APOC: DENUNCIAN RECORTE SALARIAL Y APUNTAN CONTRA A LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
El Expreso de Jujuy
La Oficina Anticorrupción de Jujuy quedó envuelta en una nueva controversia luego de que APOC denunciara una reducción salarial que afecta a empleados y profesionales del organismo, una medida que consideran arbitraria, ilegal y sin justificación administrativa.
El planteo fue realizado por el secretario general del gremio, el contador Mario Reynoso, quien aseguró que la conducción del organismo dispuso meses atrás una modificación en el reconocimiento de la antigüedad laboral de un grupo de trabajadores, provocando una disminución directa en sus ingresos.
Según explicó, la decisión impactó sobre alrededor de diez empleados, algunos de los cuales habrían perdido más de la mitad de la antigüedad que se les reconocía y cobraban desde hace años. Para el dirigente gremial, la medida representa un fuerte golpe al poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico ya complejo.
"Decidieron bajar la antigüedad de los empleados y eso derivó en una reducción de sueldo. Hemos averiguado en distintas áreas administrativas y no encontramos fundamentos legales que respalden esa decisión", sostuvo Reynoso.
Desde el sindicato aseguran haber realizado consultas ante la Dirección de Personal y otras dependencias para obtener explicaciones, pero afirman que hasta el momento no recibieron respuestas satisfactorias. También señalaron que solicitaron formalmente una audiencia con la titular del organismo, la doctora Josefa Herrera, pero que el encuentro habría sido postergado para después de agosto o septiembre.
La falta de explicaciones oficiales alimentó las críticas gremiales. Para APOC, la negativa al diálogo refleja una ausencia de voluntad política para abordar una situación que afecta directamente a los trabajadores.
Situación previsional de la directora
El conflicto escaló cuando Reynoso vinculó la polémica salarial con la situación personal de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción. Según denunció, la funcionaria figuraría como jubilada en registros públicos y, pese a ello, continuaría ejerciendo el cargo.
El dirigente afirmó que el gremio verificó información en organismos nacionales y que la funcionaria aparecería registrada como beneficiaria previsional. A partir de esos datos, sostuvo que resulta necesario esclarecer si existe compatibilidad legal entre el cobro de una jubilación y el desempeño de la función que actualmente ocupa.
"Nos sorprendió encontrar que figura como jubilada y al mismo tiempo continúa al frente de la Oficina Anticorrupción. Es una situación que debería ser aclarada públicamente", expresó.
Desde APOC consideran que, de confirmarse esa condición, la permanencia de la funcionaria en el cargo abriría interrogantes sobre la legalidad de su continuidad y sobre los controles administrativos internos.
Bajo cuestionamiento
La denuncia adquiere una dimensión política e institucional particular porque involucra precisamente a un organismo cuya misión es prevenir, investigar y denunciar posibles irregularidades dentro de la administración pública.
Para el gremio, resulta contradictorio que una dependencia encargada de velar por la transparencia estatal se encuentre atravesada por cuestionamientos relacionados con decisiones que afectan derechos laborales y por sospechas sobre la situación administrativa de su máxima autoridad.
Reynoso adelantó que el reclamo será elevado al gobernador de la provincia y a otras autoridades competentes para que se investiguen los hechos denunciados y se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, los trabajadores afectados continúan esperando una explicación oficial sobre los motivos que originaron la reducción de sus haberes, en un conflicto que expone tensiones internas dentro de un organismo que, paradójicamente, tiene la responsabilidad de controlar la legalidad y la transparencia de la gestión pública.
Las acusaciones formuladas por APOC corresponden a declaraciones de su secretario general. Hasta el momento, no se conocen respuestas públicas de la titular de la Oficina Anticorrupción respecto de los cuestionamientos planteados.

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