El Gobierno de Jujuy anunció hoy el pago de un bono de $100.000 destinado a empleados de la administración pública que se abonará en tres tramos a partir del mes de diciembre próximo, luego de una jornada de protestas por parte de trabajadores por incrementos salariales.
JUJUY09 de noviembre de 2023
Fernando Burgos
El incentivo adicional alcanzará a los agentes de Estado provincial que perciben un sueldo de “hasta $400.000 de bolsillo”, mientras que los empleados que cobran “un haber mayor al consignado, recibirán un monto extraordinario de $70.000”, precisaron en un comunicado de prensa.
Desde el Ejecutivo provincial detallaron el pago de los $100.000 se efectuará en tres tramos: El primero, de $40.000 en diciembre próximo; el segundo, de $30.000 en enero de 2024; y el tercero, de $30.000 en febrero de 2024.
Por otra parte, señalaron que el bono de $70.000 se efectivizará en tres tramos: $30.000 en diciembre próximo, $20.000 en enero de 2024 y $20.000 en febrero de 2024.
El anuncio se realizó en la noche de este jueves, luego de una jornada de protestas por parte de múltiples gremios estatales que reclaman la reapertura de paritaria, entre el sector docente que reclama un piso salarial de $295.000.
En ese marco denunciaron que las reuniones con las autoridades provinciales en las que se avanza "sin ofrecimiento" de incrementos y tras un periodo de "cuatro meses de congelamiento salarial".
La marcha llegó hasta la Casa de Gobierno local, donde confluyeron también organizaciones sociales y el Tercer Malón de la Paz, renovando el reclamo contra la reforma de la Constitución jujeña.
Referentes de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) presentes en la manifestación advirtieron sobre el tratamiento de proyecto de ley con el que se busca que el Tribunal de Cuentas de la provincia quede "con funciones diezmadas en el control de las finanzas públicas".
"Hoy venimos a ratificar la defensa irrestricta de nuestro derecho a salarios dignos y también nuestra posición de rechazo a una reforma innecesaria, inconsulta, ilegal e inconstitucional", acotó en ese sentido Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy (Apuap).
El referente habló también del reimpulso de la lucha multisectorial llevada adelante en junio en medio de la aprobación de la reforma de la Carta Magna local, y sostuvo: "Acá no se rinde nadie y no vamos a dar un paso atrás en la defensa de nuestros derechos".
Integrantes del Tercer Malón de la Paz que sostienen medidas de protesta a nivel provincial y en Buenos Aires, también sumaron su voz llamando a continuar la lucha hasta que "caiga" la reforma constitucional.
En cuanto al reclamo paritario, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), Sebastián López, remarcó que los trabajadores estatales de Jujuy llevan "cuatro meses de congelamiento salarial ante una inflación que sigue avanzando".
Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), criticó el desarrollo de reuniones paritarias con "ausencia de propuesta de incremento" por parte del Ejecutivo local.
"Necesitamos urgente esa recomposición salarial por cómo se viene dando el proceso inflacionario", sostuvo Vélez al llamar a la unidad del pueblo trabajador para hacer oír el reclamo.
El paro de 24 horas y la movilización en la ciudad capital de los trabajadores estatales se enmarcaron en una segunda jornada de protesta convocada desde la Intergremial de Jujuy, y por la que ayer hubo "ruidazos" y "cartelazos" en instituciones educativas y distintas reparticiones públicas de la provincia.
Junto a los gremios también se sumaron el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Jujuy (Adiunju), entre otras organizaciones.
Las comunidades ubicadas en la zona este del departamento de Modesto Omiste (Bolivia) denuncian que aguas residuales provenientes de La Quiaca, Argentina, contaminan sus tierras y afectan la producción. A pesar de varias reuniones sobre el tema, no hay solución. Los comunarios cercanos a Villazón señalan la inacción de las autoridades.
El organismo gubernamental emitió la Resolución N° 8194-E, con el objetivo de organizar los tiempos y espacios institucionales para la 74ª Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La nueva normativa busca consolidar el valor educativo de esta tradicional celebración.
Autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y representantes del CONICET denuncian un desfinanciamiento que paraliza la investigación, incluso en áreas estratégicas como el litio, y provoca una alarmante fuga de profesionales. Advierten que el presupuesto anunciado solo mantiene los valores de 2023 y no contempla la inflación ni la recuperación salarial.
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El intendente de San Pedro, Julio Bravo le reclamó al gobernador de la provincia, el envío en un plazo de 20 días, del anteproyecto de ley de Coparticipación Municipal, para que la legislatura comience su tratamiento y lo apruebe antes de fin de año.
Vecinos del barrio ubicado sobre Ruta 66, sobre avenida Juella expresaron su preocupación por la acumulación de basura, escombros y hasta animales muertos en distintas cuadras. Además afirmaron que hay falencias en la recolección de residuos y en la iluminación, lo que incrementa la inseguridad en la zona y píden al intendente Raúl Jorge, una intervención urgente en el lugar.
Durante el fin de semana, personal de la Regional 8 intervino en seis siniestros viales, dos de ellos con alcoholemia positiva en conductores de motovehículos. No se registraron heridos de gravedad, aunque crece la preocupación social por el aumento de accidentes y los ruidos molestos vinculados a las motos.
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Los exjefes de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, habían intentado pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
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"Es grave la situación que atraviesan personas con discapacidad a las que sus pensiones fueron suspendidas, muchas no recibieron ningún tipo de notificación y hoy padecen el abandono del Estado nacional evaluó la abogada Alicia Chalabe, quien presentó una acción judicial en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr Esteban Hansen y en las próximas horas esperan alguna respuesta.