
El 25 de enero de 1997 no ocurrió “un crimen”. Ocurrió una demostración de poder. José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado, asesinado y luego incendiado dentro de un automóvil.
La Plaza Belgrano y la explanada de Casa de Gobierno fueron testigos mudos del reclamo de miles de policías, que esta vez rompieron el silencio para que el gobernador lo escuche y haga respetar sus derechos como miembros de las fuerzas de seguridad de toda la provincia.
JUDICIALES09 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
La convocatoria se centralizó en Plaza Belgrano, donde cada policía retirado, familiares, esposas y efectivos en actividad hicieron escuchar individualmente su queja hacia un sistema policial que “tiende a ser perverso, más allá de los bajos salarios”, dijeron.
Los familiares de miembros de la policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario, en una misiva que hicieron llegar al gobernador Gerardo Morales, pidieron que “solucione las problemáticas urgentes que tiene que enfrentar los integrantes de la institución policial, quienes deben llamarse al silencio, ya que de lo contrario son castigados desmedidamente y deben continuar con la cabeza gacha para mantener su puesto de trabajo, sin poder pedir lo que por derecho le corresponde” afirman.
Recalcaron además que “el gobierno provincial hace abuso de esta situación, ya que de manera intencional dejan de lado todo tema relacionado con mejoras salariales a la policía provincia, con total impunidad”.
“Ni los medios de comunicación, ni el pueblo jujeño toma conocimiento de las necesidades de los miembros de la policía, a quienes no actualizan los sueldos desde hace mucho años. El salario actual se vio ampliamente superado por la inflación creciente de los últimos años, al punto de obligar a un alto porcentaje de efectivos policiales a tener que buscar nuevas fuentes de ingreso, tomando segundo empleos, implementando trabajo independiente, “haciendo changas”, para poder mantener a sus familias. Incluso muchos integrantes hacen servicios de policía adicional, sacrificando sus días libres para poder completar un salario digno”.
También denunciaron que no se realiza en tiempo y forma el pago de esos servicios adicionales, “el gobierno provincia toma ese dinero y lo mantiene en su poder para hacerlo trabajar durante meses, para recién dárselo a la policía que con trabajo y esfuerzo logró conseguirlo”.
Por otro lado, denunciaron que el gobierno provincia, “trata a los efectivos policiales como esclavos de los que pueden disponer a gusto y sin reparo, ya que son obligados a trabajar horas extras sin percibir remuneración alguna, como ningún otro empleado de la provincia”.
“Convenientemente para el gobierno provincial, les ahorra millones de pesos, ya que en promedio cada efectivo policial tiene mensualmente 50 horas de trabajo extra, entre retenes y recargos”.
Los arrestos como modo de sanción disciplinaria, fue otro punto planteado al gobernador. “dicha medida es totalmente inconstitucional. El privar de la libertad de las personas recae pura, única y exclusivamente de un juez con competencia del Poder Judicial, que debe previamente emitir una orden de detención contra cualquier persona física”, estimaron. Resaltaron en ese sentido, que son sometidos a estas prácticas, efectivos de menor jerarquía, “manteniendo modelos arcaicos impuestos durante una época de dictadura militar y que, por conveniencias de un sector privilegiado, aún en esta época de democracia se sigue aplicando”.
“La detención se cumple en la misma dependencia policial donde presta servicio el funcionario, quien además debe seguir trabajando, salvo el caso de los oficiales superiores, jefes y mujeres que cumplen la pena en sus respectivos domicilio, con lo cual se queda expuesta una incongruencia y desigualdad para medir las inconductas de uno y otros y no es posible que por falta leves, se impongan arrestos de 3, 5, 7 y más días de arresto”.
Recalcaron además que hay un desabastecimiento alarmante en cuanto al equipo necesario para las funciones de seguridad; chalecos balísticos vencidos; municiones de armas vencidas, cascos en pésimas condiciones; sores rotos y de nula visibilidad; móviles policiales destruidos, a excepción de los que usan la plana mayor, entre otras deficiencias.
Sobre la pandemia del coronavirus, recalcaron que los policías que están en primera línea “no han sido cuidados como corresponde”, ya que en la mayoría de las unidades policiales “no se ha provisto de elementos de bioseguridad para la protección personal”.
Afirmaron que ni el COE provincial, ni el COE policial se hacen cargo de los policías que contrajeron el virus y existe una fuerte presión para que los policías que se enfermen, continúen trabajando a pesar de tener síntomas”.
Sobre el pago del bono de cinco mil pesos, dijo que directamente no fueron abonados y esperan que se cumpla como lo dijo el Ministro.

El 25 de enero de 1997 no ocurrió “un crimen”. Ocurrió una demostración de poder. José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado, asesinado y luego incendiado dentro de un automóvil.

Ocurrió en la Ruta Provincial 4, a la altura del mirador de las Termas de Reyes. Tras el rescate, Same asistió a las personas accidentadas.

Un periodista de un medio local, fue increpado por policías municipales y lo acusaron de trabajar ilegalmente como Uber, en inmediaciones de la terminal de ómnibus.

En un procedimiento realizado en el barrio San Carlos de la ciudad de El Carmen, se incautó estupefacientes como clorhidrato de cocaína, pasta base y cannabis sativa, además de una importante cantidad de dinero.

Encabezó el encuentro el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, junto con el jefe de la Unidad Regional N° 7 y el director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad.

No hay causal de detención; ausencia del carcelero al producirse el incendio; carcelero se retira llevándose las llaves de las celdas; carcelero no figura en el rescate; la requisa no figura en el libro de guardia; secuestro de un cinto, cuando usaba un pantalón tipo jogging; no hubo asistencia oportuna; una tercera persona habría iniciado el fuego dentro de la celda. Estas serían algunas de las irregularidades que se produjeron antes y después de la muerte de Ariel Vilte en la Comisaría del Barrio Chijra.

El paso continúa inhabilitado por determinación de las autoridades chilenas. El Gobierno de Jujuy impulsa gestiones y refuerza su operativo sanitario para preservar a la gente.

El 25 de enero de 1997 no ocurrió “un crimen”. Ocurrió una demostración de poder. José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado, asesinado y luego incendiado dentro de un automóvil.

En plena Quebrada de Humahuaca y a 75 km de San Salvador de Jujuy Maimará se presenta como una opción para quienes buscan una experiencia auténtica, lejos del turismo acelerado y más cerca del pueblo que lo habita.

Un devastador panorama planteó la Federación del Personal de Vialidad Nacional al dar a conocer un informe donde se advierte sobre la riesgosa situación de las rutas argentinas.

El encuentro que combina actividad física y turismo, es organizado por la Secretaría de Deportes de Jujuy. En Tilcara, se lanzó la propuesta.