El gobernador Gerardo Morales ideó un nefasto plan para hacerse de recursos que luego serían destinados a afrontar los gastos que insume la pandemia del “coronavirus” o pagar los intereses de la inmensa deuda en dólares que tiene la provincia. La idea es reducir el 80% del salario de los trabajadores, compensar con un bono extraordinario y no hacer aportes patronales al ANSES.
JUJUY16 de abril de 2020
El Expreso de Jujuy
Todo quedó al descubierto y fue abortado por los gremios estatales, luego de que una funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Provincia, se comunicara con todos los gremios para hacer firmara un acta acuerdo “pactando” una nueva modalidad de liquidación de haberes, para los siguientes seis meses, consistente en la reducción salarial de hasta un 80%.
“La demanda extraordinaria de recursos, decide mecanismos de emergencia, para afrontar la compleja situación nacional e internacional, priorizando la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, por la necesidad y perentoriedad de mitigar y contener la diseminación de COVID 19 (coronavirus) y reformar el sistema de salud”, fue la justificación de tremendo acto que atentaba contra el salario de los trabajadores, esgrimida por el gobierno provincial.
La idea era que los gremios prestaran plena y expresa conformidad a la “reducción del ochenta por ciento (80%) de los haberes que por todo concepto perciban los trabajadores de la Administración Central, entes autárquicos, organismos descentralizados, sociedades del Estado y empresas en la que el Estado posee capital mayoritario; poderes Legislativos y Judicial y Tribunal de Cuentas”.
En el mismo acto, se aclara que “el Poder Ejecutivo Provincial” dispondrá el pago de un adicional no remunerativo, no bonificable de “emergencia” denominado COVID 19 coronavirus, “hasta el monto del neto de haberes percibidos por los agentes en las liquidaciones del mes de febrero 2020.
Si bien con este bono se compensaba el salario bruto que percibe el trabajadores, la idea es que el gobierno pague todo el salario “en negro”, no se haga los aportes al ANSES y a la obra social de la provincia, ni pague ningún otro concepto que demanda un trabajador en relación de dependencia, tanto a nivel provincial como nacional, quedándose con esos recursos.
Inmediatamente hubo una reacción de los gremios denunciando tal actitud. “Los trabajadores estatales expresamos nuestro absoluto rechazo a todo intento del ejecutivo provincial de realizar descuentos sobre nuestros salarios como así también cualquier intención de malversación de nuestro salario diferido (aportes jubilatorios y obra social). Una vez más el gobierno provincial intenta descargar la crisis económica sobre la espalda de los trabajadores que se encuentran bajo la línea de pobreza, para convertirlos en indigentes” expresa un comunicado del Frente de Gremios Estatales.
Recalcan que “el gobierno debe entender que los trabajadores decimos NO a ser una vez más la variable de ajuste, NO somos números señor Gobernador, NO nos obligue a romper la cadena de pago y perjudicar a la actividad privada, NO somos responsables de los créditos internacionales tomados por Ud., NO tenemos sueldos de funcionarios que puedan soportar una merma de ningún tipo”.
El Frente reconoció que “la pandemia ha desatado una situación de crisis económica que tiene un impacto enorme en la economía familiar de los trabajadores. Situación que impone la necesidad de medidas de emergencia que garanticen la regular liquidación de nuestros salarios llevando tranquilidad a los trabajadores y sus familias. En este sentido, los gremios que integramos el Frente Amplio Gremial (FAG) entendemos que el ejecutivo debe conformar un Fondo Provincial Solidario de Emergencia, que permita atender las necesidades y urgencias de la pandemia, a través del cobro de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. Entendemos que la rebaja de los sueldos a los funcionarios es una medida que, si bien tiene un significado simbólico, es insuficiente y no resolverá los graves problemas económicos actuales que sí podrían enfrentarse a través de este impuesto”.
Aconsejaron al gobernador “suspender el pago de todos los créditos en dólares contraídos a nivel internacional para los diferentes proyectos como por ejemplo Cauchari, Girsu, etc.”.
De la misma manera se expresó el SEOM, considerando que “eso es inaceptable y sumamente injusto”.
El gran problema del gobernador Gerardo Morales es la falta de recursos para afrontar las deudas en dólares contraídas en la primera gestión de gobierno y que se invirtieron en proyecto improductivos como Cauchari y Girsu.
Asegurar los salarios
El Ministro de Trabajo Normando Alvarez García, reconoció la existencia de dicha acta acuerdo, pero que la única finalidad es garantizar el pago de los salarios de los próximos meses sin tener que hacer los aportes al ANSES.
“Las idea era que los gremios dieran ese consentimiento y de esta manera asegurar los salarios, pero hubieron varios que firmaron y otros no y como consecuencia no se llevará a cabo los descuentos, por lo que deberemos trabajar en un nuevo plan”, dijo el funcionario.
La otra posibilidad es que directamente el trabajador realice un aporte del 15% de sus haberes, tal cual está sucediendo en sectores de la actividad privada.
Morales debía llevar esta acta acuerdo a Buenos Aires para negociar con el presidente Alberto Fernández nuevas condiciones y aportes de recursos para la provincia.
La Asamblea General de Profesionales nucleados en APUAP consideró la propuesta salarial realizada por el ejecutivo provincial como insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva.
La Legislatura de Jujuy, en su 7ma. Sesión Ordinaria, aprobó por mayoría la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2023, proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y representa la rendición de cuentas del gobierno en lo relativo a la estructuración de la economía, el resultado fiscal y la evolución de los ingresos y gastos de la provincia.
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Los fuertes vientos de hasta 100 km/h que se registraron este martes en distintas partes de Jujuy, provocó la caída de un árbol de gran porte sobre una vivienda en el Barrio El Pinar de la Localidad de Los Alisos, produciendo daños materiales. No hubo que lamentar víctimas a causa de este hecho.
La Legislatura de la provincia avanza con el tratamiento del proyecto de ley para la creación del Consejo de la Magistratura en el ámbito de la justicia provincial.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analizó la última oferta salarial del Gobierno provincial: un 3% en dos cuotas y un piso de $680.000 en agosto y $700.000 en septiembre.
Una joven trabajadora de un local comercial, denunció haber sido brutalmente agredida por un grupo de al menos ocho personas, entre ellas dos hermanas y su madre. El incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el marco de la peña que se realizaba en Calilegua.
En la localidad El Talar personas ofrecían atención médica, con promoción vía redes sociales, dando cuenta de potencial ejercicio ilegal de la medicina en la provincia. La actividad se realizaba sin título habilitante de parte de los supuestos profesionales médicos y realizaban atenciones oftalmológicas y odontológicas previo cobro de una suma en efectivo.
Trascendieron audios de Diego Spagnuolo donde detalla las coimas en la compra de medicamentos. "Tengo todos los whatsapp de Karina. A ella le llega el 3%", dice el funcionario amigo del Presidente. El caso fue primicia de LPO. Karina Milei y los hermanos Menem aparecen mencionados como supuestos responsables de un entramado de recaudación ilegal montado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La iniciativa, presentada por el diputado nacional Julio Cobos, propone atrasar una hora en todo el país, con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural. Durante esta jornada, la Cámara de Diputados tratará en sesión un proyecto que busca modificar el huso horario oficial de Argentina, fijándolo en el -04 GMT. La propuesta obliga a atrasar una hora el reloj en todo el país y reaviva el debate sobre el impacto cotidiano de esta medida.
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