La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, presentó hoy su informe final sobre la "actuación represiva" desplegada en junio pasado por "las autoridades de la provincia de Jujuy" contra la población civil que se manifestó en contra de la reforma constitucional, y tipificó la "vulneración sistemática y generalizada" de los derechos de los manifestantes como "delitos de lesa humanidad".
JUJUY20 de septiembre de 2023
El Expreso de Jujuy
El espacio multidisciplinario estuvo desde el 16 al 26 de junio en Jujuy, como lo hizo previamente en otros países, ante las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Gobierno jujeño.
"El Estado Argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño", sostuvo la Misión en las conclusiones del informe de 75 carillas al que accedió Télam.
"Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH", agregó.
También observó que el Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron "gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales".
La Misión planteó que las autoridades jujeñas no sólo "no garantizaron derechos" de los ciudadanos, sino que además llevaron adelante "una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil".
Para el colectivo interdisciplinario "las autoridades de la provincia de Jujuy utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH", y sin observar los "criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo estado de derecho democrático".
En este despliegue, los miembros de la Misión observaron y constataron la "comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales".
Los integrantes del colectivo consideraron que las autoridades de la provincia de Jujuy deben ser investigadas por "tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares" y atento a que "las graves violaciones a los derechos humanos constatadas configuran delitos de lesa humanidad".
En otro de los apartados del informe se dio cuenta de manera detallada el hostigamiento a trabajadoras de prensa en todo el ámbito de la provincia pero, en particular, antes y después de la represión de 20 de junio en las inmediaciones de la Legislatura y en las puertas de la Casa de Gobierno jujeño.
Entre los múltiples casos verificados, mencionaron las detenciones de los periodistas Camilo Kay Haro Galli, del diario digital El Submarino Jujuy, y Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, así como los mensajes y llamados telefónicos intimidatorios a trabajadores de prensa integrantes de la PUAJ.
El 20 de junio en la esquina de la Legislatura personal policial uniformado y de civil arrojó piedras de gran tamaño a fotógrafos, camarógrafos y cronistas.
Marcos Pérez del SiPreBA realizaba una cobertura para Radio Gráfica y Radio Panamericana, cuando fue agredido con un proyectil arrojado con gomera por personal policial uniformado mientras que el cronista de TN, Santiago Martella, fue herido en su pómulo derecho.
"El camarógrafo Daniel Bello, de la agencia Télam fue alcanzado por tres postas de goma en distintas situaciones. Una de las postas lo hiere en su rostro, muy cerca del ojo izquierdo mientras realizaba cobertura frente a la Legislatura jujeña. Otro de los impactos le da en su mano cuando intenta cubrirse tras un murallón y el tercer impacto da en una de sus piernas", detalló el documento.
El informe fue presentado esta tarde en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires ubicado en Uruguay 485 de esta capital.
La delegación que realizó el informe estuvo integrada por organismos de derechos humanos como la Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi); la Asociación Liberpueblo; la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH); Asociación Xumek; organizaciones políticas y sociales como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y organizaciones gremiales como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), ATE y la CTA Autónoma.
El documento fue firmado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el diputado nacional, Juan Marino; Mariana Katz de Serpaj; Gonzalo Armua y Alicia Montoya del Frente Patria Grande; Lorena de la Cruz y Emanuel Zuccolo de Correpi y por la directora de Derechos de Los Pueblos ATE y de DDHH de la CTA A Nacional, María José Cano, entre otros.
Damnificados por los créditos UVA de la provincia plantearon en la Legislatura la grave situación que atraviesan debido al constante incremento de las cuotas, lo que ha vuelto los préstamos prácticamente imposibles de pagar.
Tomó estado parlamentario el proyecto de ordenanza referente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos, como así también la Ordenanza Impositiva, correspondiente al ejercicio 2026 del municipio capitalino.
Un grupo de personas encabezadas por un reconocido dirigente gremial, quién integra la Comisión de Derechos Humanos, junto a su hijo violentaron y destrozaron las oficinas donde se encuentra la “Casa de las Madres”.
La Unión de Empresarios planteó al gobernador de la provincia Carlos Sadir la preocupación del sector por cierre de empresas locales debido a la caída de la actividad económica. Además planteó como positivo las reformas que se trabajan desde Nación para mejorar la competitividad en las empresas.
Con el objetivo de promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de la detección temprana de la diabetes, profesionales de la salud desarrollan actividades informativas y de control en distintos puntos de la provincia.
Agua Potable de Jujuy detectó una pérdida de agua en la Ciudad de Palpalá, pese al normal funcionamiento de sus plantas. Tras una extensa inspección, se descubrió que un vecino del Barrio Gral. Savio estaba realizando una conexión clandestina de agua y cloaca.
La Policía de la Provincia de Jujuy intervino en múltiples hechos ocurridos durante el fin de semana, entre ellos una violenta gresca en la ciudad de San Pedro, que dejó como saldo una víctima fatal y varios demorados.
La interna en el Partido Justicialista Distrito Jujuy está a punto de estallar. La actual dirigencia encabezada por Leila Chaher armó una lista de 500 afiliados que debían ser suspendidos y se lo llevó a Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en sanciones. Intervino el actual presidente en ejercicio del PJ José Mayans y dejó todo sin efecto y aprobó realizar una nueva convocatoria a elecciones internas para el mes de marzo y posibilitar una participación amplia de todos los sectores del peronismo.
El accionar de la justicia está vinculado a un posible caso de narcotráfico, en el marco de una investigación que lleva adelante la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti. En la jornada de hoy se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.
En el salón Manuel Padilla de la Legislatura, miembros de la comisión de Salud se reunieron con integrantes del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy y del Ministerio de Salud de la provincia con el objetivo de escuchar las propuestas para la aprobación de la ley.
Con el objetivo de promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de la detección temprana de la diabetes, profesionales de la salud desarrollan actividades informativas y de control en distintos puntos de la provincia.