El Expreso de Jujuy
Cuatro personas quedaron imputadas por el transporte de 106 kilos de cocaína que fueron secuestrados en noviembre de 2025 durante un control policial en la localidad de Yuto, departamento Ledesma.
Tres de los acusados son empleados de una empresa de transporte de cargas con sede en San Pedro y operaciones en el barrio porteño de Parque Patricios. El cuarto imputado es familiar del propietario de la firma.
La investigación está a cargo de la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, de la Unidad Fiscal Jujuy. Las pesquisas permitieron reconstruir parte del recorrido que habría seguido la droga y establecer la presunta participación de los cuatro acusados.
El procedimiento que permitió descubrir el cargamento ocurrió durante la noche del 14 de noviembre de 2025, en el puesto fijo “Río Piedras”, ubicado sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1287.
Efectivos de la Policía de Jujuy detuvieron para un control una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban dos hombres. Durante la inspección, los agentes advirtieron que ambos ocupantes se mostraban nerviosos y observaron tres bolsas de grandes dimensiones, cerradas con cinta adhesiva, en el asiento trasero.
Con intervención de la fiscalía se abrieron los bultos y se encontraron 102 paquetes con cocaína, cuyo peso total alcanzó los 106 kilos.
También fueron secuestrados teléfonos celulares que estaban en poder de los ocupantes y otro aparato hallado dentro de la camioneta. Las primeras medidas permitieron determinar que los dos hombres eran empleados de una empresa de transporte de cargas radicada en San Pedro.
En la primera audiencia, realizada el 17 de noviembre de 2025 ante el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, se declaró la legalidad de las detenciones y se formalizó la acusación por transporte de estupefacientes. Ambos quedaron con prisión preventiva por 111 días.
El análisis de los teléfonos y los testimonios de dos personas con identidad reservada permitieron avanzar sobre otros integrantes de la presunta maniobra.
Según la investigación, el cargamento habría sido organizado por un familiar del propietario de la empresa. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, este hombre habría viajado hasta Orán junto con otro empleado, cruzado hacia Bolivia y coordinado posteriormente el traslado de la droga en un camión de la empresa hasta Pichanal, en Salta.
En esa localidad, el estupefaciente habría sido transferido a una camioneta que continuó viaje hacia Jujuy. El recorrido terminó en el control de Yuto, donde fueron detenidos los dos ocupantes.
Los investigadores encontraron en los teléfonos secuestrados conversaciones que, según la fiscalía, coincidirían con la maniobra investigada. También se detectó actividad de los celulares de los cuatro imputados en Pichanal y durante el trayecto previo al secuestro de la droga.
Con esos elementos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó nuevas tareas de campo e inteligencia que derivaron en allanamientos y en la detención de otros dos sospechosos: H.C.R. y L.A.D.
Los procedimientos se realizaron el 5 de septiembre en la sede de la empresa, viviendas de los nuevos imputados, una finca y un inmueble utilizado para la recepción de cargas en la provincia de Buenos Aires.
H.C.R. es familiar del propietario de la empresa, mientras que L.A.D. es empleado de la firma. Ambos fueron detenidos en sus domicilios de San Pedro y se secuestraron teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes.
Durante el allanamiento de la empresa también se encontraron dinero en efectivo, armas largas de distintos calibres y municiones. A partir de ese hallazgo se inició una investigación para establecer si las armas contaban con la correspondiente registración.
En una finca ubicada en Arroyo Colorado, en el sur de Jujuy, los investigadores no encontraron elementos relacionados con el traslado de la cocaína. Tampoco se secuestraron elementos de interés en el inmueble que la empresa utiliza como centro de recepción de cargas en Parque Patricios.
El 8 de septiembre se realizó la segunda audiencia de formalización ante la jueza federal de Garantías N°2, Carina Gregoraschuck, quien declaró legales las detenciones de H.C.R. y L.A.D.
La fiscalía los acusó por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y solicitó la prisión preventiva. Entre sus argumentos señaló la gravedad del hecho, la cantidad de droga secuestrada y los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Las defensas rechazaron el pedido y destacaron el arraigo de ambos acusados en San Pedro, además de su comportamiento durante los allanamientos y la ausencia de antecedentes penales.
La jueza consideró acreditado el arraigo, descartó los riesgos procesales planteados por la fiscalía y dispuso el arresto domiciliario de los dos imputados.
La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los cuatro acusados y avanzar sobre la totalidad de la estructura que habría intervenido en el traslado del cargamento.
