La Plaza Belgrano y la explanada de Casa de Gobierno fueron testigos mudos del reclamo de miles de policías, que esta vez rompieron el silencio para que el gobernador lo escuche y haga respetar sus derechos como miembros de las fuerzas de seguridad de toda la provincia.
JUDICIALES09 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
La convocatoria se centralizó en Plaza Belgrano, donde cada policía retirado, familiares, esposas y efectivos en actividad hicieron escuchar individualmente su queja hacia un sistema policial que “tiende a ser perverso, más allá de los bajos salarios”, dijeron.
Los familiares de miembros de la policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario, en una misiva que hicieron llegar al gobernador Gerardo Morales, pidieron que “solucione las problemáticas urgentes que tiene que enfrentar los integrantes de la institución policial, quienes deben llamarse al silencio, ya que de lo contrario son castigados desmedidamente y deben continuar con la cabeza gacha para mantener su puesto de trabajo, sin poder pedir lo que por derecho le corresponde” afirman.
Recalcaron además que “el gobierno provincial hace abuso de esta situación, ya que de manera intencional dejan de lado todo tema relacionado con mejoras salariales a la policía provincia, con total impunidad”.
“Ni los medios de comunicación, ni el pueblo jujeño toma conocimiento de las necesidades de los miembros de la policía, a quienes no actualizan los sueldos desde hace mucho años. El salario actual se vio ampliamente superado por la inflación creciente de los últimos años, al punto de obligar a un alto porcentaje de efectivos policiales a tener que buscar nuevas fuentes de ingreso, tomando segundo empleos, implementando trabajo independiente, “haciendo changas”, para poder mantener a sus familias. Incluso muchos integrantes hacen servicios de policía adicional, sacrificando sus días libres para poder completar un salario digno”.
También denunciaron que no se realiza en tiempo y forma el pago de esos servicios adicionales, “el gobierno provincia toma ese dinero y lo mantiene en su poder para hacerlo trabajar durante meses, para recién dárselo a la policía que con trabajo y esfuerzo logró conseguirlo”.
Por otro lado, denunciaron que el gobierno provincia, “trata a los efectivos policiales como esclavos de los que pueden disponer a gusto y sin reparo, ya que son obligados a trabajar horas extras sin percibir remuneración alguna, como ningún otro empleado de la provincia”.
“Convenientemente para el gobierno provincial, les ahorra millones de pesos, ya que en promedio cada efectivo policial tiene mensualmente 50 horas de trabajo extra, entre retenes y recargos”.
Los arrestos como modo de sanción disciplinaria, fue otro punto planteado al gobernador. “dicha medida es totalmente inconstitucional. El privar de la libertad de las personas recae pura, única y exclusivamente de un juez con competencia del Poder Judicial, que debe previamente emitir una orden de detención contra cualquier persona física”, estimaron. Resaltaron en ese sentido, que son sometidos a estas prácticas, efectivos de menor jerarquía, “manteniendo modelos arcaicos impuestos durante una época de dictadura militar y que, por conveniencias de un sector privilegiado, aún en esta época de democracia se sigue aplicando”.
“La detención se cumple en la misma dependencia policial donde presta servicio el funcionario, quien además debe seguir trabajando, salvo el caso de los oficiales superiores, jefes y mujeres que cumplen la pena en sus respectivos domicilio, con lo cual se queda expuesta una incongruencia y desigualdad para medir las inconductas de uno y otros y no es posible que por falta leves, se impongan arrestos de 3, 5, 7 y más días de arresto”.
Recalcaron además que hay un desabastecimiento alarmante en cuanto al equipo necesario para las funciones de seguridad; chalecos balísticos vencidos; municiones de armas vencidas, cascos en pésimas condiciones; sores rotos y de nula visibilidad; móviles policiales destruidos, a excepción de los que usan la plana mayor, entre otras deficiencias.
Sobre la pandemia del coronavirus, recalcaron que los policías que están en primera línea “no han sido cuidados como corresponde”, ya que en la mayoría de las unidades policiales “no se ha provisto de elementos de bioseguridad para la protección personal”.
Afirmaron que ni el COE provincial, ni el COE policial se hacen cargo de los policías que contrajeron el virus y existe una fuerte presión para que los policías que se enfermen, continúen trabajando a pesar de tener síntomas”.
Sobre el pago del bono de cinco mil pesos, dijo que directamente no fueron abonados y esperan que se cumpla como lo dijo el Ministro.
L.F.M. fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real”, ilícito perpetrado contra un menor de edad en el barrio Alto Comedero.
La incorporación del Dr. Chacón representa un aporte significativo para el Ministerio Público de la Acusación, en tanto su experiencia profesional viene a reforzar el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. Su llegada apunta a profundizar el fortalecimiento interministerial, con el objetivo de consolidar políticas públicas orientadas a brindar a la ciudadanía una justicia eficiente, moderna y de calidad.
Se trata de dos adultos señalados como los responsables de la muerte de “Gringo”, el perro del barrio de la localidad La Mendieta que ganó popularidad gracias a su carisma y el cariño que le tenía la gente. Deberán purgar penas en forma condicional tras ser acusados de torturar y causar la muerte de un perro y por maltrato animal.
En el Barrio “Loteo Bárcena” los vecinos y dirigentes vecinalistas, se resignan a seguir denunciando el narcomenudeo y la venta de drogas, porque “existe convivencia” de la policía con los “dealers” y puestos de ventas. Dicen que hay al menos “15 lugares de ventas” y el flagelo afecta a cientos de familias.
Federico Otaola asumirá la presidencia de la Corte Suprema de Jujuy tras el fallecimiento de Ekel Meyer. El actual vicepresidente del máximo tribunal jujeño confirmó que quedará al frente del máximo órgano judicial de la provincia.
Desde las 8 de la mañana y hasta cerca del medio día despidieron, familiares, amigos, colegas y trabajadores del palacio de Tribunales, despidieron al ex Juez de la Corte Suprema de Justicia, Ekel Meyer.
Hace casi dos años Raúl Humberto Chagra Bohuid, prometió hacerle adjudicar una vivienda en la ciudad de Palpalá a la familia de Gabriela Medina. A cambio le pidió una suma aproximada de 15 millones de pesos, para los papeleríos y para asegurar la adjudicación. Los “beneficiarios”, como no tenían el dinero en mano, entregaron un vehículo Peugeot 208, una motocicleta Honda y dinero en efecto.
La Unidad Fiscal Jujuy imputó a dos trabajadores y a la firma Dosan Inversiones SRL por contrabando de exportación e importación agravado de carne.
Para el martes está convocada a la última sesión de la Cámara de Diputados, con la antigua conformación. Allí se abordará en sesión extraordinaria el Presupuestos 2026 y muchos temen que también se cubra la vacante en la Suprema Corte de Justicia producida por el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer.
Una intensa lluvia que azota la capital provincial llevó a la reprogramación de la tradicional Cena Blanca, evento que reúne a los egresados del ciclo secundario 2025. La nueva fecha será este sábado, manteniendo el horario previsto originalmente para hoy.
Javier Milei analiza una reforma del Código Electoral para prohibir los frentes electorales y complicar al peronismo en las futuras elecciones. Karina quiere aprovechar la fragmentación de la oposición para hacer valer la potencia del sello libertario. Qué leyes deberían modificar.