El Expreso de Jujuy
La crisis institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de La Quiaca sumará este martes un nuevo capítulo. Luego de casi seis meses de conflicto político y judicial, finalmente asumirán los concejales electos Marcela López y Gustavo Farfán, representantes del Movimiento Único Independiente (MUI), junto a Silvano Velázquez, del Frente Jujuy Crece (FJC).
La ceremonia de jura está prevista para las 10 de la mañana y marcará la renovación parcial del cuerpo legislativo local. Con la incorporación de los nuevos ediles concluyen sus mandatos Mirta Moscoso, Sergio Gorena y María Laime, esta última fallecida durante el período legislativo.
Sin embargo, la asunción se producirá en un contexto de fuerte tensión política y cuestionamientos institucionales que mantienen enfrentados a distintos sectores del Concejo Deliberante.
Desde el Movimiento Único Independiente denunciaron que el cuerpo deliberativo acumula 47 días de incumplimiento de resoluciones judiciales, situación que derivó en la aplicación de astreintes que, según indicaron, ya alcanzan los 2.350.000 pesos.
Frente a este escenario, los concejales electos Gustavo Farfán y Marcela López presentaron notas ante los distintos bloques de la Legislatura de Jujuy solicitando la intervención del Concejo Deliberante quiaqueño.
Según argumentaron, existe una situación de "gravedad institucional" provocada por el incumplimiento sistemático de resoluciones judiciales y por una serie de irregularidades que, a su entender, afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas de la ciudad fronteriza.
La solicitud fue acompañada por los apoderados legales del MUI, Adrián y Sebastián Iconomovich, quienes sostienen que la crisis actual es consecuencia de decisiones adoptadas durante la conformación de las autoridades legislativas tras las elecciones.
Los representantes legales recordaron que continúan esperando una definición judicial sobre el pedido de nulidad de la sesión realizada el 10 de diciembre de 2025, encuentro en el que se definieron las autoridades del Concejo Deliberante.
Según la posición del MUI, la presidencia del cuerpo debería recaer en un representante de ese espacio político debido a la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones legislativas.
La demora en la incorporación efectiva de López y Farfán fue uno de los principales puntos de conflicto durante los últimos meses. Desde el partido aseguran que la asunción de ambos concejales debió concretarse mucho antes y atribuyen las demoras a decisiones políticas que terminaron judicializando el funcionamiento institucional del municipio.
Con la jura prevista para este martes, el Concejo Deliberante iniciará una nueva etapa, aunque lejos de cerrar las controversias. El pedido de intervención elevado a la Legislatura provincial, la discusión sobre la legalidad de la sesión del 10 de diciembre y los planteos por presunta desobediencia judicial mantienen abierto un conflicto que amenaza con extenderse más allá de la renovación de bancas.
Mientras tanto, la atención política estará puesta en la conformación definitiva del cuerpo y en las decisiones que adopten los nuevos concejales frente a una crisis institucional que, según denuncian distintos sectores, ya lleva varios meses sin una solución definitiva.
