El Expreso de Jujuy
El procedimiento se realizó durante la madrugada de este jueves y alcanzó también al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al fiscal superior Martín Irusta Flores y al mayor de Policía Rubén Aparicio Villarroel.
Oviedo sostuvo que la estructura investigada habría favorecido actividades vinculadas con el narcotráfico y señaló directamente a Mariaca. Según el ministro, el Ministerio Público se convirtió en una organización destinada a “proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo” en Bolivia.
Los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
El Gobierno no difundió la identidad de los otros aprehendidos, aunque Oviedo indicó que serían presuntos autores o cómplices de la estructura investigada. También afirmó que cuatro personas fueron sorprendidas cuando intentaban retirar grandes cantidades de dinero desde la vivienda de Mariaca en una ambulancia, después de su detención.
La operación quedó vinculada además con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien estuvo prófugo en Bolivia y logró escapar de un operativo policial en 2023.
Tras la detención de Mariaca comenzó a circular un video atribuido a Marset, en el que se refiere al fiscal general como “su amigo”. El Gobierno retomó ese antecedente para cuestionar la actuación del Ministerio Público.
Oviedo aseguró que Marset fue detenido en 2023 y liberado pocas horas después, además de recuperar bienes que habían sido incautados. La afirmación representa un cambio respecto de la versión oficial difundida entonces, según la cual el narcotraficante había escapado antes de la llegada de los agentes.
El ministro evitó precisar quién ordenó la detención de Mariaca y tampoco confirmó si alguno de los acusados será enviado a Estados Unidos.
Las detenciones se produjeron apenas dos días después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la revocación de visas a funcionarios y exfuncionarios bolivianos señalados por supuestos vínculos con el narcotráfico.
En esa lista figuraban Mariaca, Zeballos e Irusta. Washington sostuvo que el fiscal general habría solicitado y aceptado sobornos para favorecer las actividades de narcotraficantes y permitir que delincuentes violentos evitaran la Justicia.
Mariaca había rechazado esas acusaciones y las había considerado una forma de presión sobre su gestión.
El Gobierno boliviano, en tanto, negó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) haya participado en el operativo. Según Oviedo, los detenidos fueron trasladados a La Paz y quedaron a disposición de la Justicia ordinaria.
La situación de Mariaca plantea, sin embargo, un interrogante jurídico, ya que por su condición de fiscal general tiene previsto un mecanismo especial de juzgamiento mediante un juicio de responsabilidades.
Oviedo descartó la detención del exministro de Gobierno de Luis Arce, Eduardo Del Castillo, cuya captura había sido difundida de manera extraoficial por algunos medios bolivianos.
El funcionario confirmó, no obstante, que Del Castillo es buscado y aseguró que el Gobierno espera obtener resultados en las próximas horas.
Después de la captura de Mariaca, la propia Fiscalía difundió un comunicado en el que hizo referencia a su “ausencia definitiva” y expresó su respaldo a Luis Montaño, quien se presentó como fiscal general interino en aplicación de las normas vigentes.
El operativo abre ahora una nueva disputa institucional en Bolivia, con la cúpula del Ministerio Público bajo investigación y acusaciones del Gobierno sobre una presunta red de protección al narcotráfico.
