El Expreso de Jujuy
La búsqueda de justicia por la muerte de Ivo Rodrigo Torres dio un paso significativo esta semana luego de que el Tribunal Oral Federal declarara penalmente responsable al gendarme Walter Daniel Álvarez por el asesinato del joven indígena ocurrido el 6 de febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca.
La resolución judicial, adoptada por mayoría en un fallo dividido dos votos contra uno, determinó que Álvarez es culpable del delito de homicidio simple con dolo eventual. La decisión marca un avance en una causa que durante más de un año movilizó a familiares, comunidades indígenas, organizaciones sociales y vecinos que reclamaron el esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables.
Sin embargo, para la familia de Ivo el fallo representa apenas una etapa de un proceso que aún consideran inconcluso. La querella sostiene que la gravedad de lo ocurrido amerita una figura penal más severa y adelantó que continuará impulsando recursos en las instancias correspondientes.
El abogado querellante Carlos Espada, representante legal de la familia Torres, destacó la importancia de la resolución judicial al señalar que "se ha dado un paso importante, que se ha declarado a una persona como homicida por la muerte de Ivo Rodrigo Torres, que es el primer paso en lo que hace a este pedido de justicia".
Espada remarcó que el tribunal determinó la responsabilidad penal de Álvarez por "homicidio simple con dolo eventual", aunque insistió en que la discusión sobre la verdadera dimensión de la responsabilidad penal seguirá abierta.
La próxima instancia clave del proceso tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 8:30, cuando el mismo tribunal dé a conocer la pena que deberá cumplir el efectivo de Gendarmería Nacional. La figura de homicidio simple con dolo eventual contempla una escala penal que va de los 8 a los 25 años de prisión.
Mientras tanto, el dolor y la indignación continúan marcando el reclamo de la familia. Al finalizar la audiencia, Reina Torres, madre del joven asesinado, expresó su profunda decepción por una resolución que considera insuficiente frente a las pruebas presentadas durante el juicio.
"Yo pido como madre, y con todo lo que hizo y habiendo pruebas suficientes, pido cadena perpetua para el acusado. No bajaré los brazos hasta el último día. Ni yo ni mi familia. Sé que tengo gente que me apoya y comunidades que nos acompañan", afirmó.
Conmovida por el desarrollo de las audiencias y la reconstrucción de los hechos, la mujer describió el sufrimiento que implica revivir permanentemente las circunstancias de la muerte de su hijo. "Es mucho dolor. Volver a revivir esto me parte el alma. Lo que hicieron con mi hijo, hasta yo le siento el dolor", expresó.
El caso de Ivo Torres se convirtió en uno de los episodios más sensibles ocurridos en la Puna jujeña durante los últimos años, no solo por la participación de un integrante de una fuerza federal de seguridad, sino también por el reclamo sostenido de comunidades indígenas que exigieron transparencia en la investigación y sanciones acordes a la gravedad del hecho.
A la espera de la audiencia de cesura de pena, el próximo 17 de junio, la familia y quienes acompañan el reclamo sostienen que la condena deberá reflejar no solo la responsabilidad individual del acusado, sino también el impacto social que generó la muerte de Ivo Torres en La Quiaca y en toda la provincia de Jujuy.
La declaración de culpabilidad marca un precedente importante para la causa, pero para los familiares de la víctima la verdadera justicia aún depende de la condena que finalmente imponga el tribunal y de la posibilidad de que las instancias superiores revisen la calificación legal del caso.
