Fernando Burgos
Las declaraciones del vocero oficial del Gobierno de Jujuy, Alberto Siufi, volvieron a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa buena parte de la gestión de Carlos Sadir: cuánto aporta la Nación, cuánto sostiene la Provincia y qué beneficios concretos obtiene Jujuy de las inversiones que llegan al territorio.
Siufi puso el foco en la defensa del “compre local” y cuestionó las expresiones del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, respecto de las leyes provinciales que establecen condiciones para la contratación de proveedores y trabajadores jujeños.
El reclamo tiene un argumento atendible: una inversión minera de gran escala no debería traducirse solamente en exportaciones y rentabilidad para las empresas, sino también en actividad económica, empleo y oportunidades para los proveedores locales.
Pero el debate tiene otra cara que también debe ser puesta sobre la mesa. El propio Siufi utilizó como ejemplo la ampliación de EXAR por USD 1.240 millones, una inversión que permitirá incrementar la capacidad productiva de carbonato de litio en Cauchari-Olaroz.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno nacional dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La resolución oficial establece que la ampliación busca sumar 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.
Es decir, mientras Jujuy reclama que las grandes inversiones no releguen a las empresas locales, la misma provincia se beneficia de un régimen nacional diseñado precisamente para atraer y garantizar inversiones de gran escala.
La discusión, entonces, no debería reducirse a Nación contra Jujuy. El interrogante es otro: cómo compatibilizar los beneficios fiscales y las condiciones especiales que reciben las grandes inversiones con una verdadera participación de las empresas, trabajadores y comunidades de la provincia.
El desafío para el Gobierno jujeño será demostrar cuánto de esos USD 1.240 millones efectivamente queda en la economía local y bajo qué condiciones. No alcanza con que una inversión se realice en Jujuy: también importa cuánto empleo genera, cuánto compran las compañías a proveedores jujeños y cuánto valor queda en la provincia.
Obras: un relato que necesita números
Algo similar ocurre con la obra pública. Siufi planteó que Jujuy debe continuar obras y programas que habían quedado paralizados y presentó como ejemplo las viviendas, el edificio de la Universidad Nacional de Jujuy en San Pedro y otros proyectos.
Pero afirmar que Nación simplemente se retiró de la obra pública en Jujuy sería una simplificación. El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla para la provincia recursos para el mantenimiento de las rutas nacionales 40 y 52 por $13.838,6 millones, la construcción del puente sobre el arroyo Zanjón y sus accesos en la Ruta Nacional 34 por $10.349,1 millones, además de un financiamiento autorizado de USD 250 millones para las plantas Cauchari Solar IV y V.
A esto se suma que las obras incluidas en el presupuesto tienen carácter plurianual y no significan necesariamente que todo ese dinero vaya a ejecutarse durante 2027. Por eso, el verdadero análisis deberá hacerse sobre el nivel de ejecución y no solamente sobre los anuncios presupuestarios.
La discusión, por lo tanto, es más compleja que decir que Nación “se repliega” y la Provincia ocupa su lugar. Hay obras nacionales previstas, obras provinciales y proyectos que dependen de financiamiento externo o de convenios específicos.
El encuentro reciente de Sadir con funcionarios nacionales, además, se produjo precisamente en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y de los pedidos de infraestructura formulados por Jujuy.
Viviendas: una deuda que viene de antes de Milei
El capítulo habitacional exige todavía más memoria. El problema de las viviendas no comenzó con el actual Gobierno nacional. Durante la gestión de Gerardo Morales, la construcción de casas fue presentada como una de las políticas centrales y se llegó a plantear una meta de 4.000 viviendas por año. Sin embargo, esa promesa quedó muy lejos de cumplirse.
En 2019, informes periodísticos ya advertían que el ritmo de construcción estaba muy por debajo de la meta anunciada. Incluso en su balance de gestión de 2023, el propio Gobierno de Morales informó que entre diciembre de 2015 y enero de ese año había entregado 4.213 soluciones habitacionales, de las cuales 3.056 correspondían a viviendas con infraestructura y 1.157 a mejoramientos. También reconoció 642 viviendas en ejecución.
Por eso, utilizar ahora la continuidad de algunos planes habitacionales como prueba de una respuesta excepcional de la Provincia obliga a mirar el problema completo.
La pregunta no es solamente cuántas viviendas se construyen después del retiro de determinados programas nacionales. También es cuántas viviendas necesita Jujuy, cuál es el déficit acumulado y qué resultados tuvo la política habitacional provincial durante los últimos años.
El anuncio de 96 nuevas unidades en Alto Comedero puede ser relevante para las familias adjudicatarias, pero no resuelve por sí solo un déficit habitacional que viene de mucho antes.
Una discusión que recién comienza
Las declaraciones de Siufi dejan planteada una discusión más profunda que la defensa del “compre local”. Jujuy necesita inversiones mineras, pero también necesita que esas inversiones generen empleo y proveedores locales. La Provincia celebra el RIGI cuando permite ampliar Cauchari-Olaroz, pero al mismo tiempo reclama herramientas propias para que los beneficios de esa inversión no queden concentrados en las grandes compañías.
En obra pública, la Provincia sostiene que debe asumir responsabilidades ante la reducción de determinados programas nacionales, aunque el Presupuesto 2027 demuestra que Nación mantiene obras y financiamiento previstos para Jujuy.
Y en vivienda, el Gobierno actual recibe una problemática que tampoco comenzó en diciembre de 2023 y que tiene antecedentes de promesas incumplidas durante la gestión anterior.
El desafío, entonces, pasa menos por el relato de quién hace más y más por mostrar números, ejecución y resultados: cuánto dinero nacional llega, cuánto aporta Jujuy, qué obras se terminan, cuántas viviendas se entregan y, en el caso de la minería, cuánto de las grandes inversiones realmente queda en manos de trabajadores y empresas jujeñas. Ese es el balance que todavía está pendiente.
