Fernando Burgos
“Tomando conocimiento de este decreto, se ha dispuesto que los asesores legales de la CGT planteen un amparo en la justicia porque nos parece anticonstitucional y anti democrático cercenar de esa manera el derecho de los trabajadores” afirmó Fredy Berdeja, Secretario General de la Asociación Judicial.
Recalcó que como Centra Obrera, se vienen reuniendo desde el miércoles pasado y se ha tomado una serie de resoluciones como secretariado de la CGT Jujuy, integrado por 52 sindicatos. “En ese marco se acompañó la marcha de los docentes y efectivamente 352 compañeros estuvieron en la plaza, después trabajamos en la elaboración de un posicionamiento de la CGT”.
Como parte de las medidas en contra de la Reforma de la Constitución, aseguró que se ha convocado a una marcha provincia para el día viernes. “Se ha tomado ese tiempo y se puede considerar extemporáneo, pero tiene que ver con que el 50% de los sindicatos que conforman la CGT, son de la actividad privada y necesitan una mecánica especial para poder adherir a esa medida de fuerza”.
Según Berdeja, el objetivo de la jornada provincial tiene como objetivo priorizar la movilización, “más allá de que sabemos que el gobierno y los constituyentes oficialistas cuentan con la mayoría suficiente para poder aprobar la reforma y se va a oficializar el viernes, el movimiento de los trabajadores no están de acuerdo porque se hizo a espaldas de los trabajadores” destacó.
Además aseguró que se seguirá apoyando a la lucha docente. “Tenemos dos sectores de la educación docente en la CGT, UDA y SADOP que tienen plena solidaridad, y estamos en contacto con sus secretarios generales. La CGT como entidad de tercer grado de estos sindicatos tiene que velar por cuestiones transversales. La posición de la CGT es que se aplique la ley de paritarias en la provincia, en los términos adecuados y en ese marco legal, no solo los docentes, sino toda la administración pública provincial discuta ese marco legal con todo lo que significa discutir en una ley de paritarias. Cada sector hará una evaluación respecto a la conveniencia o no respecto al ofrecimiento del gobierno”.
ATSA ESPERA PARITARIAS
La principal referente del gremio de ATSA, Yolanda Canchi dijo que “hemos expresado nuestra disconformidad y repudio a los intentos del gobierno sobre la reforma de la de la constitución y por el código contravencional”.
La dirigente sindical en los últimos días recibió un fuerte cuestionamiento de todo el sector de salud por las graves diferencias salariales del sector y la inacción del gremio ante las necesidades de recomposición salarial.
Canchi aseguró que acompañarán el pedido de paritaria para todos los sectores de la administración pública. “Comunicar a los trabajadores de la salud, que nos cite en conjunto con todos los sindicatos de la salud, ATSA, UPCN, ATE. El gobierno ha accedido y mañana a la tarde nos vamos a estar reuniendo. Nosotros ya tenemos petitorios planteados, los puntos lo tenemos como en lista de espera, esperando la resolución de este gobierno. Mañana no solamente es el tema salarial, sino las particularidades de cada uno de los gremios, son las condiciones de trabajo que se plantean a diario. Ojala se pueda debatir estos temas y que el gobierno de repuesta a cada uno de estos puntos”.
REPUDIO
"Iniciativas como las de Morales representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país, que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras, que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT", alertó la central sindical a través de un comunicado.
El documento de la CGT lleva el título: "Rechazamos cualquier coacción estatal contra el legítimo derecho de expresarse de las y los trabajadores".
Con este documento, la CGT rechazó y repudió "el decreto sancionado el 9 de junio por Morales, mediante el cual, pretendiendo garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país".
El decreto Nº 8464, firmado por Morales, de Juntos por el Cambio (JxC), se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado.
Para la CGT, "el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación", remarcó la GGT.
"Estas medidas -similares a otras que se sancionaron en otras provincias del país-, reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT", afirmó la central.
El Consejo Directivo Nacional de la central obrera instó a "todos los responsables políticos al cese de las medidas que tienda a criminalizar, restringir, limitar y cercenar los derechos de manifestación y huelga, instando a la derogación de toda norma que se contraponga con los principios constitucionales y humanos"
