La comunidad indígena Las Capillas, del Pueblo Ocloya, en Jujuy, logró que no se avance con una medida de desalojo contra un grupo de familias de esa etnia durante una audiencia convocada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.
JUDICIALES10 de febrero de 2021
El Expreso de Jujuy
La reunión se concretó tras una presentación realizada ante el fiscal general Sergio Lello Sánchez y el fiscal interviniente en la causa, Aldo Lozano, en la cual los ocloya demandaron el cese definitivo de la medida en virtud de la aplicación plena y efectiva de la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de Comunidades Indígenas.
“Hemos concluido que el expediente no se toca. Está en manos del fiscal interviniente y no se va a avanzar sobre la medida de desalojo, a eso se comprometió el fiscal general Lello Sánchez”, comunicó, al término de la reunión, el referente del Pueblo Ocloya y delegado el Consejo de Participación Indígena, Ramón Jerez.
El referente indígena agregó que se convino con “muchas expectativas” una nueva reunión para “el primer día hábil de abril”, en la que se tiene previsto “completar la presentación de documentos para enriquecer el expediente” en cuestión.
Por otro lado, el representante puso en valor que se conversó sobre la posibilidad de generar “una mesa de diálogo intercultural desde la que se diseñe un protocolo de intervención que deba seguir la justicia ante cualquier medida de desalojo contra una comunidad indígena”.
Ese protocolo, según indicó Jerez, se presentará en la próxima reunión con las autoridades del MPA y empezarán a desarrollarlo el 7 de marzo, fecha en la que tienen previsto una nueva asamblea abierta en la comunidad Tusca Pacha.
La orden de desalojo vinculada a la comunidad indígena Las Capillas fue ordenada en diciembre del año pasado contra cinco grupos familiares integrantes de la comunidad que viven en el departamento Manuel Belgrano, a raíz de que una denuncia penal por parte de una empresa minera que se adjudica la propiedad de los terrenos.
El reclamo de suspensión del desalojo se basa en que es violatorio de la ley 26.160, de relevamiento territorial de Comunidades Indígenas, y su prorroga 27.400 vigente, que extiende los relevamientos hasta el 23 de noviembre de 2021.
"La ley ordena al Estado nacional y provincial a que no haya desalojo en las comunidades originarias. En Jujuy se están violando los derechos a una comunidad que tiene personería jurídica y una carpeta técnica con relevamiento territorial ordenada por dicha ley", había sostenido Jerez en dialogo con esta agencia.
Para la audiencia en la jornada, se congregaron representantes del Equipo de prevención e intervención de conflictos conformados por el Equipo Jurídico del Consejo de delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO), organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Pueblos Indígenas, de DDHH de Nación, entre otros.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
La Justicia federal ordenó reparar la cancha y devolver las tierras expropiadas a la familia Moyoja Cruz en el plazo de treinta días, según lo establecido en un acuerdo homologado entre el Ministerio Publico Fiscal federal y la Fiscalía de Estado de la Provincia.
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Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
El cadáver hallado por pescadores en el sector conocido como Bahía de Los Monos, en el dique de las Maderas, sería del dueño de la residencial ubicada en la vieja terminal, identificado como Federico Matias Agudo, de 44 años de edad.
Fue denunciado como desaparecido la semana pasada, afrontaba una investigación por su participación en los casos de grooming, abusos sexuales, facilitamiento de la prostitución, corrupción de menores y asociación ilícita que se cometían en hotel ubicado en la vieja terminal.
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