Fernando Burgos
La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) presentó la nueva metodología para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Jujuy, adaptada a los estándares internacionales del Manual 2020. Sin embargo, más allá de la modernización técnica del indicador, una de las decisiones que más llamó la atención fue la incorporación de la hoja de coca dentro de la canasta utilizada para medir la inflación.
La directora del organismo, Graciela Bevacqua, explicó que el nuevo índice abandona la antigua estructura de nueve capítulos para pasar a 13 divisiones, en línea con las recomendaciones internacionales y con una actualización de los hábitos de consumo de la población.
Según detalló, además de incorporar servicios actuales como plataformas de streaming, internet y telefonía móvil con una ponderación más acorde a la realidad, la provincia decidió sumar tres productos propios de Jujuy: quinoa, papa andina y hoja de coca.
La incorporación de la hoja de coca no pasó inadvertida y abre un debate que trasciende lo estadístico. Bevacqua sostuvo que la decisión responde exclusivamente a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, que reflejó que existe una proporción significativa del gasto de los jujeños destinada a ese producto.
"La ponderación surge de la encuesta de gasto; es decir, del gasto que proporcionaron los hogares de la provincia en ese ítem", explicó la funcionaria, aunque reconoció no recordar cuál es el porcentaje específico que representa dentro de la canasta.
No obstante, la inclusión resulta paradójica. Mientras el Estado incorpora el precio de la hoja de coca para medir oficialmente la inflación provincial, su comercialización fuera de los canales autorizados continúa siendo ilegal en Argentina.
En la práctica, el denominado "coqueo" constituye una costumbre profundamente arraigada en gran parte de la población del norte argentino, especialmente en Jujuy, donde el mascado de hoja de coca forma parte de prácticas culturales y laborales ancestrales. Sin embargo, no se trata de un consumo universal entre los jujeños, por lo que su incorporación al índice también despierta interrogantes sobre el grado de representatividad que tendrá dentro de la medición oficial.
La decisión plantea así una contradicción llamativa: el Estado reconoce el impacto económico de un producto cuyo mercado permanece, en buena medida, fuera de la legalidad comercial.
Un IPC más actualizado
Más allá de la polémica, la directora de la DIPEC defendió la actualización metodológica y sostuvo que representa "un salto de calidad" para la provincia.
Explicó que el nuevo índice incorpora consumos que hace dos décadas tenían escasa incidencia, como internet, telefonía celular, plataformas digitales y servicios de comunicación, adecuando la estructura del IPC a los patrones actuales de gasto de los hogares.
También indicó que el nuevo clasificador permite una lectura más precisa de los distintos rubros, separando alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, tabaco y otros productos, entre ellos la hoja de coca, además de individualizar restaurantes y hoteles como una división independiente.
Inflación del 1,6%
Respecto del primer resultado obtenido con la nueva metodología, Bevacqua señaló que el IPC de Jujuy registró una variación mensual del 1,6%, cifra que consideró consistente con la desaceleración observada en otras provincias y a nivel nacional.
Precisó que, si bien el rubro Alimentos continúa siendo el de mayor peso dentro de la estructura del índice, no necesariamente es el que presenta las mayores subas mensuales.
La funcionaria adelantó además que la actualización metodológica obligará a recalcular las canastas básicas utilizadas para medir pobreza e indigencia, trabajo que se encuentra en elaboración y cuyos resultados serán difundidos una vez concluidos los cálculos correspondientes.
La renovación del IPC jujeño representa una actualización técnica largamente esperada. Sin embargo, la decisión de incorporar la hoja de coca como uno de los bienes específicos de la provincia instala un debate que excede la estadística: ¿debe integrar una medición oficial un producto cuya venta sigue siendo, en gran parte, ilegal, aunque forme parte de una práctica cultural extendida? Esa discusión, inevitablemente, ya quedó abierta.
