El colectivo de Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes) manifestó su preocupación por la sobrepoblación carcelaria en Jujuy, situación que expone a los presidarios a "maltrato", y solicitó la conformación de "un comité para prevenir" situaciones de torturas en los lugares de encierro.
JUDICIALES20 de noviembre de 2021
El Expreso de Jujuy
El pronunciamiento del organismo se dio luego de que se produjera el pasado lunes una fuga de 12 internos alojados en la Comisaría N° 56 de Alto Comedero, en la capital jujeña, quienes posteriormente a sus recapturas "fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conmocionó a toda la ciudadanía", según se denunció desde este colectivo de letrados dedicados a la defensa de los derechos humanos.
Los hechos que tomaron estado público a través de los medios de comunicación son "una consecuencia directa del hacinamiento al que se ven sometidos los internos", precisó un informe sobre la situación difundido por Andhes.
Para el colectivo defensor de los derechos humanos, el episodio de la Comisaría de Alto Comedero "pone en evidencia la necesidad de buscar medidas, no sólo para reducir la conflictividad en los lugares de encierro, sino también para mejorar las graves condiciones de detención y alojamiento de la población carcelaria".
En esa línea reclamaron con carácter de urgente a las autoridades, encabezadas por el gobernador, Gerardo Morales, "una respuesta multidimensional y coordinada de todas las autoridades responsables (servicio penitenciario, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, ONGs , internos y familiares) a nivel de políticas públicas que contemple un enfoque integral que dé cuenta de la complejidad del problema".
Por otra parte, exigieron a los diputados provinciales que implementen "la definitiva conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que fiscalice y monitoree constantemente estos espacios y proponga además recomendaciones para prevenir este tipo de hechos, para que dicho órgano comience a actuar efectivamente".
Asimismo, recordaron que en la actualidad "solo se ha avanzado en el nombramiento" de las representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, "faltando, inexplicablemente, que se ponga en marcha el proceso tendiente al nombramiento del representante de la sociedad civil".
"Hasta tanto ello no ocurra no podemos hablar de un compromiso real del Estado provincial como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad", culminaron.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
La Justicia federal ordenó reparar la cancha y devolver las tierras expropiadas a la familia Moyoja Cruz en el plazo de treinta días, según lo establecido en un acuerdo homologado entre el Ministerio Publico Fiscal federal y la Fiscalía de Estado de la Provincia.
El hecho de sangre ocurrió en la madrugada del martes en un edificio ubicado en la esquina de las calles Entre Ríos y Belgrano, en el barrio Centro de esa ciudad.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
El cadáver hallado por pescadores en el sector conocido como Bahía de Los Monos, en el dique de las Maderas, sería del dueño de la residencial ubicada en la vieja terminal, identificado como Federico Matias Agudo, de 44 años de edad.
Fue denunciado como desaparecido la semana pasada, afrontaba una investigación por su participación en los casos de grooming, abusos sexuales, facilitamiento de la prostitución, corrupción de menores y asociación ilícita que se cometían en hotel ubicado en la vieja terminal.
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El Gobierno ratificó hoy que los salones y establecimientos que pasen música en eventos privados no tienen que pagar derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC).
Dirigentes del gremio que agrupa a docentes del nivel medio y superior, aseguraron que este sábado en asamblea se definirá el plan de lucha exigiendo que el gobierno no descuente los días de huelga.
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