Todo el sistema público de salud de la provincia, manifestó su indignación y bronca que causó el Decreto Acuerdo Nº 1444-S/2020, donde el gobierno de la provincia dispone multa de hasta un millón de pesos y hasta podrían ir presos el personal de salud que incumpla o se niegue a obedecer órdenes del Ministerio de Salud de la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus.
JUJUY02 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
El Decreto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, dispone que en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica será sancionado con multa y hasta con cárcel si se negara a cumplir con las disposiciones de ese organismo.
“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501.-
La reacción de todos los organismos de salud, sectores políticos, de la justicia y la sociedad entera, se expresó claramente en contra de la medida debido a que avasalla todo derecho que tienen los trabajadores, además de convertirse en una norma anticonstitucional.
“Este accionar se da en medio de un sistema sanitario colapsado y donde existen múltiples denuncias de avasallamiento de derechos laborales y de persecución a quienes están en la primera línea”, opinó la diputada de la Izquierda Natalia Morales.
Consideró además que “este accionar persecutorio y de criminalización al personal de la salud se da luego de varios meses de cuarentena donde el personal de salud de Jujuy denunció en varias medidas de lucha que no se cumplían las licencias por ser personas de riesgo o a mayores de 60 años, también que arbitrariamente trasladaban a profesionales de lugares de atención, que necesitaban equipos de protección para atender pacientes ya que no podían exponer ni exponerse”.
El Consejo de Médicos se expresó al respecto y consideró que "Mediante el decreto se pretende intimidar a los profesionales médicos, ya sean del sector público o privado, con apercibimiento de multas y/o persecuciones penales, contravencionales y hasta de responsabilidad civil en manifiesta violación a disposiciones legales de mayor jerarquía", señalaron desde el Consejo y agregaron que expresan su "su profunda disconformidad con los términos del referido decreto frente a la actual situación epidemiológica por Covid-19 los médicos se encuentran cumpliendo con sus funciones atendiendo las patologías propias de la pandemia como el resto de las enfermedades que parece la población y de las cuales el sistema de salud no puede olvidar".
Señalaron que es "innecesario" sumar aún mayor presión a los profesionales médicos, dejándolos "más vulnerables en el peor momento de la pandemia". "Atribuir responsabilidad a los médicos por la deficiente infraestructura del sistema de salud que se ve resentido aún más por la relajación del distanciamiento social es injusto", concluyen.
Por su parte el Colegio Médico observaron que “las sanciones impuestas son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. En ese sentido, indicaron que implican una violación a la Constitución y los tratados de derechos humanos y que significa una amenaza a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y -en consecuencia- no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar".
La diputada Alejandra Cejas anticipo “recurrirán a la justicia ya que el decreto “autofaculta” al gobernador a poner multas o inhabilitar a profesionales del sistema de salud que no cumplan las directivas, decisiones o indicaciones que se les den”.
“Es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”, advirtió la legisladora del PJ.
La noticia ganó rápidamente las primeras planas de los medios nacionales, mencionando que la provincia perdió el estado derecho, asumiendo facultades que no le son propias.
Por este motivo, todas las organizaciones de Salud de la provincia, están convocando a una masiva movilización para el día jueves y advierten que de no revertirse esta situación se tomarán medidas de fuerzas muchas más duras que podrían llegar a paralizar el sistema de salud de la provincia.
Padres tomaron las instalaciones de la Escuela 298 "Plinio Zabala" ante la mirada indiferente del gobierno provincial y de las autoridades del Ministerio de Educación, por el pésimo estado del edificio. No ocultaron su malestar contra las autoridades provinciales por esta situación y otras irregularidades que presenta el establecimiento.
La tercera semana de septiembre llega con propuestas culturales que recorren la provincia: actos históricos, festivales gauchos, celebraciones patronales, desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, conciertos y teatro.
En Jujuy, médicos, psicólogos y representantes sindicales de hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte denunciaron la crisis en la salud pública y convocaron a la movilización de este martes frente al Congreso. Alertaron por renuncias masivas, precarización laboral y el vaciamiento de la salud mental.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE), se llevará a cabo hoy el tradicional Desfile “Bienvenida Primavera”, que marca el tan ansiado inicio oficial de la festividad estudiantil.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
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Un hombre identificado como A.L.S. fue condenado a la pena de 6 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual simple (dos hechos) agravado por el vínculo y aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años en concurso real”; ilícitos perpetrados contra su hija, menor de edad, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.
No hubo juicio donde se determinara la verdadera responsabilidad, sin embargo la justicia liberó de cargo y culpa a la familia Segura, dueños del supermercado Comodín sucursal Ciudad de Nieva, donde se produjo a principio de año un feroz incendio que terminó con la muerte de cinco personas.