Congreso: PIDEN REGULAR LA DESINDEXACIÓN DE DATOS EN MOTORES DE BÚSQUEDA

Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación, busca crear un marco normativo para la Tutela de la Identidad Digital y el Derecho a la Desindexación en Internet. La propuesta apunta a brindar herramientas jurídicas frente a la permanencia indefinida de datos e imágenes en motores de búsqueda, equilibrando la protección de la privacidad con la libertad de expresión.

El eje central del texto radica en la diferenciación entre eliminar un contenido y desindexarlo. A través de este último mecanismo, se desvinculan los resultados que surgen al buscar el nombre u otro dato identificatorio de una persona en la web, sin alterar ni borrar la publicación original en su fuente de origen.

Condiciones y excepciones

Para aplicar la desindexación de información veraz y lícita, la iniciativa presentada por la diputada jujeña María Inés Zigarán, establece que deberá acreditarse un daño actual, concreto y sustancial. Asimismo, el texto fija excepciones para garantizar la memoria histórica y el escrutinio público.

Quedan protegidos de cualquier restricción los contenidos vinculados a la función pública, candidaturas, fondos del Estado, causas de corrupción, violaciones a los derechos humanos e investigaciones periodísticas, científicas o históricas. Tampoco podrá utilizarse la medida como vía de censura previa ni para vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas.

Por otra parte, la norma dispone tutelas urgentes ante la difusión no consentida de material íntimo —incluidos contenidos manipulados mediante inteligencia artificial—, situaciones de sextorsión, suplantación de identidad o divulgación de datos de salud y vida sexual, con especial resguardo para menores de edad y víctimas de violencia.

 Obligaciones para plataformas

El proyecto propone que la Agencia de Acceso a la Información Pública actúe como autoridad de aplicación. De aprobarse, las plataformas digitales de mayor alcance deberán implementar canales directos de contacto, procedimientos transparentes con revisión humana y protocolos de preservación de evidencia. Cualquier controversia sobre contenidos periodísticos o de interés público quedará bajo control judicial.