El Expreso de Jujuy
Un inmueble de Alto Comedero que era utilizado como punto de venta de drogas quedó a disposición del Estado provincial, en lo que constituye la primera aplicación en Jujuy de la normativa que permite recuperar propiedades vinculadas al narcotráfico.
La medida representa un cambio en la estrategia frente al narcomenudeo: además de perseguir penalmente a quienes comercializan estupefacientes, la legislación permite intervenir sobre los espacios utilizados para sostener esa actividad.
La norma fue impulsada por el diputado provincial Adriano Morone y aprobada por la Legislatura. Su primera aplicación concreta se produjo sobre una vivienda que, de acuerdo con la investigación judicial, funcionaba como lugar de venta de drogas en Alto Comedero.
Ahora el inmueble quedó bajo disposición del Estado provincial, que deberá analizar su situación y definir qué destino puede darle.
“En esta casa vendían droga y hoy, por primera vez, estamos viendo cómo una ley que impulsamos y aprobamos en la Legislatura se convierte en una herramienta concreta para recuperar los espacios que el narcotráfico ocupa en nuestros barrios”, afirmó Morone.
La discusión que se abre ahora es qué hacer con la propiedad recuperada.
Para Morone, el objetivo es que estos espacios dejen de estar asociados a la actividad delictiva y puedan ser utilizados por la comunidad.
La normativa contempla distintas medidas sobre los inmuebles vinculados al narcomenudeo, de acuerdo con las características de cada caso y su situación jurídica.
La aplicación de la ley introduce una dimensión patrimonial en la lucha contra el narcotráfico en Jujuy. El objetivo ya no se limita a identificar y detener a quienes comercializan drogas, sino también a intervenir sobre los lugares que permiten desarrollar esa actividad.
Morone vinculó la primera aplicación de la norma con una decisión política del Gobierno provincial de profundizar las acciones contra el narcotráfico.
El primer caso permitirá ahora poner a prueba el alcance práctico de la normativa. El desafío será determinar si la recuperación de estos inmuebles puede transformarse en una política sostenida y, sobre todo, si los espacios recuperados terminan efectivamente cumpliendo una función útil para los barrios donde estaban instalados los circuitos de venta de drogas.
