La Plaza Belgrano y la explanada de Casa de Gobierno fueron testigos mudos del reclamo de miles de policías, que esta vez rompieron el silencio para que el gobernador lo escuche y haga respetar sus derechos como miembros de las fuerzas de seguridad de toda la provincia.
JUDICIALES09 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
La convocatoria se centralizó en Plaza Belgrano, donde cada policía retirado, familiares, esposas y efectivos en actividad hicieron escuchar individualmente su queja hacia un sistema policial que “tiende a ser perverso, más allá de los bajos salarios”, dijeron.
Los familiares de miembros de la policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario, en una misiva que hicieron llegar al gobernador Gerardo Morales, pidieron que “solucione las problemáticas urgentes que tiene que enfrentar los integrantes de la institución policial, quienes deben llamarse al silencio, ya que de lo contrario son castigados desmedidamente y deben continuar con la cabeza gacha para mantener su puesto de trabajo, sin poder pedir lo que por derecho le corresponde” afirman.
Recalcaron además que “el gobierno provincial hace abuso de esta situación, ya que de manera intencional dejan de lado todo tema relacionado con mejoras salariales a la policía provincia, con total impunidad”.
“Ni los medios de comunicación, ni el pueblo jujeño toma conocimiento de las necesidades de los miembros de la policía, a quienes no actualizan los sueldos desde hace mucho años. El salario actual se vio ampliamente superado por la inflación creciente de los últimos años, al punto de obligar a un alto porcentaje de efectivos policiales a tener que buscar nuevas fuentes de ingreso, tomando segundo empleos, implementando trabajo independiente, “haciendo changas”, para poder mantener a sus familias. Incluso muchos integrantes hacen servicios de policía adicional, sacrificando sus días libres para poder completar un salario digno”.
También denunciaron que no se realiza en tiempo y forma el pago de esos servicios adicionales, “el gobierno provincia toma ese dinero y lo mantiene en su poder para hacerlo trabajar durante meses, para recién dárselo a la policía que con trabajo y esfuerzo logró conseguirlo”.
Por otro lado, denunciaron que el gobierno provincia, “trata a los efectivos policiales como esclavos de los que pueden disponer a gusto y sin reparo, ya que son obligados a trabajar horas extras sin percibir remuneración alguna, como ningún otro empleado de la provincia”.
“Convenientemente para el gobierno provincial, les ahorra millones de pesos, ya que en promedio cada efectivo policial tiene mensualmente 50 horas de trabajo extra, entre retenes y recargos”.
Los arrestos como modo de sanción disciplinaria, fue otro punto planteado al gobernador. “dicha medida es totalmente inconstitucional. El privar de la libertad de las personas recae pura, única y exclusivamente de un juez con competencia del Poder Judicial, que debe previamente emitir una orden de detención contra cualquier persona física”, estimaron. Resaltaron en ese sentido, que son sometidos a estas prácticas, efectivos de menor jerarquía, “manteniendo modelos arcaicos impuestos durante una época de dictadura militar y que, por conveniencias de un sector privilegiado, aún en esta época de democracia se sigue aplicando”.
“La detención se cumple en la misma dependencia policial donde presta servicio el funcionario, quien además debe seguir trabajando, salvo el caso de los oficiales superiores, jefes y mujeres que cumplen la pena en sus respectivos domicilio, con lo cual se queda expuesta una incongruencia y desigualdad para medir las inconductas de uno y otros y no es posible que por falta leves, se impongan arrestos de 3, 5, 7 y más días de arresto”.
Recalcaron además que hay un desabastecimiento alarmante en cuanto al equipo necesario para las funciones de seguridad; chalecos balísticos vencidos; municiones de armas vencidas, cascos en pésimas condiciones; sores rotos y de nula visibilidad; móviles policiales destruidos, a excepción de los que usan la plana mayor, entre otras deficiencias.
Sobre la pandemia del coronavirus, recalcaron que los policías que están en primera línea “no han sido cuidados como corresponde”, ya que en la mayoría de las unidades policiales “no se ha provisto de elementos de bioseguridad para la protección personal”.
Afirmaron que ni el COE provincial, ni el COE policial se hacen cargo de los policías que contrajeron el virus y existe una fuerte presión para que los policías que se enfermen, continúen trabajando a pesar de tener síntomas”.
Sobre el pago del bono de cinco mil pesos, dijo que directamente no fueron abonados y esperan que se cumpla como lo dijo el Ministro.
Empleados del Poder Judicial de la provincia, no fueron incluidos en el pago del bono de fin de año. Freddy Berdeja Secretario General del gremio judicial, no supo dar explicaciones a esta decisión del gobierno, que afectará al menos a 800 trabajadores que estarían en condiciones de percibir esa ayuda.
Dos personas, oriundas de la ciudad de Palpalá, se salvaron de milagro tras accidentarse en la Ruta 50, a la altura de la localidad de Rio Blanco, departamento de Orán, Salta. Según medios de la vecina provincia de Salta, el vehículo en que se trasladaban los jujeños, salió imprevistamente del asfalto y terminaron en la banquina, golpeando un árbol.
El pedido de imputación y detención inmediata contra el ex Fiscal General Sergio Lello Sánchez y el actual Senador de LLA, se realizó en el marco de una causa donde estuvo imputado el empresario Facundo Pederiva.
Una nueva audiencia del juicio por la desaparición y femicidio de la adolescente Angelina “Angie” Gonzáles se llevó a cabo ayer, cargada de testimonios forenses y la tensión tras la reciente muerte de la hermana del imputado, Adrián Ochoa, lo que plantea un nuevo desafío en este proceso judicial.
El caso recién salió a la luz, pero la estafa se venía sosteniendo desde hace más de dos años, según las denuncias de los afectados. Una ex alumna habría contactado a estudiantes de esa casa de Estudios, ofreciéndole descuentos de hasta un 20% durante varios años. Recibía ese monto, pero nunca iba a las arcas de la Universidad.
Viviana Flores es vecina de las 820 Viviendas de Malvinas, uno de los barrios más inseguros de la capital jujeña. Como en otros sectores aledaños, allí abunda la venta de droga, los robos en domicilios particulares. Ellos detectaron dos puntos de venta de drogas, ubicados sobre peatonales y todo el vecindario los conoce.
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre. De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.
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El próximo titular del centenario partido, será el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de 36 años. Llega con el respaldo de Maxi Pullaro, el gobernador jujeño Carlos Sadir y Gustavo Valdez.