El Decreto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, dispone que en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica será sancionado con multa y hasta con cárcel si se negara a cumplir con las disposiciones de ese organismo.

“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501.-

La reacción de todos los organismos de salud, sectores políticos, de la justicia y la sociedad entera, se expresó claramente en contra de la medida debido a que avasalla todo derecho que tienen los trabajadores, además de convertirse en una norma anticonstitucional.

“Este accionar se da en medio de un sistema sanitario colapsado y donde existen múltiples denuncias de avasallamiento de derechos laborales y de persecución a quienes están en la primera línea”, opinó la diputada de la Izquierda Natalia Morales.

Consideró además que “este accionar persecutorio y de criminalización al personal de la salud se da luego de varios meses de cuarentena donde el personal de salud de Jujuy denunció en varias medidas de lucha que no se cumplían las licencias por ser personas de riesgo o a mayores de 60 años, también que arbitrariamente trasladaban a profesionales de lugares de atención, que necesitaban equipos de protección para atender pacientes ya que no podían exponer ni exponerse”.

El Consejo de Médicos se expresó al respecto y consideró que "Mediante el decreto se pretende intimidar a los profesionales médicos, ya sean del sector público o privado, con apercibimiento de multas y/o persecuciones penales, contravencionales y hasta de responsabilidad civil en manifiesta violación a disposiciones legales de mayor jerarquía", señalaron desde el Consejo y agregaron que expresan su "su profunda disconformidad con los términos del referido decreto frente a la actual situación epidemiológica por Covid-19 los médicos se encuentran cumpliendo con sus funciones atendiendo las patologías propias de la pandemia como el resto de las enfermedades que parece la población y de las cuales el sistema de salud no puede olvidar".

Señalaron que es "innecesario" sumar aún mayor presión a los profesionales médicos, dejándolos "más vulnerables en el peor momento de la pandemia". "Atribuir responsabilidad a los médicos por la deficiente infraestructura del sistema de salud que se ve resentido aún más por la relajación del distanciamiento social es injusto", concluyen.

Por su parte el Colegio Médico observaron que “las sanciones impuestas son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. En ese sentido, indicaron que implican una violación a la Constitución y los tratados de derechos humanos y que significa una amenaza a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y -en consecuencia- no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar".

La diputada Alejandra Cejas anticipo “recurrirán a la justicia ya que el decreto “autofaculta” al gobernador a poner multas o inhabilitar a profesionales del sistema de salud que no cumplan las directivas, decisiones o indicaciones que se les den”.

“Es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”, advirtió la legisladora del PJ.

La noticia ganó rápidamente las primeras planas de los medios nacionales, mencionando que la provincia perdió el estado  derecho, asumiendo facultades que no le son propias.

Por este motivo, todas las organizaciones de Salud de la provincia, están convocando a una masiva movilización para el día jueves  y advierten que de no revertirse esta situación se tomarán medidas de fuerzas muchas más duras que podrían llegar a paralizar el sistema de salud de la provincia.