Fernando Burgos
Entre los funcionarios que ya fueron privados de su libertad, se encuentran el exministro de Tierra y Vivienda de la provincia, Luis Cosentini; los empresarios Juan Ignacio Mónaco, Fortunato Abdalá, Jorge Luis Vergara, Nicolás Herrera Liprandi, Rodrigo Insausti, Néstor Marino Berardi, José Luis Huespe, Felipe Fernando Huespe, Andrea Carina Huespe y Guillermo Marcelo Fiad.
Las investigaciones se iniciaron a partir de un informe del Tribunal de Cuenta de la provincia que fue reactivado luego de que estuvieran años archivados en algún escritorio del Palacio de Tribunales.
El fiscal Walter Rondon, reconoció que tras asumir su cargo, “recibió precisas instrucciones” de reactivar todas estas causas que afectan a la administración de los bienes del Estado.
"La causa se reanudó en noviembre de 2022”, indicó, ese fue el momento en que se hizo cargo de esta investigación. Iniciamos un estudio exhaustivo, en base a las constancias que hay en autos contamos con un dictamen del Tribunal de Cuentas, el contador fiscal general, contadores nuestros, donde se ha detectado que sí hay una imputación a funcionarios en diferentes áreas durante la gestión de Fellner y empresarios jujeños, afirmó el fiscal en diálogo con los medios de prensa.
Precisó que no se pudo determinar fehacientemente el monto de dinero que se habría defraudado, solo dijo que son “cifras millonarias”, y mencionó que hubo irregularidades en licitaciones de obras públicas.
La investigación acumula más de 126 expedientes, según precisó el fiscal, “llegamos a la conclusión que se estaban direccionando las obras públicas”,
“En el mes de noviembre hemos empezado con un estudio exhaustivo de una causa, en base a constancias que contamos, del Tribunal de Cuenta, de la Fiscalía General, donde hay una imputación por administración fraudulenta e incumplimiento de funcionario público y están involucrados funcionarios de distintas áreas y empresarios que inflaban ciertas obras públicas. Concretamente ciertas empresas, algunas que hacían solo enripiado, otra obra de agua potable, y de acuerdo al dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas, son 126 expedientes, donde se ha detectado serias irregularidades, y se hizo la imputación porque se estaba direccionando las obras” puntualizó.
Destacó además que “la mayoría de los imputados han conocido causa de imputación, hay dos personas que por razones de salud y que están acreditadas, vamos a solicitar que cumplan la pena en prisión domiciliaria. Salió la orden de detención ayer en horas de la mañana, 13 pedidos, están detenidas 8 o 9 personas”.
Entre las irregularidades detectadas, dijo que “hay licitaciones que se hacían, 4 o 5 que se hacían y se adjudicaban en el día. El tema es que la licitación que se hace en base a un concurso de precio, pero de acuerdo al dictamen que hace el tribunal de cuentas y al dictamen de los peritos contadores nuestros, no se tenía en cuenta los concursos de precios, directamente se direccionaba la adjudicación. Es decir que estas cuatro empresas eran las adjudicatarias. Invitaban a otras empresas, pero no hay constancia, de la invitación. No hay constancias en los expedientes de que esas empresas hayan sido notificadas”.
