"Con la aprobación de la ley 27.580 Argentina se convirtió en el cuarto país en ratificar el Convenio 190 de la OIT y Jujuy es la primera provincia que adhiere a nivel nacional", expresó el diputado Luis Cabana, del Frente de Todos – Partido Justicialista, al presentar los alcances del proyecto de su autoría, sancionado como ley nº 6.300, en el marco de la 9ª sesión ordinaria de la Legislatura local.

Entre otros puntos, la normativa suma como aporte la obligatoriedad de capacitaciones en violencia y acoso en el mundo del trabajo, con perspectiva de género, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.

"La incorporación de este instrumento a nuestro ordenamiento permitirá profundizar el compromiso del Estado con el desarrollo pleno y libre de los trabajadores en condiciones de igualdad", apuntó Cabana.

Asimismo, entre otros puntos, expresó que "el Convenio 190 es el primer tratado en diez años en que los países consensuaron en la necesidad de abordar la corresponsabilidad entre el Estado, los sindicatos y las organizaciones empleadoras, en la erradicación y eliminación de la violencia laboral".

En esa línea, señaló que eso proporciona "un marco claro para la adopción de medidas que debe darse entre los distintos actores".

En el mismo sentido, el diputado de la UCR Fabián Tejerina, al expresar el acompañamiento del oficialismo local a la adhesión a la Ley Nacional 27.580, expuso que el convenio "está cargado de conceptos innovadores que tienen que ver con la protección en el ámbito laboral para los trabajadores y especialmente las trabajadoras".

Así, destacó las responsabilidades que genera, particularmente para el Estado, con el dictado de normas y protocolos en favor de combatir la violencia en el trabajo.

Entre otros legisladores, la diputada Débora Juárez, de Juntos Por Jujuy – Frente de Todos también avanzó en destacar que la provincia adhiera a la ley 27.580, que fue sancionada en diciembre de 2020, promovida por un Gobierno nacional "que toma como política de Estado todo lo que tiene que ver con combatir la violencia de género".

La nueva normativa establece en su articulado que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo y Empleo local, que tendrá como función capacitar a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

Además, deberá definir lineamientos generales destinados a las capacitaciones, procurando que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos.

Por otro lado, tendrá que informar el nivel de cumplimiento y capacitación alcanzado en cada uno de los organismos, identificar responsables y porcentaje de personas capacitadas, y publicar un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto.