El Expreso de Jujuy
El pronunciamiento del organismo se dio luego de que se produjera el pasado lunes una fuga de 12 internos alojados en la Comisaría N° 56 de Alto Comedero, en la capital jujeña, quienes posteriormente a sus recapturas "fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conmocionó a toda la ciudadanía", según se denunció desde este colectivo de letrados dedicados a la defensa de los derechos humanos.
Los hechos que tomaron estado público a través de los medios de comunicación son "una consecuencia directa del hacinamiento al que se ven sometidos los internos", precisó un informe sobre la situación difundido por Andhes.
Para el colectivo defensor de los derechos humanos, el episodio de la Comisaría de Alto Comedero "pone en evidencia la necesidad de buscar medidas, no sólo para reducir la conflictividad en los lugares de encierro, sino también para mejorar las graves condiciones de detención y alojamiento de la población carcelaria".
En esa línea reclamaron con carácter de urgente a las autoridades, encabezadas por el gobernador, Gerardo Morales, "una respuesta multidimensional y coordinada de todas las autoridades responsables (servicio penitenciario, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, ONGs , internos y familiares) a nivel de políticas públicas que contemple un enfoque integral que dé cuenta de la complejidad del problema".
Por otra parte, exigieron a los diputados provinciales que implementen "la definitiva conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que fiscalice y monitoree constantemente estos espacios y proponga además recomendaciones para prevenir este tipo de hechos, para que dicho órgano comience a actuar efectivamente".
Asimismo, recordaron que en la actualidad "solo se ha avanzado en el nombramiento" de las representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, "faltando, inexplicablemente, que se ponga en marcha el proceso tendiente al nombramiento del representante de la sociedad civil".
"Hasta tanto ello no ocurra no podemos hablar de un compromiso real del Estado provincial como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad", culminaron.
