“El proteccionismo, la falta de gestión, la incapacidad y la corrupción de algunos funcionarios del gobierno provincial, del Consejo Provincial de la Mujer, del Poder judicial y del Ministerio Público de la Acusación provocan el ocultamiento de la violencia género en la provincia.” afirmó la diputada del bloque Juntos por Jujuy-Frente de Todos Débora Juárez.
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca acusaría a la diputada Débora Juárez Orieta como la mujer que grabó los audios, razón por la cual se le podría también seguir un proceso disciplinario, ya que consideran que es ilegal la acción que habría cometido. Juárez podría ser sancionada dentro del bloque y en la misma si se determina que fue la persona que dialogó con Baca, grabó esas conversaciones y luego la entregó a los medios de prensa nacionales.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
El Gobierno ratificó hoy que los salones y establecimientos que pasen música en eventos privados no tienen que pagar derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC).
Dirigentes del gremio que agrupa a docentes del nivel medio y superior, aseguraron que este sábado en asamblea se definirá el plan de lucha exigiendo que el gobierno no descuente los días de huelga.
“Resulta “vergonzoso” que la Justicia Federal sin siquiera haber concurrido al lugar, tome la decisión de impedir la construcción de una escuela” afirmó el legislador radical luego de que la justicia federal dispusiera, en acuerdo con la Fiscalia de Estado, la restitución de la cancha a los pobladores de Caspala, donde el gobierno pretendía construir una escuela.