En Jujuy son 36 los trabajadores que pierden su principal fuente laboral con el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, anunciada hace pocos días por el presidente Javier Milei.
JUJUY 21/03/2024
Fernando Burgos
En horas de la mañana realizaron una jornada de protesta en la legislatura jujeña y pidieron por la continuidad del programa para seguir asistiendo a más de 5 mil familias en toda la provincia.
Vicente López trabajador de la institución, dijo que “particularmente desde el año 93 me desempeño, estoy asesorando productores vitivinícolas. Actualmente en Jujuy pero estuve en Tucumán en Amaicha del Valle, desarrollando esta actividad junto a la Comunidad Indígena donde se plantaron viñedos y se hizo una bodega que actualmente está funcionando y me vine hace dos años a Jujuy a trabajar con vitivinicultores”.
Por su parte, Moisés Rioja afirmó que “el cierre del Instituto principalmente significa la eliminación de la única política pública destinada para el sector de la agricultura familiar. Hoy en Jujuy son más de 5 mil familias que son abordadas por la Agricultura familiar, por un equipo de 36 técnicos profesionales, distribuidos en toda la provincia. La eliminación del Instituto es eso, quitarle a las comunidades indígenas, a los productores, comunidades campesinas, a los grupos de productores, la única posibilidad de hacer asistencia. No existe otra institución, no existe en el país quienes lleguen al territorio como llegamos nosotros, estamos, acompañamos a las comunidades, no solamente con políticas de la Agricultura Familiar, sino también acercamos un montón de otras políticas de otras dependencias territorial”.
Otra de las trabajadores destacó que “durante el tiempo que viene existiendo en Instituto, 30 años de antigüedad, se ha asistido en el país cerca de 160 mil productores de la agricultura familiar, se ha acompañado a las comunidades originarias, se ha mejorado la calidad de la infraestructura productiva, se hicieron proyectos de agua, de mejoramiento de galpones, centros comunitarios; se ha acompañado a grupos de mujeres para acceder a derechos, se hizo un registro nacional de la agricultura familiar, donde se pueden anotar todos los productores para estar contenidos dentro de un censo agropecuario que valora su producción, los alimentos sanos, ecológicos; tratan de abrir mercados, ferias, para que ellos puedan tener acceso a la venta pública y precios justos y los alimentos de los agricultores familiares llegue a la mesa de todos”.
Agregó que “estamos en una situación donde todo eso no se está valorando, no se está viendo y con un total desconocimiento del gobierno nacional, ningunea a los trabajadores a una institución de tantos años y no lo podemos permitir. Estamos para desmentir todos los dichos que nos indigna y no queremos que esto pase, porque está puesto nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de muchos años”.
Finalmente destacó que “el cierre además de la falta de acceso a políticas públicas, para los productores, también significa la pérdida de puestos de trabajo para mucha gente, casi 900 familias que van a quedar en la calle. Eso no es justo, porque el estado es el responsable de garantizar nuestros derechos laborales, estar en planta permanente. No nos pueden despedir después de que haya compañeros con 30 años de antigüedad sin ninguna protección”.
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