El procedimiento fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el objeto de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple con arresto domiciliario.

La medida se llevó a cabo con el apoyo de canes que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo -hasta hace poco estuvo internado- y, según su familia, "en sus últimos días".

Ante la sorpresiva medida llevada a cabo por la justica local, la referente de la organización Túpac Amaru solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.

En los últimos días, en Jujuy se desataron varios hechos de violencia con numerosos heridos y detenidos debido a la represión que viene llevando adelante la Policía provincial ante las masivas protestas de manifestantes, en contra la reforma parcial de la Constitución aprobada y jurada el 20 de junio pasado.

La medida judicial que se cumplió esta mañana fue a solicitud del fiscal Funes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el fin de secuestrar "elementos objetivos" que permitan esclarecer la "posible existencia de una instigación a cometer ilícitos" durante esos episodios.

En ese contexto, se investiga a partir de los dichos de una persona sobre la confección de banderas que supuestamente Milagro Sala le habría encargado a cambio de una suma de dinero.

Por su parte, la CTA Autónoma repudió "la persecución y ensañamiento contra la compañera Milagro Sala" y exigió que "se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos".

"En medio del contexto altamente represivo y violento que vive la provincia hace semanas, la policía de Jujuy allanó esta mañana la vivienda de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala", expresó la entidad en un comunicado.

La organización sostuvo que el gobernador Gerardo Morales "sigue ensañándose en la persecución de Milagro Sala, a quien además le siguen negando la posibilidad de un tratamiento médico adecuado en Buenos Aires, mientras pretenden trasladarla a un penal con la excusa de querer hacerla responsable de las movilizaciones que el pueblo jujeño está llevando adelante contra la reforma inconstitucional que ha promovido el gobernador".

De este modo, "Morales busca, a través de estas acciones, distraer y desviar el debate de las plenas responsabilidades que tiene sobre la violencia y represión que está sufriendo el pueblo jujeño en este momento".

"Exigimos el cese de violencia sobre el pueblo jujeño, el desprocesamiento de las y los luchadores sociales y que se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy", indicó la organización gremial.

En tanto, consultado sobre el allanamiento que se realizó hoy en la vivienda de Milagro Sala, el precandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, respondió que tiene que ver con "un proceso de intimidación y con que quieren tapar con el nombre de Milagro Sala lo que sucede en Jujuy, que es una pueblada".

"Si yo fuera presidente conseguiría el apoyo para intervenir esa provincia", expresó el dirigente en declaraciones que realizó esta mañana a la radio El Destape.

En el mismo sentido, se pronunció la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de Milagro Sala, quien afirmó que la medida judicial "es un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales con (Horacio) Rodríguez Larreta", precandidatos a presidente y vice por Juntos por el Cambio.

También el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, criticó la medida judicial y lo vinculó directamente al gobernador jujeño.

En su cuenta de Twitter aseguró que "Morales hace campaña reprimiendo y persiguiendo" y acotó que "quiere involucrar a la líder de la Tupac Amaru en los levantamientos populares que padece su reforma vil".

Las protestas en Jujuy contra la reforma constitucional se vienen llevando adelante desde hace varias semanas en diferentes puntos de la provincia, con cortes de ruta y permanencia de las comunidades indígenas, docentes y miembros de organizaciones sociales .

Tras las violentas represiones desatadas el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio frente a la Legislatura provincia, en la ciudad capital, el MPA imputó a diferentes personas por delitos de "entorpecimiento del transporte terrestre", de "resistencia a la autoridad y lesiones agravadas".

Además la fiscalía investiga los destrozos ocasionados en el palacio legislativo, sobre bienes públicos y privados, por los "delitos de daño agravado, daño, lesiones agravadas, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y entorpecimiento funcional en grado de tentativa".