El colegio de Abogados, conducido por el “radical” Ramiro Tizón, se muestra indiferente ante los permanentes actos de avasallamiento, hostigamiento y aprietes que reciben los matriculados por ejercer su profesión, por parte del gobierno de la provincia.
JUDICIALES11 de julio de 2023
El Expreso de Jujuy
Los abogados independientes afirmaron que “no pueden permitir que frente a un Colegio de Abogados anestesiado y mudo, que evidentemente responde a los designios del Gobierno de Jujuy, no exista una institución que haga respetar los derechos de quienes litigan sin ataduras estatales”.
Los abogados independientes de Jujuy, ligados a la Multisectorial provincial, repudiaron el "hostigamiento" que "ejerce" el Gobierno local contra los letrados que defendieron víctimas de la represión del pasado 20 de junio tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución de esa provincia norteña.
El colectivo intersectorial se solidarizó este lunes con la abogada jujeña Mariana Vargas, “una de las letradas que defiende a los manifestantes acosados por la Justicia de Jujuy”, y que a razón de ello “sufre hostigamientos en el ejercicio legal de la profesión”, denunciaron.
En las últimas horas la abogada Vargas recibió una carta documento de parte de la pareja del gobernador Gerardo Morales, para que se “rectifique públicamente” de la información brindada por la letrada en el marco de la causa anteriormente consignada.
“Varios son los casos de amenazas y hostigamientos por ejercer la profesión y asistir a quienes son víctimas de persecución del Estado”, aseguraron desde la Multisectorial.
Los abogados independientes afirmaron que “no pueden permitir que frente a un Colegio de Abogados anestesiado y mudo, que evidentemente responde a los designios del Gobierno de Jujuy, no exista una institución que haga respetar los derechos de quienes litigan sin ataduras estatales”.
“Las sociedades democráticas no admiten prerrogativas de clase o raza, somos todos iguales ante la ley”, completaron.
Vargas participó activamente asistiendo con su patrocinio a parte de los más de 60 detenidos durante la jornada del 20 de junio, cuando luego de aprobarse el texto normativo se desató una violenta represión que se extendió por más de cuatro horas en inmediaciones de la Legislatura y otros barrios de la capital provincial.
La abogada había denunciado la detención por diez días con prisión preventiva de un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un grupo policial en cercanías del domicilio del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
El detenido registró en un video a un grupo de efectivos que se desplazaba hacia el domicilio del mandatario jujeño en otro sector de la capital, imágenes que se multiplicaron en portales web y redes sociales.
En el marco de la investigación, Vargas presentó un habeas corpus y una impugnación de la detención "para conseguir la libertad" de su defendido, indicó en ese momento la abogada.
“Exigimos respeto a la profesión y a los profesionales independientes. Necesitamos una justicia independiente, sin ataduras al poder de turno, que asegure el correcto acceso a la justicia de la ciudadanía jujeña y que permita el armonioso sistema de derechos, garantías y libertades constitucionales”, finaliza el pronunciamiento de la Multisectorial jujeña.
Viviana Flores es vecina de las 820 Viviendas de Malvinas, uno de los barrios más inseguros de la capital jujeña. Como en otros sectores aledaños, allí abunda la venta de droga, los robos en domicilios particulares. Ellos detectaron dos puntos de venta de drogas, ubicados sobre peatonales y todo el vecindario los conoce.
La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
L.F.M. fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real”, ilícito perpetrado contra un menor de edad en el barrio Alto Comedero.
La incorporación del Dr. Chacón representa un aporte significativo para el Ministerio Público de la Acusación, en tanto su experiencia profesional viene a reforzar el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. Su llegada apunta a profundizar el fortalecimiento interministerial, con el objetivo de consolidar políticas públicas orientadas a brindar a la ciudadanía una justicia eficiente, moderna y de calidad.
Se trata de dos adultos señalados como los responsables de la muerte de “Gringo”, el perro del barrio de la localidad La Mendieta que ganó popularidad gracias a su carisma y el cariño que le tenía la gente. Deberán purgar penas en forma condicional tras ser acusados de torturar y causar la muerte de un perro y por maltrato animal.
En el Barrio “Loteo Bárcena” los vecinos y dirigentes vecinalistas, se resignan a seguir denunciando el narcomenudeo y la venta de drogas, porque “existe convivencia” de la policía con los “dealers” y puestos de ventas. Dicen que hay al menos “15 lugares de ventas” y el flagelo afecta a cientos de familias.
La querella, que representa a víctimas con lesiones oculares y múltiples impactos de balines, afirma que la fiscalía se niega a citar o imputar a altos funcionarios, pese a las pruebas en video que muestran órdenes directas de represión.
El tan esperado evento de egresados de los colegios secundarios de Jujuy, la Cena Blanca, se convirtió en un "viernes tormentoso" y una "vergüenza"de organización.
El grupo de delegados autoconvocados que permanece protestando en la entrada de la empresa Ledesma, recibió el apoyo de la comunidad de Libertador que masivamente se sumaron a la marcha.
El 8 de diciembre, una jornada de compras y celebraciones, por el día de la Inmaculada Concepción. Debido al feriado fue un día de gran afluencia de visitantes en la feria de Perico.
Un grupo de padres contra el dolor y la violencia escolar en torno al contexto del bullying, solicitaron en la legislatura la declaración de la emergencia escolar y una ley que permita abordar esta problemática con mayor profundidad y una campaña para la concientización de los estudiantes.