Todo el sistema público de salud de la provincia, manifestó su indignación y bronca que causó el Decreto Acuerdo Nº 1444-S/2020, donde el gobierno de la provincia dispone multa de hasta un millón de pesos y hasta podrían ir presos el personal de salud que incumpla o se niegue a obedecer órdenes del Ministerio de Salud de la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus.
JUJUY02 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
El Decreto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, dispone que en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica será sancionado con multa y hasta con cárcel si se negara a cumplir con las disposiciones de ese organismo.
“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501.-
La reacción de todos los organismos de salud, sectores políticos, de la justicia y la sociedad entera, se expresó claramente en contra de la medida debido a que avasalla todo derecho que tienen los trabajadores, además de convertirse en una norma anticonstitucional.
“Este accionar se da en medio de un sistema sanitario colapsado y donde existen múltiples denuncias de avasallamiento de derechos laborales y de persecución a quienes están en la primera línea”, opinó la diputada de la Izquierda Natalia Morales.
Consideró además que “este accionar persecutorio y de criminalización al personal de la salud se da luego de varios meses de cuarentena donde el personal de salud de Jujuy denunció en varias medidas de lucha que no se cumplían las licencias por ser personas de riesgo o a mayores de 60 años, también que arbitrariamente trasladaban a profesionales de lugares de atención, que necesitaban equipos de protección para atender pacientes ya que no podían exponer ni exponerse”.
El Consejo de Médicos se expresó al respecto y consideró que "Mediante el decreto se pretende intimidar a los profesionales médicos, ya sean del sector público o privado, con apercibimiento de multas y/o persecuciones penales, contravencionales y hasta de responsabilidad civil en manifiesta violación a disposiciones legales de mayor jerarquía", señalaron desde el Consejo y agregaron que expresan su "su profunda disconformidad con los términos del referido decreto frente a la actual situación epidemiológica por Covid-19 los médicos se encuentran cumpliendo con sus funciones atendiendo las patologías propias de la pandemia como el resto de las enfermedades que parece la población y de las cuales el sistema de salud no puede olvidar".
Señalaron que es "innecesario" sumar aún mayor presión a los profesionales médicos, dejándolos "más vulnerables en el peor momento de la pandemia". "Atribuir responsabilidad a los médicos por la deficiente infraestructura del sistema de salud que se ve resentido aún más por la relajación del distanciamiento social es injusto", concluyen.
Por su parte el Colegio Médico observaron que “las sanciones impuestas son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. En ese sentido, indicaron que implican una violación a la Constitución y los tratados de derechos humanos y que significa una amenaza a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y -en consecuencia- no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar".
La diputada Alejandra Cejas anticipo “recurrirán a la justicia ya que el decreto “autofaculta” al gobernador a poner multas o inhabilitar a profesionales del sistema de salud que no cumplan las directivas, decisiones o indicaciones que se les den”.
“Es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”, advirtió la legisladora del PJ.
La noticia ganó rápidamente las primeras planas de los medios nacionales, mencionando que la provincia perdió el estado derecho, asumiendo facultades que no le son propias.
Por este motivo, todas las organizaciones de Salud de la provincia, están convocando a una masiva movilización para el día jueves y advierten que de no revertirse esta situación se tomarán medidas de fuerzas muchas más duras que podrían llegar a paralizar el sistema de salud de la provincia.
Desde ATE se trabaja para el pase a planta permanente de todos ellos, pero año tras años se siguen sumando los “precarizados” que perciben salarios de miseria y deben aportar entre 4 y 8 horas diarias de trabajo.
En horas de la mañana los inspectores de tránsito, llevaron su reclamo al Concejo Deliberante, donde se solicitó al presidente Lisandro Aguar, que arbitre los medios necesarios para que se abra el diálogo ante el Ejecutivo Municipal.
Se cumple en la jornada de hoy un paro por 2 horas convocado por APUAP en todo el ámbito de la salud pública. Los trabajadores exigen discusión paritaria y salario igual a la canasta familiar, entre otros Reclamos.
Lautaro Leonel Sosa, alumno de sexto año, de la Escuela Técnica Provincial N°1 "Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte fue seleccionado por Jala University, institución formativa que le otorgó una beca del 100% para poder realizar estudios de Ingeniería en Software Comercial en institución de Estados Unidos.
Actualmente hay cerca de 300 camiones que no pueden atravesar el Paso de Jama, por negligencia del personal de control fronterizo y los responsables de la Coordinación de Frontera que no pueden articular acciones conjuntas para agilizar el paso de los camiones al vecino país de Chile.
El secretario general de la Asociación de Judiciales, Freddy Berdeja, dijo que preocupa en el ámbito de la CGT Regional Jujuy, la implementación de la Ley 5863 de Convenio Colectivo de Trabajo. Esta mañana los representantes gremiales se reunieron con legisladores de la Comisión de trabajo y advirtieron con dar intervención a la justicia si no se respeta los términos de dicha norma sancionada en febrero del 2015 y que a la fecha no fue implementada.
Actualmente hay cerca de 300 camiones que no pueden atravesar el Paso de Jama, por negligencia del personal de control fronterizo y los responsables de la Coordinación de Frontera que no pueden articular acciones conjuntas para agilizar el paso de los camiones al vecino país de Chile.
El 9 de Julio los argentinos conmemoramos la independencia nacional pero realmente vale preguntarse. Qué ocurrió en esa fecha? Vamos a hacer un poco de historia, en 1816 un 9 de julio, se reúnen en Tucumán representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un evento que se conoce como el congreso de Tucumán.
En la histórica ciudad de Humahuaca, se llevó a cabo hoy el acto central por el 209º Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, con una emotiva ceremonia que convocó a autoridades provinciales, municipales, instituciones educativas y vecinos de la región.
El presidente Javier Milei brindó una entrevista radial tras bajarse del acto por el 9 de julio en Tucumán. Apuntó a los mandatarios provinciales por el reclamo de coparticipación y sostuvo que "quieren romper todo".
Integrantes de la Comunidad Cueva del Inca, comenzaron con la reconstrucción de las viviendas que fueron prácticamente destruidas en su totalidad, tras el violento desalojo llevado a cabo días atrás ´por parte de fuerzas policiales, bomberos y la justicia.