Todo el sistema público de salud de la provincia, manifestó su indignación y bronca que causó el Decreto Acuerdo Nº 1444-S/2020, donde el gobierno de la provincia dispone multa de hasta un millón de pesos y hasta podrían ir presos el personal de salud que incumpla o se niegue a obedecer órdenes del Ministerio de Salud de la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus.
JUJUY02 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
El Decreto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, dispone que en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica será sancionado con multa y hasta con cárcel si se negara a cumplir con las disposiciones de ese organismo.
“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501.-
La reacción de todos los organismos de salud, sectores políticos, de la justicia y la sociedad entera, se expresó claramente en contra de la medida debido a que avasalla todo derecho que tienen los trabajadores, además de convertirse en una norma anticonstitucional.
“Este accionar se da en medio de un sistema sanitario colapsado y donde existen múltiples denuncias de avasallamiento de derechos laborales y de persecución a quienes están en la primera línea”, opinó la diputada de la Izquierda Natalia Morales.
Consideró además que “este accionar persecutorio y de criminalización al personal de la salud se da luego de varios meses de cuarentena donde el personal de salud de Jujuy denunció en varias medidas de lucha que no se cumplían las licencias por ser personas de riesgo o a mayores de 60 años, también que arbitrariamente trasladaban a profesionales de lugares de atención, que necesitaban equipos de protección para atender pacientes ya que no podían exponer ni exponerse”.
El Consejo de Médicos se expresó al respecto y consideró que "Mediante el decreto se pretende intimidar a los profesionales médicos, ya sean del sector público o privado, con apercibimiento de multas y/o persecuciones penales, contravencionales y hasta de responsabilidad civil en manifiesta violación a disposiciones legales de mayor jerarquía", señalaron desde el Consejo y agregaron que expresan su "su profunda disconformidad con los términos del referido decreto frente a la actual situación epidemiológica por Covid-19 los médicos se encuentran cumpliendo con sus funciones atendiendo las patologías propias de la pandemia como el resto de las enfermedades que parece la población y de las cuales el sistema de salud no puede olvidar".
Señalaron que es "innecesario" sumar aún mayor presión a los profesionales médicos, dejándolos "más vulnerables en el peor momento de la pandemia". "Atribuir responsabilidad a los médicos por la deficiente infraestructura del sistema de salud que se ve resentido aún más por la relajación del distanciamiento social es injusto", concluyen.
Por su parte el Colegio Médico observaron que “las sanciones impuestas son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. En ese sentido, indicaron que implican una violación a la Constitución y los tratados de derechos humanos y que significa una amenaza a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y -en consecuencia- no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar".
La diputada Alejandra Cejas anticipo “recurrirán a la justicia ya que el decreto “autofaculta” al gobernador a poner multas o inhabilitar a profesionales del sistema de salud que no cumplan las directivas, decisiones o indicaciones que se les den”.
“Es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”, advirtió la legisladora del PJ.
La noticia ganó rápidamente las primeras planas de los medios nacionales, mencionando que la provincia perdió el estado derecho, asumiendo facultades que no le son propias.
Por este motivo, todas las organizaciones de Salud de la provincia, están convocando a una masiva movilización para el día jueves y advierten que de no revertirse esta situación se tomarán medidas de fuerzas muchas más duras que podrían llegar a paralizar el sistema de salud de la provincia.
Las nuevas autoridades de la Asociación del Personal de la Legislatura (APL -Jujuy), asumieron sus funciones en el marco de un proceso de renovación institucional que reafirma la participación democrática de los trabajadores del Poder Legislativo.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir participó, de una mesa redonda con la Junta Directiva de Río Tinto, empresa minera que invierte en el proyecto litífero Olaroz que se desarrolla en Jujuy, tras adquirir la compañía Arcadium Lithium.
Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina detectó a un grupo de trabajadores de nacionalidad china que trabajaban en forma ilegal en una empresa ubicada dentro del Parque Industrial de Ciudad Perico.
En el marco de la segunda Sesión Especial del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, prestó juramento como concejal Sol Melina de Lourdes Doguino, que reemplaza - por ser la primer suplente- en el cargo a Keila Zequeiros.
Docentes de los distintos nivel, consideran como positivo el avance que se logró en la Legislatura de la Provincia, donde se logró la aprobación de una "nueva grilla de calificación docente".
Hasta hoy la relación del gobernador Carlos Sadir y los intendentes, se centraba en el envío de un proyecto de ley para reformar o crear un nuevo régimen de reparto de fondos provinciales a los municipios, promesa realizada desde principio de año, generando expectativas y promesas en la Legislatura jujeña durante el año 2025.
El caso recién salió a la luz, pero la estafa se venía sosteniendo desde hace más de dos años, según las denuncias de los afectados. Una ex alumna habría contactado a estudiantes de esa casa de Estudios, ofreciéndole descuentos de hasta un 20% durante varios años. Recibía ese monto, pero nunca iba a las arcas de la Universidad.
El pedido de imputación y detención inmediata contra el ex Fiscal General Sergio Lello Sánchez y el actual Senador de LLA, se realizó en el marco de una causa donde estuvo imputado el empresario Facundo Pederiva.
El próximo titular del centenario partido, será el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de 36 años. Llega con el respaldo de Maxi Pullaro, el gobernador jujeño Carlos Sadir y Gustavo Valdez.
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Empleados del Poder Judicial de la provincia, no fueron incluidos en el pago del bono de fin de año. Freddy Berdeja Secretario General del gremio judicial, no supo dar explicaciones a esta decisión del gobierno, que afectará al menos a 800 trabajadores que estarían en condiciones de percibir esa ayuda.