"Caspalá es un pueblo dormido en la inocencia, pero hay que despertar, no podemos tolerar vivir amenazados y rodeados de policías como si fuéramos delincuentes. Hoy el pueblo está presente defendiendo sus derechos", expresó la presidenta de la comunidad indígena de la localidad, Lucía Apaza.

La extensa caminata pasó por los pueblos de Santa Ana, Valle Colorado, San Francisco, Libertador General San Martín y finalizó en la ciudad capital para "llegar con la verdad" en defensa de sus tierras.

Los comuneros protestaron por la expropiación de un lote de la familia Cruz-Chapor para erigir una cancha de fútbol, destruyendo sus sembradíos, zonas de pastajes familiares y árboles autóctonos, y señalaron que a través de la fuerza "pretenden expulsar a la calle a una familia con siete hijos (tres de ellos menores)".

También, en enero pasado, denunciaron que operarios que trabajan en el proyecto oficial arrasaron un antigal (lugar sagrado) y que ahora "para disimular su inoperancia", el Gobierno anuncia que hará también en ese lugar un centro de interpretación de la cultura, "una vez más, sin respetar los derechos de la comunidad".

El reclamo viene desde el año pasado cuando al lugar se desplazaron las máquinas pesadas para comenzar los trabajos y eso originó que frente a la férrea postura de las familias fueran reprimidos por la policía, en medio de críticas al comisionado municipal local, Natividad Apaza, al que acusan de "romper el único espacio comunitario de la zona por orden del gobernador Gerardo Morales".

"Desde el 18 de noviembre pasado vivimos amenazados, sin paz, no tenemos tranquilidad. Estamos viendo como en tiempos de la dictadura", sostuvo Apaza en el acto realizado frente a Casa de Gobierno y aseguró que las tierras que les pertenecen fueron heredadas de sus antepasados.

"Fuimos expropiados de nuestras tierras, no queremos que nos quiten, son tierras que tenemos por descendencia. Esto es algo que siempre hemos respetado", afirmó.

La marcha estuvo integrada en su mayoría por mujeres debido a que "los hombres fueron denunciados" y temen que se les instruyan causas judiciales.

"Los varones están denunciados, no pueden ni salir a la calle, están todos amenazados", relató la referente de la comunidad indígena.

La comunidad kolla aclaró que "no hay conformidad" entre sus integrantes sobre el proyecto oficial, por ello el Gobierno "no debió hacer uso de las tierras. Aquí no hubo un consentimiento previo e informado".

"Estamos agradecidos que haya educación para nuestros hijos, pero lo que queremos es que se haga en ese lugar que fue donado. Tenemos dos espacios cedidos para la escuela, ahí se tiene que construir, no tienen por qué sacarnos la cancha de la comunidad que además es un espacio cultural", dijo por su parte Francisca Coronel, heredera de tierras en Caspalá.

La marcha contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, y de organizaciones sociales y agrupaciones políticas entre ellas Polo Obrero, Partido Obrero, Corriente Clasista Combativa y La Cámpora, junto a entidades de derechos humanos y sindicales.

"El pueblo ya había designado un terreno, sin embargo el Gobierno está empecinado en avanzar (con el proyecto de la escuela) sobre un predio deportivo. Si algo se está violando acá es el primer derecho que es el derecho a decidir y opinar del pueblo", indicó a Télam el diputado nacional Alejandro Vilca (Frente de Izquierda-Unidad)