El Expreso de Jujuy
A tres años de la movilización conocida como el “Jujeñazo”, el juicio contra un grupo de manifestantes volvió a quedar bajo cuestionamiento. Santiago Zamora y la abogada Mariana Vargas sostienen que el proceso tiene un trasfondo político y que busca desalentar futuras protestas sociales en la provincia.
Zamora calificó de “ridículas” las acusaciones formuladas contra los imputados y cuestionó que la defensa haya tenido dificultades para acceder a videos y otras pruebas. Según planteó, posteriormente se incorporaron elementos que, a su entender, presentan una visión parcial de lo ocurrido.
“Creemos que es una persecución política porque quieren castigar o señalar que en Jujuy o en la Argentina no se puede salir a luchar por defender los derechos”, sostuvo Zamora al referirse a la reactivación del proceso.
El dirigente vinculó el juicio con las actuales discusiones sobre el acceso a la tierra y la actividad minera. En ese marco, interpretó que el proceso puede funcionar como una señal hacia quienes participan de movilizaciones y reclamos sociales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la Justicia concentre la investigación en los manifestantes y no en el operativo policial desplegado durante las protestas.
Zamora reclamó que se investigue quiénes ordenaron y ejecutaron la represión, además de las consecuencias que dejó el operativo. Mencionó personas heridas y casos de lesiones oculares y cuestionó el accionar de los efectivos que participaron de la intervención.
También planteó que deberían investigarse las presuntas infiltraciones que, según su versión, habrían servido para justificar posteriormente la represión.
“Los que tienen que responder a la Justicia son quienes mandaron a reprimir y no los acusados que en este momento estamos siendo llevados a juicio”, afirmó.
Para Zamora, un proceso justo debería contemplar la totalidad de las pruebas y reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de la represión. En particular, reclamó esclarecer si existieron provocaciones o infiltraciones y determinar las responsabilidades correspondientes.
El dirigente aseguró que la defensa presentó distintos planteos de nulidad y cuestionó el desempeño del magistrado interviniente. Sostuvo que no existiría igualdad entre las partes y calificó el proceso penal como “absolutamente irregular”.
La discusión, de esta manera, vuelve a poner en primer plano uno de los episodios de mayor conflictividad social de los últimos años en Jujuy. Mientras avanza el juicio contra los manifestantes, desde la defensa reclaman que la investigación no se limite a determinar responsabilidades individuales, sino que también abarque el accionar estatal durante la protesta.
Zamora y la representación legal de los acusados sostienen que el esclarecimiento completo de los hechos requiere revisar todas las pruebas y determinar las responsabilidades de quienes participaron de la represión, además de las atribuidas a los manifestantes.
