El Expreso de Jujuy
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil modificó la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente. En Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación admite que deberán adecuarse infraestructura y capacitación, aunque asegura que no existe superpoblación en los centros de alojamiento.
El nuevo régimen penal juvenil ya está vigente en Jujuy y establece un cambio sustancial: los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente desde los 14 años, frente al límite anterior de 16. La modificación alcanza a los delitos contemplados en el Código Penal y no crea nuevas figuras delictivas.
El procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, explicó que la puesta en marcha del sistema obliga también a contar con mejores estadísticas sobre la participación de adolescentes en hechos delictivos. Hasta ahora, señaló, no existía una discriminación etaria que permitiera conocer con precisión qué delitos eran cometidos por jóvenes de 16, 17 o 18 años.
El dato adquiere relevancia frente a un cambio que amplía considerablemente el universo de personas alcanzadas por el sistema penal. Sin embargo, Bossatti remarcó que los delitos graves cometidos por jóvenes representan un porcentaje reducido y que son pocos los adolescentes que actualmente se encuentran privados de su libertad.
Entre los hechos considerados graves mencionó los robos agravados, robos con armas, abusos sexuales, homicidios y femicidios. En esos casos, el adolescente queda sometido a un proceso penal y puede ser alcanzado por las medidas previstas por el nuevo régimen.
Para los funcionarios, la aplicación de la ley no significa que todos los casos terminen en prisión. El sistema contempla distintas respuestas según la gravedad del hecho y mantiene herramientas como la justicia restaurativa, orientada a que el adolescente tome conciencia del daño provocado y, cuando corresponda, pueda avanzar en la reparación hacia la víctima.
El desafío de adecuar el sistema
Jujuy ya cuenta con fiscalías y juzgados especializados en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la entrada en vigencia del nuevo régimen demanda modificaciones en la infraestructura destinada a la atención y contención de los jóvenes, además de capacitación específica para quienes intervengan en los procesos.
Bossatti señaló que ese trabajo se viene realizando de manera conjunta entre el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, los ministerios de Seguridad, Gobierno y Salud, y los organismos vinculados a niñez y adolescencia.
En cuanto a los lugares de alojamiento, actualmente existen dos centros, además de casas de acogida. Las cifras aportadas por el Ministerio Público indican que hubo nueve jóvenes privados de su libertad durante 2024, la misma cantidad en 2025 y cuatro en lo que va de 2026. Con esos números, el procurador sostuvo que actualmente no existe una situación de superpoblación.
El otro desafío pasa por la formación del personal. El procurador adjunto Diego Chacón sostuvo que la capacitación y la concientización serán herramientas centrales para que el nuevo régimen funcione y remarcó que la protección de los derechos de los adolescentes debe formar parte del proceso desde el primer momento.
Según explicó, ya se realizaron capacitaciones en San Pedro y está previsto extenderlas a la Quebrada, la Puna y San Salvador.
Justicia restaurativa y familia
El nuevo régimen también contempla una intervención que no se limita al adolescente involucrado en un delito. La familia forma parte del abordaje previsto por la normativa y se busca profundizar mecanismos de justicia restaurativa.
La herramienta permite, de acuerdo con la gravedad del caso, generar instancias de mediación entre víctima y victimario. El objetivo es reconocer el daño, asumir responsabilidades y buscar mecanismos de reparación.
Los funcionarios aclararon que estos mecanismos no significan eliminar la responsabilidad penal. En los hechos graves, la investigación judicial continuará y las medidas dependerán de las pruebas reunidas y de las circunstancias particulares de cada expediente.
También existe un tratamiento especial de los antecedentes de los jóvenes. Los registros vinculados a su actuación durante la adolescencia no permanecen de manera definitiva en sus antecedentes personales, con el objetivo de evitar que una situación de esa etapa termine condicionando su futuro y su reinserción social.
Qué cambia frente a un delito grave
Uno de los principales interrogantes que genera la nueva normativa es qué ocurrirá si un adolescente de 14 o 15 años participa en un homicidio u otro delito de extrema gravedad.
La respuesta de los funcionarios es concreta: desde los 14 años existe responsabilidad penal. El adolescente puede ser investigado y sometido a un proceso judicial y, según las características del hecho y la decisión judicial, recibir una medida de privación de libertad.
El régimen de penas para adolescentes, sin embargo, mantiene características diferentes al de los adultos. Incluso frente a delitos que para una persona mayor de edad podrían derivar en prisión perpetua, en el caso de los jóvenes existe un límite temporal y un régimen especial de cumplimiento.
Bossatti utilizó como referencia el caso de Cesia Reinaga, ocurrido cuando el nuevo régimen todavía no estaba vigente. Según explicó, bajo la normativa actual, un menor involucrado en un homicidio de esas características habría quedado sometido a investigación y juicio, con posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo, aunque bajo el régimen especial previsto para adolescentes.
La entrada en vigencia del nuevo sistema abre así una etapa que no se limita a bajar la edad de responsabilidad penal. Para Jujuy, el verdadero desafío será conseguir que esa modificación se traduzca en un sistema capaz de investigar los delitos, proteger los derechos de los adolescentes, atender a las víctimas y, al mismo tiempo, evitar que la respuesta penal termine cerrando las puertas a la reinserción.
La nota queda enfocada en el cambio de edad y el desafío institucional de Jujuy, evitando convertirla en una simple explicación de la ley y dejando el caso Cesia Reinaga como referencia hacia el cierre.
