frente de Todos, Leila Chaher, aseguró que "estamos acá porque, aunque parezca redundante, el ejercicio de la memoria resulta ser un compromiso insoslayable para quienes luchamos las causas fervientemente y en este caso por los dolorosos femicidios que lamentamos en Jujuy".
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, consideró que esos hechos expusieron "a la sociedad que urge cambiar y también expusieron a la responsabilidad del Estado cuando mira para el costado",
Los asesinatos de Cesia Reinaga (20), Iara Rueda (16), Roxana Mazala (33), Gabriela Cruz (24) y Alejandra Álvarez (17), en poco más de un mes, consternaron a la sociedad jujeña lo que provocó masivas marchas en distintos puntos de la provincia.
En ese marco, Chaher aseguró que "pudimos encontrar consensos, la ley refleja días enteros de discusión, y la insistencia de las organizaciones y familiares para su tratamiento” y aclaró que “no es proyecto de ningún bloque sino el proyecto construido en el debate en medio del dolor que atravesamos".
Agregó que "quedó claro que las mujeres estamos organizadas y preparadas" al destacar la participación de "abogadas, medicas, psicólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras, periodistas, que vinieron a proponer con altura dejando atrás los estigmas de los movimientos feministas".
La legisladora del oficialismo jujeño Mariela Ortiz dijo que desde el 2015 las marchas del Ni una Menos "vienen visibilizando la violencia contra las mujeres y es un flagelo que afecta a Jujuy históricamente, que lleva al femicidio como una pandemia social", graficó.
Un grupo de afiliados del Partido Justicialista, encabezados por Carolina Moisés y aquellos que fueron sancionados por la intervención nacional, solicitaron al Juez Federal Electoral de Jujuy la intervención judicial del partido, ante la nueva suspensión de las elecciones internas.
Aníbal y el Tano Menéndez la castigaron por enfrentar a Leila Chaher. El peronismo podría perder el tercio en el Senado.
En los últimos diez Años, la salud del peronismo jujeño pasó de ser pésima, a crítica, luego ingresó a terapia intensiva y hoy prácticamente está en una muerte súbita. Solo un milagro de la militancia puede salvarlo, pero se debe acabar con la intervención nacional, que solo aplica remedios o recetas que nada bien le hacen o empeoran la situación partidaria.
El dirigente peronista sampedreño analizó en las redes sociales, la decisión de los interventores del Partido Justicialista Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez de suspender las elecciones y sancionar con la quita de la afiliación a más de 400 dirigentes peronistas. En ese sentido, citó una frase de Néstor Kirchner, cuando dijo que “en política las ofensas caducan a los 6 meses, no prescriben, caducan y dicen Che, olvídate”.
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de enero, los interventores del Partido Justicialista, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, decidieron suspender la afiliación de los dirigentes Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Jenefes; además de suspender las elecciones internas prevista para el 15 de febrero y realizar una nueva convocatoria para el mes de abril.
El Partido Justicialista distrito Jujuy está atravesando un proceso electoral muy difícil. Hace 14 meses dos listas están habilitadas para competir electoralmente y definir la futura conducción partidaria, pero la desidia de la política viene postergando este proceso.
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de enero, los interventores del Partido Justicialista, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, decidieron suspender la afiliación de los dirigentes Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Jenefes; además de suspender las elecciones internas prevista para el 15 de febrero y realizar una nueva convocatoria para el mes de abril.
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