SIGUE EL HOSTIGAMIENTO POLICIAL A FAMILIAS DE CASPALA

La Comunidad Aborigen de Caspalá se mantiene en estado de alerta por el constante hostigamiento policial que reciben vecinos a raíz de la decisión del gobierno provincial de avanzar en la construcción de una escuela, conflicto que se encuentra judicializado en el fuero local y federal.

JUJUY 05/10/2023 El Expreso de Jujuy El Expreso de Jujuy
CASPALA POLICIA

Los comuneros que  realizaban una manifestación y mantienen un acampe en la cancha de fútbol donde se pretende construir el establecimiento educativo, y fueron sancionados con multas contravencionales.

El paraje de Caspalá ubicado a 4.000 metros de altitud en el Departamento de Valle Grande. En ese lugar los habitantes denunciaron que al lugar llegaron efectivos policiales para "hostigar" a quienes "estamos defendiendo nuestro territorio", aseguraron voceros locales.

Indicaron, además, que se emitieron "multas y contravenciones para generar miedo" a los manifestantes que permanecen en una protesta en inmediaciones del espacio deportivo comunitario en disputa.

El conflicto se mantiene desde noviembre del 2022 cuando los lugareños se alzaron contra la decisión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de construir una escuela en un sitio que es considerado por los pobladores locales como su "único espacio comunitario".

La diferencia de posiciones derivó a fines de noviembre del pasado año en un violento avance policial que tuvo un saldo de varios heridos y heridas, al tiempo que se incrementaron las presentaciones en la Justicia local y federal.

"En la actualidad tenemos una medida de no innovar en el sitio, dictada por el Juzgado Federal N°2 de Jujuy, por una denuncia que hicimos por usurpación, violencia institucional e incumplimiento a los deberes de funcionario público en contra del gobernador, Gerardo Morales y el jefe comunal Natividad Apaza", explicó a Télam la abogada de la comunidad originaria, Silvana Llañes, sobre la investigación en curso.

Aclaró que la cancha de fútbol es de titularidad de María Liberata Apaza, es decir "es una propiedad privada, tienen títulos individuales, pero con un uso comunitario que es como se manejan culturalmente y ancestralmente los pobladores nativos".

"Sin embargo, el Gobierno jujeño y la empresa constructora desconocen esta situación y están destruyendo el lugar que le permitió al pueblo de Caspalá conseguir una distinción internacional como una de las villas turísticas más sustentables del mundo", completó.

La representante legal de la Comunidad Indígena de Caspalá, consideró que las autoridades del Ejecutivo provincial se apoyan en "una actitud caprichosa para construir la escuela en el espacio comunitario y no en otro sitio designado para tal fin".

La problemática se materializó con presentaciones legales en los fueros civil, contencioso administrativo locales y la Justicia Federal, "para dar cuenta que es una propiedad privada, pero como en Jujuy no hay justicia, no se respeta la medida de no innovar".

"La gente del lugar se cansó de esta injusticia, la falta de imparcialidad por parte del Poder Judicial de la provincia de Jujuy y resolvieron de manera colectiva mantener su protesta con un acampe permanente ante el intempestivo avance de las obras", agregó la letrada.

En relación a las contravenciones emitidas por los organismos provinciales, señaló que "la vamos a contestar porque las familias son titulares de dominios y lo único que busca la policía es amenazar como lo vienen haciendo desde siempre".

"El Gobierno de Gerardo Morales quiere sacarles la tierra a los comuneros de manera impune con la connivencia del Poder Judicial de la provincia de Jujuy", resumió Llañes y afirmó que "no hay el Estado de derecho" en esa jurisdicción.

"Aquí se violó el convenio 169 de la OIT en lo que respecta en consentimiento previo, libre e informado de la comunidad, tampoco se respetó el artículo 75 inciso 10 de la Constitución Nacional por no respetar la identidad y el territorio del colectivo originario", sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre el agravamiento del conflicto porque "no hay una división de poderes que genere una imparcialidad en la resolución del problema" y dijo que "no tenemos seguridad jurídica que de tranquilidad a la comunidad que está defendiendo su tierra".

"Hacemos responsable al Gobierno jujeño de lo que pueda pasar en el lugar porque es totalmente ilógico el atropello que ejercen en la provincia. La propiedad privada y comunitaria se debe respetar", expresó la defensora de los comuneros.

 

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